En la medida que más se tarde en la disposición de elementos apropiados para impulsar la minería, el perjuicio crece y las pérdidas se irán acumulando numéricamente, que según parece es la parte que no le interesa al Gobierno, sin embargo, en el contexto de la apreciación efectiva, los entendidos saben que se trata de miles de dólares que no ingresan al Erario y que tampoco benefician a municipios y distritos donde pueden desarrollarse prospectos mineros.
Hay una actitud pasiva en los niveles superiores, dejando pasar el tiempo sin tomar en cuenta la inoperancia por ejemplo de la Comibol, que en dos años no puede establecer su condición operativa, dejando la administrativa que solo sirve para mantener una planta burocrática que no le hace ningún bien a la razón de su existencia que debería ser totalmente dinámica, desarrollando proyectos de prospección y exploración, otros más avanzados de preparación de yacimientos para explotación, renovando paulatinamente los centros tradicionales que poco a poco están reduciendo sus milenarias reservas mineralizadas.
Se han formulado algunos planes de exploración e incluso se hicieron referencias a las posibles reservas de algunos yacimientos en perspectiva, algunos en Oruro, otros en Potosí, incluyendo alguno en Santa Cruz. Las prospecciones iniciales permitían avizorar vetas de plata, zinc, plomo, antimonio, indio y galio, entre otros, lo que ya significaba un avance en las buenas intenciones de establecer nuevos yacimientos. En el caso de Santa Cruz, se mencionó un yacimiento aurífero de proporción, además de las posibilidades de explotar níquel, tantalio y cobalto, en todo caso, las posibilidades se presentaban halagüeñas, sin embargo, a la hora del recuento, no hay un solo proyecto que se haya concretado y del que se pueda confirmar operaciones.
Lo que sí se sabe es que las "Gobernaciones" dieron cuenta de la falta de medios suficientes como para encarar los proyectos que pasen a la exploración intensiva que faciliten la identificación objetiva de las anunciadas vetas minerales que puedan ser financiadas para entrar en la fase de explotación. Por lo que se sabe, según algunos asambleístas, el "ridículo" porcentaje separado de las regalías mineras para fines de exploración, no permite desarrollar ningún proyecto, por tanto, es muy difícil pretender la puesta en marcha de nuevos proyectos, en tanto no se defina una política minera, que determine facilidades y seguridad de inversiones para encarar nuevos proyectos mineros.
Se habló de contactos con representantes de algunos gobiernos "amigos" interesados en inversiones para el sector minero, sin embargo, tal interés estuvo dirigido al proyecto del litio, donde las perspectivas son otras, aunque día que pasa crece la competencia y en el caso nuestro aumenta la desesperanza.
Las empresas de la minería estatal han mostrado cierta recuperación en cuanto a niveles de producción y naturalmente han mejorado los porcentajes de utilidad por las exportaciones, lo que debería manejarse con sentido práctico para utilizar parte de esos beneficios en un apoyo directo a los planes de exploración minera, en tanto se defina la política minera nacional, que sin duda tomará prioridad en la búsqueda de nuevos yacimientos. Algo hay que hacer para no seguir perdiendo ingresos de una nueva minería.
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