Seguridad jurídica respaldará aprobación y vigencia de los nuevos contratos mineros

• La Asamblea Legislativa aprobará más de 100 contratos

• Se asegura que los mismos tendrán duración de 30 años

La Ley de Minería y Metalurgia 535, promulgada en la ciudad de Oruro el 29 de mayo del 2014, disponía la migración de contratos, en un proceso que debía efectuarse en tiempo breve y calendario definido, transcurrieron más de tres años para que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) comience el pasado 29 de noviembre el tratamiento de dar curso a la aprobación de 117 contratos mineros que previamente fueron analizados y luego suscritos entre los protagonistas mineros y la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (Ajam).

En realidad se trataba de un proceso para que la entidad legislativa avale como manda la Ley 535, que además se basa en la Constitución Política del Estado (CPE) la vigencia de los contratos mineros que regularicen su vigencia y que en adelante tendrán una duración de treinta (30) años.

El proceso de regularización es parte de la "seguridad jurídica" que reclaman sectores mineros para captar inversiones y garantizar las mismas en función de proyectos en desarrollo y de nuevos emprendimientos que significarán la instalación de plantas, ingenios, generación de empleos para el sector minero, bajo las reglas que establece la Ley 535, aunque la misma hasta la fecha no tiene su reglamentación aprobada y tampoco la escala tributaria que deberá regir para todas las operaciones mineras, sean privadas, del Estado o cooperativistas.

Según los datos preliminares, se trata de un primer lote de contratos que cumplieron con todos los requisitos de ley para su aprobación y que disponen de derechos mineros en ocho departamentos, excepto Pando. La Ajam, señala que se trata de 39 contratos administrativos que corresponden a La Paz, el mayor número de convenios, la mayoría auríferos. Luego se mencionan 17 contratos para Oruro, 10 en Tarija, 17 en Santa Cruz, 16 en Potosí y 18 en Cochabamba.

Los contratos que serán aprobados en la ALP favorecerán al sector minero privado (minería mediana y chica), por otra parte a la minería estatal y también a las cooperativas mineras. Se produce un cambio en el sistema que igualmente se cumplía en el rubro petrolero, que en adelante deberá adecuarse la minería y que ya no se firmarán "sólo entre partes", pues deberán ser aprobados por el Legislativo, como establece la CPE.

Se cuestionó el prolongado tiempo que tardaron los más de cien contratos para llegar a la aprobación legislativa, explicándose que el hecho se debió al proceso de consulta previa que debía efectuarse en poblaciones campesinas, indígenas y originarias. La tardanza significó más de tres años para regularizar las cuadrículas y los límites de las superficies dispuestas para actividades productivas mineras. En adelante y por las tres décadas siguientes los beneficiarios de contratos mineros, incluyendo los privados, además de los cooperativistas, deberán trabajar en el marco de las regulaciones establecidas.

La aprobación de contratos "visados" por el Legislativo, se convierten en instrumentos de plena seguridad jurídica, elemento imprescindible para que puedan concretarse algunas intenciones de formalizar inversiones mineras a través de empresas particulares, de otros gobiernos y también mediante asociaciones mixtas que permitan atraer capitales, como parte importante en las futuras operaciones mineras y metalúrgicas que sean aprobadas.

Lo que está muy claro y es el resultado de alguna promoción realizada en el exterior, es la respuesta de algunos gobiernos, asiáticos, europeos y americanos para invertir en la minería nacional, que está tratando a través de algunas normas ser más competitiva para captar inversiones y no ahuyentarlas.

Durante la gestión el Gobierno a través del Ministerio de Minería, mencionó algunos acercamientos con posibles inversionistas y al mismo tiempo aseguró que dispondría de algunos recursos para el sector estatal, mencionándose una posibilidad de cubrir requerimientos entre 50 a 1.000 millones de dólares. Entre los proyectos de envergadura, se cuentan las plantas fundidoras de zinc para Oruro y Potosí.