El Ministerio Público amplió la imputación por la compra presuntamente irregular de 18 predios en el yacimiento de hierro del Mutún (Santa Cruz), al presidente de la Comibol, Hugo Miranda, a otros dos funcionarios subalternos de esa misma entidad y a un empleado de la ex Superintendencia Agraria.
“Se ha hecho una ampliación de imputación en el caso denominado Mutún contra el presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) —Hugo Miranda— y otros (dos) funcionarios subalternos, a quienes se los está imputando por incumplimiento de deberes y otros tipos penales que se ha encontrado en su conducta delictiva”, dijo a los medios el fiscal asignado a la investigación, Prudencio Flores.
Explicó que el cuarto imputado es un funcionario de la ex Superintendencia Agraria, aunque no quiso revelar la identidad de ninguno de los recién implicados.
El quinto imputado —actualmente con medidas sustitutivas— es el ex presidente de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM), Guillermo Dalence.
En contacto telefónico con
La Razón, Miranda señaló: “Estamos averiguando las causas (de la imputación)”. Aseguró que todavía no fue notificado con la decisión del Ministerio Público y sostuvo que “no tengo nada que ver” con la adquisición supuestamente irregular de las tierras.
El 18 de abril del año pasado, el Ejecutivo emitió el Decreto 085 que autoriza la compra de 2.537 hectáreas en el Mutún, por un monto de hasta Bs 15,27 millones ($us 2,16 millones). El 10 de septiembre, el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción acusó a Dalence del sobreprecio en base a un informe vertido por la ex Superintendencia Agraria que daba cuenta que el valor de los terrenos era solamente de $us 46.000.
El 7 de octubre del 2009, el viceministro de Lucha Contra la Corrupción, Hugo Montero, aseguró que el ex presidente de la ESM actuó sin la participación de la Comibol en el proceso de compra de los 18 predios.
“Estamos presentando la imputación a efectos de ya entrar a la etapa preparatoria (del juicio)”, manifestó Flores y agregó dicha fase contempla un plazo de seis meses para “recabar mayores elementos de prueba y emitir un requerimiento conclusivo (sobre el caso) al cabo de ese periodo”.
Consultado si se realizarán audiencias de medidas cautelares antes de proceder al juicio, el representante de la Fiscalía aclaró que debido a que los imputados son “personas con domicilios establecidos, con funciones realmente establecidas; de ahí que no hay necesidad de solicitar medidas cautelares en su contra”.
El director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas —también investigado—, informó que la Fiscalía emitió también una resolución que lo libera de todo cargo en el proceso.
“Se ha hecho una ampliación de imputación en el caso denominado Mutún contra el presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) —Hugo Miranda— y otros (dos) funcionarios subalternos, a quienes se los está imputando por incumplimiento de deberes y otros tipos penales que se ha encontrado en su conducta delictiva”, dijo a los medios el fiscal asignado a la investigación, Prudencio Flores.
Explicó que el cuarto imputado es un funcionario de la ex Superintendencia Agraria, aunque no quiso revelar la identidad de ninguno de los recién implicados.
El quinto imputado —actualmente con medidas sustitutivas— es el ex presidente de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM), Guillermo Dalence.
En contacto telefónico con
La Razón, Miranda señaló: “Estamos averiguando las causas (de la imputación)”. Aseguró que todavía no fue notificado con la decisión del Ministerio Público y sostuvo que “no tengo nada que ver” con la adquisición supuestamente irregular de las tierras.
El 18 de abril del año pasado, el Ejecutivo emitió el Decreto 085 que autoriza la compra de 2.537 hectáreas en el Mutún, por un monto de hasta Bs 15,27 millones ($us 2,16 millones). El 10 de septiembre, el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción acusó a Dalence del sobreprecio en base a un informe vertido por la ex Superintendencia Agraria que daba cuenta que el valor de los terrenos era solamente de $us 46.000.
El 7 de octubre del 2009, el viceministro de Lucha Contra la Corrupción, Hugo Montero, aseguró que el ex presidente de la ESM actuó sin la participación de la Comibol en el proceso de compra de los 18 predios.
“Estamos presentando la imputación a efectos de ya entrar a la etapa preparatoria (del juicio)”, manifestó Flores y agregó dicha fase contempla un plazo de seis meses para “recabar mayores elementos de prueba y emitir un requerimiento conclusivo (sobre el caso) al cabo de ese periodo”.
Consultado si se realizarán audiencias de medidas cautelares antes de proceder al juicio, el representante de la Fiscalía aclaró que debido a que los imputados son “personas con domicilios establecidos, con funciones realmente establecidas; de ahí que no hay necesidad de solicitar medidas cautelares en su contra”.
El director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas —también investigado—, informó que la Fiscalía emitió también una resolución que lo libera de todo cargo en el proceso.
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