A $us 7.550 millones asciende el monto de los proyectos de inversión que cuentan con aprobación ambiental, pero cuya ejecución está retenida por demandas interpuestas en los tribunales por las comunidades cercanas. Se trata de iniciativas en el sector energético, minero, industrial, portuario, inmobiliario y de infraestructura que, de llevarse adelante, generarían 30.631 empleos en etapa de construcción y 7.418 en operación, de acuerdo con un estudio del bufete Vergara, Galindo y Correa, que presentaron en Icare el abogado Javier Vergara y el economista Jorge Hermann.
La inversión que contemplan estos proyectos equivale a un 3% del PIB y, según cálculos de Hermann, su materialización daría un impulso adicional de 0,3% anual al crecimiento del PIB en dos años, suponiendo que la mitad se realiza el primer año y el resto al año siguiente.
En total, son 21 las demandas por reclamación en contra de las resoluciones de aprobación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que al 15 de mayo se encontraban radicadas en los tribunales ambientales y Corte Suprema. Entre ellos, el de continuidad operacional de Candelaria en la Región de Atacama ($us 460 millones); el aumento de capacidad del terminal GNL de Quintero ($us 300 millones); puerto Cruz Grande, en Coquimbo ($us 250 millones); continuidad operacional de Cerro Colorado, en Tarapacá ($us 467,2 millones); el mejoramiento integral de la infraestructura ferroviaria Santiago-Rancagua ($us 277 millones); la nueva línea de tendido eléctrico Charrúa-Ancoa entre Maule y Biobío ($us 140 millones); y el plan de expansión Cardones-Polpaico en las regiones Tercera, Cuarta, Quinta y Metropolitana ($us 1.000 millones).
Solamente en los tribunales ambientales los recursos tienen un plazo promedio de 11 meses y medio en Santiago, y en Valdivia del orden de 6 meses y medio. En la Corte Suprema, el plazo aproximado es de seis meses más. A ello hay que sumar el largo período de aprobación administrativa del proyecto, al punto que la oportunidad de invertir ya podría haber pasado. "Hay que tener mucha preocupación por hacer más eficientes estos tiempos", advierte Vergara. Que la gente ejerza sus derechos es algo que no se puede negar. Lo importante, puntualiza, es tratar de que las reclamaciones demoren lo menos posible. "Un año en un tribunal ambiental es un período demasiado largo", afirma.
Lo primero, señala, es avanzar en una planificación estratégica en todo el país que determine dónde se van a localizar las plantas eléctricas, las redes de electricidad, los proyectos inmobiliarios y las zonas industriales mineras en las regiones, todo con una visión global.
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