Algo que no se desconoce y que tiene repercusión en el ámbito social nacional es que la minería se constituye en la fuente más segura para la generación de empleos perecederos y con niveles salariales que compensan el sacrificado trabajo que se desarrolla en muchos casos en la profundidad del suelo y en otros proyectos a “cielo abierto”.
La minería tiene además otros factores colaterales multiplicadores, favorece a empleos indirectos en el transporte, el comercio diversificado desde alimentos, pasando por insumos mineros, repuestos de maquinaria, ropa y medicamentos es decir un abanico de oportunidades que son parte de operaciones mineras que desarrollan sus tareas sin las presiones emergentes de avasallamientos o la duda sobre reclamos de tierra o territorio que activan los “originarios”.
Lo que se incluyó en la nueva Constitución a propósito de la propiedad de tierra y que tiene que ver con los terrenos o áreas en que se efectúan actividades mineras, se refiere a temas como el de coparticipación, consulta previa, anticipa la reinversión (obligada) de utilidades y finalmente dispone la caducidad de todas las concesiones mineras debiendo las mismas adaptarse al sistema de contratos de riesgo compartido o de otras modalidades en las que igualmente participará el Estado.
En realidad se tratan de medidas políticas, pero que de algún modo obligarán a un replanteo de las mismas para no incurrir en el grave error de permitir que los comunarios de cualquier población interfieran los planes de exploración y posterior explotación de los recursos naturales del país.
El propio mandatario – el pasado año - mostró su enfado con la actitud de ciertos comunarios que pretendieron rechazar actividades exploratorias en materia petrolera en una zona importante del país. Por analogía el proceso de búsqueda y explotación minera está bajo la mismísima circunstancia de evitar interferencias a la explotación de nuestros recursos naturales. El Presidente Evo Morales dijo que “el asunto debe ser objeto de modificaciones porque si no…de qué viviría el país”, afirmó.
La minería de manera general es un negocio, por tanto obliga a inversiones, sean estas privadas o estatales, nacionales y extranjeras o también combinadas, pero de todos modos con objeto y fin de la exploración y explotación de materias primas diversas ubicadas en importantes yacimientos del país que no deberían mantenerse por más tiempo en la condición de duda por los temores a una intervención ilegal.
Sucede que en la actualidad fuera de los grandes proyectos que se desarrollan en Potosí o el caso del Mutún en Santa Cruz, existe cierto temor para nuevas inversiones en tanto persistan las “reglas de juego” que deben ser modificadas y adecuadamente reglamentadas para asegurar inversiones de alto volumen y operaciones de envergadura que marquen un desarrollo real de las regiones donde se producen actividades mineras, aparte de incentivar las cuentas del TGN por vía directa.
Un experto en minería y ex titular de la cartera en cuestión, explicó que “la Ley 3787 en vigencia exige una cesión por parte del industrial minero mayor al 80% de la utilidad bruta, esto significa que la coparticipación y control social se convierten en regalías adicionales que suben los costos de operaciones en dos direcciones, por una parte la coparticipación que la CPE dispone para las comunidades y otro tanto con la Comibol en función a la modalidad de contratos, a lo que se suma la obligatoriedad de reinversión de utilidades en el país, con lo que se concluye que se hace todo lo posible para ahuyentar las inversiones y hasta inviabilizar las actuales operaciones mineras”.
Los aspectos que deben corregirse en función de hacer viable una política minera, deberían considerar además algunos cambios prácticos que hagan menos complicada la forma de acceder a nuevas áreas de explotación, que de acuerdo a disposiciones vigentes debe esperar una aprobación del Servicio Geológico cuyo diagnóstico permitiría alcanzar un contrato en minería.
Perspectiva Minera recogió la opinión de industriales y expertos en minería que coinciden en la necesidad de plantear al Ejecutivo cambios importantes en ciertas “normativas” que de momento son un freno a cualquier tipo de inversión. (A.N. Uru)
La minería tiene además otros factores colaterales multiplicadores, favorece a empleos indirectos en el transporte, el comercio diversificado desde alimentos, pasando por insumos mineros, repuestos de maquinaria, ropa y medicamentos es decir un abanico de oportunidades que son parte de operaciones mineras que desarrollan sus tareas sin las presiones emergentes de avasallamientos o la duda sobre reclamos de tierra o territorio que activan los “originarios”.
Lo que se incluyó en la nueva Constitución a propósito de la propiedad de tierra y que tiene que ver con los terrenos o áreas en que se efectúan actividades mineras, se refiere a temas como el de coparticipación, consulta previa, anticipa la reinversión (obligada) de utilidades y finalmente dispone la caducidad de todas las concesiones mineras debiendo las mismas adaptarse al sistema de contratos de riesgo compartido o de otras modalidades en las que igualmente participará el Estado.
En realidad se tratan de medidas políticas, pero que de algún modo obligarán a un replanteo de las mismas para no incurrir en el grave error de permitir que los comunarios de cualquier población interfieran los planes de exploración y posterior explotación de los recursos naturales del país.
El propio mandatario – el pasado año - mostró su enfado con la actitud de ciertos comunarios que pretendieron rechazar actividades exploratorias en materia petrolera en una zona importante del país. Por analogía el proceso de búsqueda y explotación minera está bajo la mismísima circunstancia de evitar interferencias a la explotación de nuestros recursos naturales. El Presidente Evo Morales dijo que “el asunto debe ser objeto de modificaciones porque si no…de qué viviría el país”, afirmó.
La minería de manera general es un negocio, por tanto obliga a inversiones, sean estas privadas o estatales, nacionales y extranjeras o también combinadas, pero de todos modos con objeto y fin de la exploración y explotación de materias primas diversas ubicadas en importantes yacimientos del país que no deberían mantenerse por más tiempo en la condición de duda por los temores a una intervención ilegal.
Sucede que en la actualidad fuera de los grandes proyectos que se desarrollan en Potosí o el caso del Mutún en Santa Cruz, existe cierto temor para nuevas inversiones en tanto persistan las “reglas de juego” que deben ser modificadas y adecuadamente reglamentadas para asegurar inversiones de alto volumen y operaciones de envergadura que marquen un desarrollo real de las regiones donde se producen actividades mineras, aparte de incentivar las cuentas del TGN por vía directa.
Un experto en minería y ex titular de la cartera en cuestión, explicó que “la Ley 3787 en vigencia exige una cesión por parte del industrial minero mayor al 80% de la utilidad bruta, esto significa que la coparticipación y control social se convierten en regalías adicionales que suben los costos de operaciones en dos direcciones, por una parte la coparticipación que la CPE dispone para las comunidades y otro tanto con la Comibol en función a la modalidad de contratos, a lo que se suma la obligatoriedad de reinversión de utilidades en el país, con lo que se concluye que se hace todo lo posible para ahuyentar las inversiones y hasta inviabilizar las actuales operaciones mineras”.
Los aspectos que deben corregirse en función de hacer viable una política minera, deberían considerar además algunos cambios prácticos que hagan menos complicada la forma de acceder a nuevas áreas de explotación, que de acuerdo a disposiciones vigentes debe esperar una aprobación del Servicio Geológico cuyo diagnóstico permitiría alcanzar un contrato en minería.
Perspectiva Minera recogió la opinión de industriales y expertos en minería que coinciden en la necesidad de plantear al Ejecutivo cambios importantes en ciertas “normativas” que de momento son un freno a cualquier tipo de inversión. (A.N. Uru)
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