En un país como el nuestro en el que todavía es difícil contar con suficientes recursos económicos como para financiar de manera directa grandes proyectos por ejemplo de la minería resulta contraproducente que no se adopten medidas específicas para garantizar inversiones, particularmente extranjeras, esas que han hecho posible la vigencia de los más grandes proyectos mineros que están asentados en el Departamento de Potosí, favorecido en la perspectiva de gozar de las utilidades que producen las regalías y los impuestos.
Demás explicar que de las recaudaciones que efectúe una de las prefecturas mineras se producirá una distribución porcentual que igualmente favorecerá a los planes de los municipios e impulsará lo relacionado con programas de salud, educación y saneamiento básico.
Parecería que no se toma en cuenta el retorno importante por la explotación de los recursos mineralógicos y su poderosa influencia económica en el entorno de las operaciones donde la construcción de infraestructura social, deportiva, cultural, artesanal y de salud satisfacen a miles de comunarios, que inclusive han cambiado su rutinario modo de vida y han incorporado al mismo nuevas alternativas para mejorar sus condiciones de vida totalmente diferentes a las tradicionales y ancestrales costumbres “originarias”.
Pese a los cambios que se presentan hay comunarios que no asimilan la ventaja de ceder posiciones a la industria minera, exigiendo simplemente que la misma responda a los cuidados del medio ambiente y a la responsabilidad de mitigar cualquier daño ecológico que se presentase. El asunto no va por ese lado, lo que ahora imponen los comunarios es las concesiones mineras tengan su aval y que además se les otorgue sin derecho a réplica los empleos que crean necesarios para los hermanos originarios. Si no hay tal convenio hay el modo de presionar y lo que se ve es el avasallamiento de propiedades mineras
Pero todavía hay mucho más que preocupa y es que también los trabajadores mineros han optado por aplicar un tipo de presión sumamente peligroso por las repercusiones que puede tener si se genera resistencia por parte de afectados empresarios de la minería, que son obligados a firmar acuerdos, a retirar algún funcionario que no es del gusto del sindicato o simplemente por ese problema “del mirame, no me toques” que ahora produce serias alteraciones en la legalidad del desarrollo de las empresas mineras privadas.
Los hechos registrados desde hace tiempo atrás nos recuerdan casos como los de San Vicente, Mina Himalaya, San Cristóbal, Santa María y otras más que suman casi una veintena de concesiones avasalladas, la mayoría sin soluciones oportunas por parte de las autoridades llamadas a evitar mayores daños a las operaciones mineras, poniendo en riesgo las inversiones actuales y poniendo en duda nuevos emprendimientos mineros.
Es importante que el Gobierno a través del Ministerio de Minería otorgue las garantías necesarias a los inversionistas aclarando además las reglas de juego que corresponden a concesiones, inversiones y desarrollo de los proyectos que hacen de la minería una fuente de ingreso seguro para el país, con factor multiplicador por las fuentes de empleo seguro que sólo dispone la minería.
Demás explicar que de las recaudaciones que efectúe una de las prefecturas mineras se producirá una distribución porcentual que igualmente favorecerá a los planes de los municipios e impulsará lo relacionado con programas de salud, educación y saneamiento básico.
Parecería que no se toma en cuenta el retorno importante por la explotación de los recursos mineralógicos y su poderosa influencia económica en el entorno de las operaciones donde la construcción de infraestructura social, deportiva, cultural, artesanal y de salud satisfacen a miles de comunarios, que inclusive han cambiado su rutinario modo de vida y han incorporado al mismo nuevas alternativas para mejorar sus condiciones de vida totalmente diferentes a las tradicionales y ancestrales costumbres “originarias”.
Pese a los cambios que se presentan hay comunarios que no asimilan la ventaja de ceder posiciones a la industria minera, exigiendo simplemente que la misma responda a los cuidados del medio ambiente y a la responsabilidad de mitigar cualquier daño ecológico que se presentase. El asunto no va por ese lado, lo que ahora imponen los comunarios es las concesiones mineras tengan su aval y que además se les otorgue sin derecho a réplica los empleos que crean necesarios para los hermanos originarios. Si no hay tal convenio hay el modo de presionar y lo que se ve es el avasallamiento de propiedades mineras
Pero todavía hay mucho más que preocupa y es que también los trabajadores mineros han optado por aplicar un tipo de presión sumamente peligroso por las repercusiones que puede tener si se genera resistencia por parte de afectados empresarios de la minería, que son obligados a firmar acuerdos, a retirar algún funcionario que no es del gusto del sindicato o simplemente por ese problema “del mirame, no me toques” que ahora produce serias alteraciones en la legalidad del desarrollo de las empresas mineras privadas.
Los hechos registrados desde hace tiempo atrás nos recuerdan casos como los de San Vicente, Mina Himalaya, San Cristóbal, Santa María y otras más que suman casi una veintena de concesiones avasalladas, la mayoría sin soluciones oportunas por parte de las autoridades llamadas a evitar mayores daños a las operaciones mineras, poniendo en riesgo las inversiones actuales y poniendo en duda nuevos emprendimientos mineros.
Es importante que el Gobierno a través del Ministerio de Minería otorgue las garantías necesarias a los inversionistas aclarando además las reglas de juego que corresponden a concesiones, inversiones y desarrollo de los proyectos que hacen de la minería una fuente de ingreso seguro para el país, con factor multiplicador por las fuentes de empleo seguro que sólo dispone la minería.
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