El 19 de julio de 2016, una subsidiaria de la compañía suiza Glencore International Plc (Glencore) presentó una notificación de arbitraje en contra del Estado boliviano, por la supuesta existencia de una controversia relativa a la reversión de las plantas de fundición de estaño y antimonio del complejo metalúrgico Vinto y la planta Vinto Antimonio, además de la recuperación del control del centro minero de Colquiri por parte del Estado.
ANTECEDENTES
La reversión de las plantas de fundición de estaño y antimonio fueron efectuadas por parte del Gobierno Nacional con el Complejo Metalúrgico Vinto en febrero de 2007, mientras que en mayo de 2010 fue revertida la planta de Antimonio Vinto.
Asimismo, en junio de 2012 se dispuso que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) asuma el control del centro minero Colquiri.
COMSUR
Estos tres activos, dos empresas estratégicas dedicadas a la fundición de estaño/antimonio y una mina estañífera fueron enajenados durante el período de gobiernos neoliberales. Tal enajenación –sostiene la Procuraduría– se realizó durante el gobierno del exdictador Hugo Banzer Suárez, a favor de empresas de propiedad o en sociedad con la Compañía Minera del Sur S.A. (Comsur), cuyo mayor accionista fue el expresidente, Gonzalo Sánchez de Lozada.
Las licitaciones de las plantas de fundición de estaño/antimonio y el arrendamiento de la mina de Colquiri fueron realizadas en circunstancias sumamente dudosas, señala.
CAPITALIZACIÓN
La Procuraduría denunció que la planta de fundición fue vendida en, al menos, 90% por debajo de su costo real. A su vez, en la planta de Vinto Antimonio no solo no se efectuaron las inversiones comprometidas, sino que esta fue mantenida en completa inactividad y en franco proceso de desmantelamiento.
Sumado a esto, en el caso de Colquiri, se produjo un conflicto social por responsabilidad de la empresa que terminó cobrando una vida humana.
PAQUETE ACCIONARIO
Llama la atención, agrega, que la adquisición del paquete accionario de Comsur (hoy Sinchi Wayra SA) por parte de Glencore, según esta compañía de nacionalidad suiza, “se haya realizado justo cuando el actual Gobierno, a la cabeza del presidente Evo Morales, iniciaba el proceso de recuperación de los recursos naturales, las empresas estratégicas y el patrimonio del Estado, y anunciaba la reversión de la planta de fundición de estaño en Vinto. Adicionalmente, Glencore habría esperado por casi 10 años, el inicio del arbitraje a través de una de sus subsidiarias”.
Es notable, además, dice la Procuraduría, que, no obstante las supuestas controversias, “Glencore ha continuado trabajando en Bolivia, bajo un marco de absoluta certeza y seguridad jurídica”.
BOLÍVAR Y PORCO
El 2 de julio de 2013, el presidente entonces en ejercicio, Álvaro García Linera, promulgó la Ley N° 386, mediante la que se aprobó el Contrato de Asociación suscrito entre Comibol y Sinchi Wayra S.A., para el desarrollo e implementación de operaciones mineras en las minas de Bolívar y Porco, ubicadas en los departamentos de Oruro y Potosí.
En el presente caso, apunta, la Procuraduría General, que “asumirá la defensa y representación jurídica del Estado boliviano, desnudando una serie de posibles irregularidades en la subasta, venta y posterior transferencia de los activos del Estado. De conformidad con las reglas de procedimiento, el Estado boliviano deberá presentar su respuesta a la Notificación de Arbitraje hasta el 18 de agosto del año en curso”.
SUBSIDIARIA
Por lo general, señala, los tribunales arbitrales son reacios a conocer las demandas de empresas subsidiarias, cuyas inversiones son de propiedad de una compañía matriz que tiene una nacionalidad distinta a la del Tratado Bilateral de protección de Inversiones que invocan.
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