Una ley promulgada en octubre del 2016, dispone que el sector de las cooperativas mineras tengan que adecuarse a las normas de minería que están contempladas en la Ley 535 de Minería y Metalurgia, esto con el objeto de que estas agrupaciones societarias legalicen su funcionalidad y además cumplan con otros requisitos que son exigibles y de aplicación a todo el sistema minero.
El titular de Minería, César Navarro, informó sobre los resultados de una reunión que se efectuó casi a fines de julio, con presencia del Primer Mandatario, de personeros de la Comibol y dirigentes de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia, en la que se analizó fundamentalmente aspectos relacionados con el procedimiento de adecuación de los contratos del sector al sistema de contratos productivos mineros, pasando por algunas obligaciones como la conciliación de cuentas, las deudas que tienen algunas cooperativas con la Comibol y otros detalles que salvados, permitirán habilitar nuevos contratos que facilitarán los trabajos de explotación de minerales en las concesiones autorizadas.
Los dirigentes de las cooperativas exigieron agilizar los trámites, habiéndose dispuesto desde el Ejecutivo que la Comibol, desplace equipos técnicos a las regiones en las que funcionan las cooperativas, con la misión de abreviar los trámites y solucionar problemas que puedan evitar la firma de nuevos contratos.
Tomando en cuenta que todos los yacimientos mineros son propiedad de la Comibol, la Ley 535, establece la migración de contratos de arrendamiento a otros de operación regular, cumpliendo requisitos exigidos, sobre los cuales también se propuso la elaboración de un reglamento, toda vez que para algunas cooperativas este proceso de adecuación resulta oneroso.
En la reunión cumplida en Palacio, el viceministro de cooperativas mineras, José Luis Chorolque, informó que hasta casi fines de julio sólo 16 de más de 1.800 cooperativas contaban con personería jurídica emitida por la Autoridad de Fiscalización y Control de las Cooperativas (Afcoop) en el marco de la ley 356 y su reglamento, instrumento aprobado también el 2016.
Otros datos expuestos por el viceministro señalan que el total de cooperativas mineras en el país llega a 1,806 y estas tienen como afiliados a 122.668 socios, constituyendo el sector más importante de generación de empleo directo, aunque funcionando en condiciones precarias, de orden técnico y con las nuevas disposiciones también fuera del ordenamiento legal.
Se reiteró que corre un plazo de seis meses para que se cumplan las gestiones de adecuación y que vencerá el 31 de enero del próximo año, tiempo en el que todas las cooperativas deben formalizar su situación legal, aprobar sus estados financieros y regularicen la condición societaria y distribución de ingresos entre sus asociados.
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