Cuando se habla de la actividad minera – en general – como uno de los rubros más importantes para generar utilidades directas al TGN e incrementar los presupuestos departamentales, la minería ocupa la atención de inversionistas y al mismo tiempo de los entendidos en políticas financieras que saben muy bien del aporte que brinda la minería a la economía de cualquier país.
Si se hace un seguimiento de la información procedente sólo de los países vecinos, hay que convenir que existe en los mismos políticas agresivas que han abierto el mercado a grandes empresas inversionistas y por lo mismo han crecido las operaciones de una minería competitiva que proporciona grandes dividendos a gobiernos y por cuenta separada a regiones, donde los ingresos del rubro hacen sostenible el desarrollo de esos sectores.
Lo principal es que se han dictado medidas particulares que garantizan jurídicamente el aporte de capitales y la incorporación de tecnología moderna para grandes operaciones, paralelamente se han dispuesto incentivos para los subsectores mineros, porque también en Chile, Perú y hasta en la Argentina hay “mineros chicos” que se agrandan paulatinamente gracias a incentivos que disponen sus gobiernos para abarcar todos los rubros de la actividad minera, de manera que de uno u otro modo los recursos naturales proporcionan ventajas a industriales, a las regiones y sus habitantes de manera equitativa y sin lugar a intromisiones “sociales” que alterarían el curso de las operaciones.
En nuestro país se dice que “los contratos vigentes deben adecuarse a la nueva Constitución” aclarando que las disposiciones transitorias de la Carta Magna estipulan que en el plazo de un año, a partir de la elección de los órganos Ejecutivo y Legislativo “se dejarán sin efecto las concesiones mineras, de minerales evaporíticos, salares, azufreras y otros concedidas en las reservas fiscales”, se aclara asimismo que en el mismo plazo las concesiones otorgadas con anterioridad a la CPE deberán acomodarse a través de nuevos contratos”.
La nueva Constitución señala que “los recursos naturales son de propiedad de todos los bolivianos y los recursos del subsuelo deben ser administrados por el Estado, ya no existe – por tanto – la posibilidad de la propiedad privada del recurso natural”. Son estos elementos no aclarados debida y oportunamente que están alejando las inversiones en minería.
Un dato del Banco Central de Bolivia, a propósito de inversiones en minería, señala que hasta junio del año pasado la Inversión Extranjera Directa (IED) sobrepasó los 235 millones de dólares, mientras que el mismo periodo del año 2009, la inversión bajó a poco más de 53 millones de dólares.
Hay una serie de hechos connotativos en materia de inversión minera en nuestro país que está muy lejos de la que se produce en Chile o Perú, de ahí que estemos en una lógica correcta de recordar al Ejecutivo la necesidad de mejorar las “reglas de juego” para hacer de la minería boliviana el rubro más seguro en fuentes de empleo y en crecimiento regionalizado. (A.N. Uru)
Si se hace un seguimiento de la información procedente sólo de los países vecinos, hay que convenir que existe en los mismos políticas agresivas que han abierto el mercado a grandes empresas inversionistas y por lo mismo han crecido las operaciones de una minería competitiva que proporciona grandes dividendos a gobiernos y por cuenta separada a regiones, donde los ingresos del rubro hacen sostenible el desarrollo de esos sectores.
Lo principal es que se han dictado medidas particulares que garantizan jurídicamente el aporte de capitales y la incorporación de tecnología moderna para grandes operaciones, paralelamente se han dispuesto incentivos para los subsectores mineros, porque también en Chile, Perú y hasta en la Argentina hay “mineros chicos” que se agrandan paulatinamente gracias a incentivos que disponen sus gobiernos para abarcar todos los rubros de la actividad minera, de manera que de uno u otro modo los recursos naturales proporcionan ventajas a industriales, a las regiones y sus habitantes de manera equitativa y sin lugar a intromisiones “sociales” que alterarían el curso de las operaciones.
En nuestro país se dice que “los contratos vigentes deben adecuarse a la nueva Constitución” aclarando que las disposiciones transitorias de la Carta Magna estipulan que en el plazo de un año, a partir de la elección de los órganos Ejecutivo y Legislativo “se dejarán sin efecto las concesiones mineras, de minerales evaporíticos, salares, azufreras y otros concedidas en las reservas fiscales”, se aclara asimismo que en el mismo plazo las concesiones otorgadas con anterioridad a la CPE deberán acomodarse a través de nuevos contratos”.
La nueva Constitución señala que “los recursos naturales son de propiedad de todos los bolivianos y los recursos del subsuelo deben ser administrados por el Estado, ya no existe – por tanto – la posibilidad de la propiedad privada del recurso natural”. Son estos elementos no aclarados debida y oportunamente que están alejando las inversiones en minería.
Un dato del Banco Central de Bolivia, a propósito de inversiones en minería, señala que hasta junio del año pasado la Inversión Extranjera Directa (IED) sobrepasó los 235 millones de dólares, mientras que el mismo periodo del año 2009, la inversión bajó a poco más de 53 millones de dólares.
Hay una serie de hechos connotativos en materia de inversión minera en nuestro país que está muy lejos de la que se produce en Chile o Perú, de ahí que estemos en una lógica correcta de recordar al Ejecutivo la necesidad de mejorar las “reglas de juego” para hacer de la minería boliviana el rubro más seguro en fuentes de empleo y en crecimiento regionalizado. (A.N. Uru)
No hay comentarios:
Publicar un comentario