Los campesinos alegan tener derechos sobre el yacimiento además que nunca se les consultó sobre los trabajos mineros violando el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
Los comunarios de Santa Isabel, municipio San Pablo de Lípez de la provincia Sud Lípez, se apropiaron de una mina de la zona alegando que estaba paralizada y que el concesionario no cumplía las normas legales.
El pasado fin de semana, los campesinos organizados en la Cooperativa Minera Nuevo Mundo Limitada llegaron a la zona donde se encuentra la mina Mercedes y procedieron a su toma física, según informó Ramón Huayta Condori, quien es el presidente del Consejo de Administración de la cooperativa minera.
Detalló que la toma fue pacífica ya que en la mina no había nadie lo cual muestra que no cumplía ninguna función económica social pues el concesionario de la misma, Walter Huarachi Vélez, mantiene su derecho a la espera de mejores condiciones para su explotación.
Indican que efectuaron trámites ante diferentes autoridades pero nadie les hacía caso y más bien se les quiere cortar los contratos de arrendamiento que tienen con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
La toma de la mina se produjo por decisión de las bases que alegan el incumplimiento de los artículos 14 y 15 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado mediante Ley 1257 del 11 de julio de 1.991.
Los campesinos comentan de la toma de la mina como si fuera algo muy normal argumentando que las concesiones “Mercedes”, “Santa Rita”, “Poderoso” y otras estaban en poder de Huarachi Vélez durante 50 años sin que deje ningún tipo de beneficio a la comunidad.
Se trata de un yacimiento de complejos de minerales con contenidos de plomo-plata y zinc con altos tenores de ley por lo cual es considerado muy interesante.
No se pudo conocer la posición del concesionario al no existir un mecanismo de contacto por lo cual la visión del problema es muy unilateral aunque toda toma de un yacimiento minero es condenable.
Ya van dos
En lo que va del año ya se registraron dos atentados a la propiedad privada en el área de la minería. El primer caso se produjo el 19 de enero cuando comunarios de Ockoruru (provincia Tomás Frías) cercaron la mina de la Empresa Arisur Inc.
La toma de la mina no se produjo pero se había dado el campanazo, los campesinos están dispuestos a lograr beneficios de la actividad minera sea como sea.
En el caso de Ockoruru lograron un convenio por el cual la empresa se compromete apoyar a la comunidad en diferentes proyectos para lo cual inscribirá recursos en su plan anual.
En ambos casos el argumento es que las empresas no benefician a la comunidad como si fueran entes de beneficencia cuando cada quien debe procurarse los medios de sustento y, si se trata de algún proyecto, debían tener el apoyo de sus municipios que reciben parte de las regalías mineras.
Seguridad
Los empresarios privados de Potosí exigen que las autoridades nacionales otorguen las condiciones para el desarrollo de las actividades productivas y se garantice la seguridad jurídica para los diferentes emprendimientos.
El ministro de minería, José Pimentel, anunció en pasadas horas que se respetarán las inversiones privadas pero ello no parece abarcar a las que se hallan en comunidades alejadas.
Citan el caso de Arisur (provincia Tomás Frías) así como el de la mina Mercedes que se halla en la comunidad de Santa Isabel en la provincia Sud Lípez que fueron afectadas por los intereses de los campesinos de ambas regiones.
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