Pobladores de las diferentes comunidades de Chuquiña y Mataj Pampa de la ciudad de Oruro, en visita a EL DIARIO, afirmaron que la empresa minera Inti Raymi no pagó sobreprecios, en la expropiación de sus terrenos, toda vez que estas acciones se realizaron en consenso entre las partes interesadas.
Los representantes del Comité de Defensa de los Afectados por las operaciones en Inti Raymi, expresaron que en ningún momento se puede afirmar que hubo sobreprecio en sus tierras. “Al contrario fue la empresa, a raíz de sus necesidades, la que obligó a nuestros padres a ceder sus predios a precios de ‘gallina muerta’, como muestra la planilla de pagos con un gran desequilibrio”, dijeron.
El representante del sector, Marcial Ojeda, señaló que las tierras debieran ser utilizadas por la empresa sólo por cinco años; “sin embargo, sobrepasarán los 15 y 20 años, por lo que consideramos que es una expropiación injusta, en cuanto a los beneficios para los comunarios”, dijo.
El comité de afectados, por pasivos ambientales, de la empresa Minera Inti Raymi realiza sus peticiones, conforme a la Carta Magna, ante el Ministerio de Minería y Metalurgia, para conocer el informe de expropiación o compra y venta de los terrenos en las zonas mineras.
Asimismo, los pobladores exigen un informe sobre la situación de los terrenos expropiados a los comunarios de Chuquiña, Matajpampa y Tuluhuta, debido a que está en duda la aplicación del artículo 61 del Código de Minería y el convenio 169 de la OIT, que define el tiempo en que los terrenos deben volver a sus verdaderos dueños.
“Exigimos que se nos informe cuál el convenio del Estado con ejecutivos de la empresa Minera Inti Raymi S.A. y hasta cuándo seguirán trabajando en el sector del cantón Chuquiña, provincia Saucarí del departamento de Oruro; denunciaron que entre 1997 y 2009, esta entidad debió cerrar operaciones, cosa que no se dio, pese a tener un plan de cierre aprobado”, reclamaron.
Asimismo, los antiguos propietarios esperan el asesoramiento para recuperar sus tierras y su derecho propietario, una vez terminada la causa por la cual fue expropiado, como señala el convenio.
La principal preocupación de los pobladores, es que a la fecha la empresa no tiene nada definido, ya que existen plazos que se manejan arbitrariamente, en cuanto al cierre de las operaciones, existiendo demasiados vacíos legales para solucionar el tema de tierra.
La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro, entregó una nota al Ministro de Minería, Luis Alberto Echazú, para solicitar una certificación e informe, sobre este tema que está generando varias dudas en los afectados.
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