Si hay algo que la minería necesita para su desarrollo sin problemas y de manera sostenible es un “clima de tranquilidad” que otorgue seguridad a las operaciones en ejecución pero al mismo tiempo garantía para emprendimientos futuros que se consolidarán con inversiones y tecnología de punta.
Si bien es cierto que las cotizaciones internacionales de minerales significan la base y seguridad de cualquier proyecto minero, no es menos cierto que el clima social vigente en un país es otro componente que influye de manera directa en el desarrollo de la operación minera en sí.
Hay otro factor que también conspira contra las buenas intenciones de muchos industriales mineros y no menos inversionistas interesados en los yacimientos de minerales y metales estratégicos, prospectados y verificados en el territorio nacional, en las zonas del occidente tradicionalmente minera, o el oriente que ahora se perfila con fuerza en la competencia de la actividad minera nacional.
Si bien se ha registrado un paulatino ascenso en los precios de casi todos los minerales y con marcadas tendencias de espectacularidad en el caso del oro, o la perspectiva del hierro, el litio y el uranio existe todavía cierta tensión social que no reducen las autoridades nacionales, especialmente con la situación de las minas avasalladas y que permanecen en esa irregular situación, con daño directo a la propiedad privada y a las fuentes de empleo, pero sobre todo con una incertidumbre que pone en reserva posibles inversiones.
El caso minero se observa ahora con un lente particular dadas las condiciones
emergentes del resultado electoral que asegura la aplicación de leyes para una instrumentación práctica de la nueva Constitución en la que deberán efectuarse ciertas adecuaciones en los artículos que se otorgan más derechos a los pueblos originarios que rodean las áreas mineras y que por tal razón se sienten muy seguros en sus actitudes de avasallamiento, lo que frenaría la actividad minera que comprobadamente genera miles de empleos y de divisas para el país y regalías para las propias regiones en las que se desarrollan las tareas de producción, lo que de manera directa sirve a las comunidades y habitantes.
Este es un periodo de verdad crítico para la minería, hablando de todo el sistema productivo con todos los subsectores que son parte de la dinámica acción minera, es decir la minería mediana, la chica, la cooperativizada y en la escala que le corresponde la propia minería estatal, consiguientemente se espera medidas apropiadas para garantizar la vida útil de la minería, empezando por crear políticas de orden financiero que faciliten exploraciones, la explotación de los recursos naturales y la exportación de los mismos, ojalá fuera con valor agregado.
En los niveles superiores entienden perfectamente el valor intrínseco de la minería y su capacidad redituable de ahí que lo menos que se espera en el nuevo esquema son garantías para la explotación minera en amistosa convivencia con los intereses de los pueblos originarios, que a decir verdad no pueden con su actividad tradicional competir con el valor socio económico que genera la minería de cualquier nivel.
Si bien es cierto que las cotizaciones internacionales de minerales significan la base y seguridad de cualquier proyecto minero, no es menos cierto que el clima social vigente en un país es otro componente que influye de manera directa en el desarrollo de la operación minera en sí.
Hay otro factor que también conspira contra las buenas intenciones de muchos industriales mineros y no menos inversionistas interesados en los yacimientos de minerales y metales estratégicos, prospectados y verificados en el territorio nacional, en las zonas del occidente tradicionalmente minera, o el oriente que ahora se perfila con fuerza en la competencia de la actividad minera nacional.
Si bien se ha registrado un paulatino ascenso en los precios de casi todos los minerales y con marcadas tendencias de espectacularidad en el caso del oro, o la perspectiva del hierro, el litio y el uranio existe todavía cierta tensión social que no reducen las autoridades nacionales, especialmente con la situación de las minas avasalladas y que permanecen en esa irregular situación, con daño directo a la propiedad privada y a las fuentes de empleo, pero sobre todo con una incertidumbre que pone en reserva posibles inversiones.
El caso minero se observa ahora con un lente particular dadas las condiciones
emergentes del resultado electoral que asegura la aplicación de leyes para una instrumentación práctica de la nueva Constitución en la que deberán efectuarse ciertas adecuaciones en los artículos que se otorgan más derechos a los pueblos originarios que rodean las áreas mineras y que por tal razón se sienten muy seguros en sus actitudes de avasallamiento, lo que frenaría la actividad minera que comprobadamente genera miles de empleos y de divisas para el país y regalías para las propias regiones en las que se desarrollan las tareas de producción, lo que de manera directa sirve a las comunidades y habitantes.
Este es un periodo de verdad crítico para la minería, hablando de todo el sistema productivo con todos los subsectores que son parte de la dinámica acción minera, es decir la minería mediana, la chica, la cooperativizada y en la escala que le corresponde la propia minería estatal, consiguientemente se espera medidas apropiadas para garantizar la vida útil de la minería, empezando por crear políticas de orden financiero que faciliten exploraciones, la explotación de los recursos naturales y la exportación de los mismos, ojalá fuera con valor agregado.
En los niveles superiores entienden perfectamente el valor intrínseco de la minería y su capacidad redituable de ahí que lo menos que se espera en el nuevo esquema son garantías para la explotación minera en amistosa convivencia con los intereses de los pueblos originarios, que a decir verdad no pueden con su actividad tradicional competir con el valor socio económico que genera la minería de cualquier nivel.
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