Mientras se mantenga "congelado" el proyecto de la nueva Ley Minera, el importante sector productivo nacional permanecerá bajo un signo de total incertidumbre entre los actores de ésta actividad, que no saben a qué atenerse en función a nuevas inversiones o en fortalecer otras que se desarrollan aún, pero con mucha cautela ante las condiciones irregulares y de inseguridad que prevalecen en la actividad minera en general.
El Gobierno ha buscado recientemente la manera de recomponer el problema que ha surgido con el rechazo de los cooperativistas a un texto totalmente modificado del proyecto de Ley Minera que fue anteriormente consensuado entre los representantes de los tres sectores y que se alteró en el ministerio de minería. De momento hay un compromiso de retomar el tratamiento del proyecto de ley, analizando sobre todo el aspecto de orden impositivo que resulta el más delicado por las condiciones de aplicar un sistema tributario que no sea agresivo a la economía de los productores, pero al mismo tiempo satisfaga la expectativa recaudadora del Estado.
Leyes imprescindibles
Lo que se espera y no se sabe si será en cuestión de breve tiempo más, es que la Ley Minera sea aprobada en la instancia parlamentaria y promulgada para que su aplicación signifique un incentivo al interés de inversionistas, pero además promueva una conciencia nacional de apuntalar este sector altamente estratégico en la economía del país.
Paralelamente a la aprobación de la Ley Minera, se trabaja también en la adecuación de una nueva Ley de Hidrocarburos, pues la ausencia de una base legal en el sistema petrolero boliviano restringe el crecimiento del sector, tan importante para el sostenimiento económico del país.
La reducción de las reservas de gas y el aumento de la producción, además del desconocimiento preciso del rol del Estado en el rubro petrolero hace que la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos sea imprescindible y urgente.
La analogía de los sistemas de explotación de nuestros recursos naturales no renovables como hidrocarburos y minerales, nos muestra que en ambos casos se hace necesaria la aprobación de normas que permitan el crecimiento de ambos sectores, con fines de consolidar favorablemente la economía nacional.
En el caso minero hay desconocimiento de la potencial cuantía de reservas que guardan ricos minerales, están vigentes disposiciones limitativas y hasta restrictivas para el desarrollo de planes exploratorios, similar problema retarda también algunos proyectos de hidrocarburos, el caso de tener licencia ambiental y el permiso de pueblos indígenas, por lo mismo es urgente que se tomen decisiones para poner en vigencia esas dos leyes estratégicas, que ya no posterguen la búsqueda y explotación de nuestros recursos naturales.
Se reconoce que el sector de hidrocarburos es uno de los principales pilares económicos del país, su incidencia en el PIB del año 2013 fue del 16,73% y el movimiento de inversiones nacionales y extranjeras mueve millones de dólares por el factor de las exportaciones.
La minería está temporalmente reducida en materia de exportaciones, pues las mismas disminuyeron por efecto de los precios bajos en las pizarras de los mercados externos, pero deben recuperarse en función a planes agresivos de orden productivo, una vez que sean cuantificados nuevos yacimientos, los mismos que al entrar en producción, permitirán a la minería recuperar su ubicación en el segundo lugar de la generación de recursos económicos para impulsar el desarrollo del Estado Plurinacional.
Es evidente que en la actualidad la actividad minera está atravesando por un periodo de estancamiento, no hay nuevos emprendimientos, son reducidos los planes de exploración, son más las dudas que las buenas intenciones de encarar proyectos mineros, la inseguridad, la falta de incentivos, la carencia de una norma que garantice inversiones y haga factible nuevas operaciones, deja al sector en una desfavorable situación que sólo puede revertirse al disponer la normativa apropiada para su funcionamiento y crecimiento paulatino.
Muchos millones de dólares se disponen para el sector hidrocarburífero lo que permite, aun sin su ley sectorial, desarrollar planes exploratorios y ampliar los de explotación especialmente de gas, cubriendo los compromisos de exportación y los requerimientos internos.
Hace falta que similar voluntad política y operativa financiera se aplique a la actividad minera, de modo que su reactivación sea un hecho concreto en la visión de valorar la importancia de nuestros recursos naturales y su racional explotación para beneficio de los bolivianos, únicos dueños de esa riqueza.
Ojalá que la vigencia del "año electoral" no postergue la responsabilidad gubernamental de implementar leyes que tienen que ver directamente con el interés económico del Estado y sus habitantes.
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