Bolivia fue primer productor de plata, bismuto y antimonio, y segundo productor de estaño en el siglo pasado, ahora está en la periferia de la minería global, no tiene presencia significativa como productor minero (es cuarto productor de estaño y séptimo de zinc y plomo), mantiene una matriz productiva que no acaba de ingresar a la pirometalurgia de sus metales ni a su industrialización.
El valor de ventas al exterior en 2016 fue algo más de $us 3.000 millones (MM), San Cristóbal, San Bartolomé y San Vicente aportan más del 60 % de la producción nacional, el sector informal de la minería crece imparable y significa cerca del 30 % del valor de las exportaciones mineras.
Los proyectos estatales (Mutún, Corocoro y el Salar de Uyuni) no tienen avance significativo, estamos perdiendo la coyuntura para ingresar a la cadena de metales tecnológicos y sales industriales (litio y potasio). No hay nuevos proyectos mineros privados de importancia por la dura legislación del sector (CPE y Ley 535) y su sistema impositivo.
Esto ocasionó una baja de los niveles de inversión privada, sobre todo en nuevos emprendimientos, la poca que llega al país obedece al mantenimiento de operaciones en curso como San Cristóbal, San Bartolomé y San Vicente, que se implementaron entre 2007 y 2011, y a otras operaciones menores como las del Grupo Sinchi Wayra.
Según datos del Ministerio del ramo y de las empresas, los niveles máximos de inversión privada en la década fueron de $us 477,8 millones en 2008 y de $us 340 millones en 2006 en las fases finales y puesta en marcha de estos proyectos. La inversión estatal en 2015 llegó a $us 187,6 millones, la privada a $us 180 MM, el 2016 no tiene aún datos definitivos pero la tendencia a la baja es notoria.
Se puede considerar un promedio de $us 200 millones /año que refleja la inversión para mantenimiento de minas en operación y para el trabajo rutinario de control de reservas. No hay inversiones en nuevos proyectos privados. Según datos de la Cepal, la inversión extranjera directa (IED) en el país en 2015 fue de sólo $us 503 millones y según el Banco Central la inversión extranjera bruta $us 1.060 millones, 50% menos que la recibida en 2014.
En 2016 los niveles de inversión bajaron aún más, no hay cifras definitivas, pero en cualquier caso la minería va alrededor del 17% de esos montos, no hay posibilidad que la inversión minera mejore sustancialmente en el mediano plazo. Con este panorama el futuro a mediano plazo dependerá de un cambio de timón que tienda a la adecuación de la Ley de Minería y Metalurgia (Ley 535 de 28 de Mayo de 2014) a las necesidades del sector, de manera particular en lo que hace a derechos mineros, uso del suelo y del agua, fuentes de financiamiento y acceso a la banca y bolsas de valores para fines de aval de financiamiento en base a derechos y reservas de mineral.
La "camisa de fuerza" que significan las actuales restricciones al respecto, impide la llegada de nuevas inversiones. La definición de la participación del capital privado en el sector es primordial; en el vecindario Perú tiene un portafolio de proyectos de $us 50.000 millones. ¿Podría el Estado boliviano generar un flujo de inversión estatal de esta escala y manejar un portafolio similar con el tamaño actual de nuestra economía? (PIB alrededor de $us 35.000 millones). La respuesta es obvia, la industria minera es de uso intensivo de capital y la complementación de esfuerzos del sector estatal y del privado es el único camino que hará posible el crecimiento del sector minero industrial del país.
N de R. El presente artículo ha sido publicado en la revista Energy Press y autorizado por su autor para reproducirlo en Perspectiva Minera, dadas las condiciones de una alta apreciación profesional en materia de minería.
No hay comentarios:
Publicar un comentario