El Ministerio del área afirma que está trabajando en la solución del problema.
• Los mineros medianos piden que Evo Morales explique a los campesinos el alcance de sus derechos y obligaciones, y designe a un titular para la Superintendencia del sector.
Existe alarma y preocupación en los mineros medianos ante las constantes tomas violentas y avasallamientos a los proyectos mineros privados de parte de campesinos y pueblos indígenas con quienes según éstos, se cumplió todos los compromisos.
Los resultados de estas acciones son principalmente la pérdida de las inversiones mineras y la falta de seguridad jurídica en la tarea de explotar los recursos del subsuelo, según el secretario general de la Asociación de Mineros Medianos, Marco Antonio Calderón de la Barca.
“Entendemos que todos tenemos derecho al trabajo y a explotar los recursos naturales, pero no se puede tomar algo que ya está desarrollado donde se realizaron importantes inversiones”, señaló.
Para los operadores, estas tomas y avasallamientos de los campesinos a sus proyectos son completamente ilegales, ya que las concesiones mineras fueron cedidas bajo el Código de Minería que protege su trabajo.
Sobre este conflicto, el ministro de Minería y Metalurgia, Luis Alberto Echazú, en declaraciones a EL DIARIO dijo que el Gobierno “va a tratar de conciliar las partes hasta que los hechos se superen”.
La autoridad señaló también que su despacho está al corriente de todo lo que pasa en torno a este problema, debido a que los afectados directamente acuden a esa instancia gubernamental por lo que se analiza una solución definitiva al problema.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo aún no encuentra una fórmula exacta para frenar los avasallamientos de parte de los campesinos e indígenas a empresas mineras privadas bajo el argumento de que son únicos propietarios de la tierra, y por lo tanto, sólo ellos tienen derecho a sus riquezas.
“Los derechos de los pueblos indígenas son absolutamente legítimos y es una resolución de la ONU, pero eso no significa que ellos puedan entrar a otras propiedades. Eso no les da derecho de expropiación. No se está entendiendo bien”, afirmó el titular de Minería y Metalurgia.
El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reconoce los derechos de los pueblos indígenas en su artículo 15 establece que los que tengan recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse.
Esto quiere decir que los pueblos tienen derecho a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
“En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en que medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en las tierras”, expresa el artículo 16.
Este Convenio fue respaldado por la recientemente aprobada Declaración Universal de Derechos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tan sólo es una declaración, un manifiesto público de parte de los países que la firmaron.
EXPLICACIÓN
Para los empresarios mineros es necesario que el Jefe de Estado convoque a una cumbre para que explique a los campesinos y originarios el alcance de sus derechos en el marco de la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y la declaración de las Naciones Unidas.
“El subsuelo es del Estado, lo contrario sería reconocer dos soberanías y por ende ninguna”, afirmó el representante y agregó que de no poner una solución pronta a este problema se suscitarán conflictos más serios hasta con enfrentamientos violentos como ya pasó.
SUPERINTENDENCIA
Otra de las demandas de la Asociación de Mineros Medianos es que lo antes posible, el Poder Ejecutivo designe a un Superintendente General de Minas de forma titular para que esta instancia se haga cargo del problema.
“El actual Superintendente es interino lo cual y puede dejar sus funciones en cualquier momento lo que implica que no puede asumir a cabalidad sus funciones o que sean observadas porque ejerce el cargo como interino”, manifestó.
De su parte, el superintendente general de Minería, Constantino Escobar Alcón, en contacto con el Decano de la Prensa Nacional afirmó que en todo este tiempo ha atendido estos problemas bajo el amparo legal.
“Se tiene que realizar un trámite especial en estos casos como es el trámite del proceso de Amparo Administrativo Minero. Bajo esa modalidad hemos resuelto varios de estos problemas”, afirmó la autoridad.
Escobar agregó también que todas las superintendencias regionales se encargan de atender directamente estos conflictos, primero bajo una denuncia tras la cual se concede el Amparo Administrativo Minero.
Consultado sobre el número de casos resueltos por tomas y avasallamientos, el Superintendente General de Minas, no supo dar un dato exacto argumentando que las regionales manejan la información.
TOMAS
Según el Secretario General de la Asociación de Mineros Medianos hasta el momento se han registrado 27 avasallamientos mineros con grandes pérdidas económicas porque en muchos de los casos como el de la empresa “La Puerta del Sol” que invirtió cerca de cuatro millones de dólares los mismos que se perdieron por a toma violenta de la mina.
Aparte de estas 27 tomas, la Cámara Nacional de Minería ha denunciado otros 47 avasallamientos a proyectos mineros privados de operadores chicos. “Estamos cerca de una centena de problemas y conflictos entre operadores y las comunidades originarias campesinas”.
En ese sentido, el sector privado junto a los cooperativistas mineros coordinará acciones para contrarrestar esta actitud violenta de los mineros si es que el Gobierno no toma cartas en el asunto.
• Los mineros medianos piden que Evo Morales explique a los campesinos el alcance de sus derechos y obligaciones, y designe a un titular para la Superintendencia del sector.
Existe alarma y preocupación en los mineros medianos ante las constantes tomas violentas y avasallamientos a los proyectos mineros privados de parte de campesinos y pueblos indígenas con quienes según éstos, se cumplió todos los compromisos.
Los resultados de estas acciones son principalmente la pérdida de las inversiones mineras y la falta de seguridad jurídica en la tarea de explotar los recursos del subsuelo, según el secretario general de la Asociación de Mineros Medianos, Marco Antonio Calderón de la Barca.
“Entendemos que todos tenemos derecho al trabajo y a explotar los recursos naturales, pero no se puede tomar algo que ya está desarrollado donde se realizaron importantes inversiones”, señaló.
Para los operadores, estas tomas y avasallamientos de los campesinos a sus proyectos son completamente ilegales, ya que las concesiones mineras fueron cedidas bajo el Código de Minería que protege su trabajo.
Sobre este conflicto, el ministro de Minería y Metalurgia, Luis Alberto Echazú, en declaraciones a EL DIARIO dijo que el Gobierno “va a tratar de conciliar las partes hasta que los hechos se superen”.
La autoridad señaló también que su despacho está al corriente de todo lo que pasa en torno a este problema, debido a que los afectados directamente acuden a esa instancia gubernamental por lo que se analiza una solución definitiva al problema.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo aún no encuentra una fórmula exacta para frenar los avasallamientos de parte de los campesinos e indígenas a empresas mineras privadas bajo el argumento de que son únicos propietarios de la tierra, y por lo tanto, sólo ellos tienen derecho a sus riquezas.
“Los derechos de los pueblos indígenas son absolutamente legítimos y es una resolución de la ONU, pero eso no significa que ellos puedan entrar a otras propiedades. Eso no les da derecho de expropiación. No se está entendiendo bien”, afirmó el titular de Minería y Metalurgia.
El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reconoce los derechos de los pueblos indígenas en su artículo 15 establece que los que tengan recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse.
Esto quiere decir que los pueblos tienen derecho a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
“En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en que medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en las tierras”, expresa el artículo 16.
Este Convenio fue respaldado por la recientemente aprobada Declaración Universal de Derechos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tan sólo es una declaración, un manifiesto público de parte de los países que la firmaron.
EXPLICACIÓN
Para los empresarios mineros es necesario que el Jefe de Estado convoque a una cumbre para que explique a los campesinos y originarios el alcance de sus derechos en el marco de la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y la declaración de las Naciones Unidas.
“El subsuelo es del Estado, lo contrario sería reconocer dos soberanías y por ende ninguna”, afirmó el representante y agregó que de no poner una solución pronta a este problema se suscitarán conflictos más serios hasta con enfrentamientos violentos como ya pasó.
SUPERINTENDENCIA
Otra de las demandas de la Asociación de Mineros Medianos es que lo antes posible, el Poder Ejecutivo designe a un Superintendente General de Minas de forma titular para que esta instancia se haga cargo del problema.
“El actual Superintendente es interino lo cual y puede dejar sus funciones en cualquier momento lo que implica que no puede asumir a cabalidad sus funciones o que sean observadas porque ejerce el cargo como interino”, manifestó.
De su parte, el superintendente general de Minería, Constantino Escobar Alcón, en contacto con el Decano de la Prensa Nacional afirmó que en todo este tiempo ha atendido estos problemas bajo el amparo legal.
“Se tiene que realizar un trámite especial en estos casos como es el trámite del proceso de Amparo Administrativo Minero. Bajo esa modalidad hemos resuelto varios de estos problemas”, afirmó la autoridad.
Escobar agregó también que todas las superintendencias regionales se encargan de atender directamente estos conflictos, primero bajo una denuncia tras la cual se concede el Amparo Administrativo Minero.
Consultado sobre el número de casos resueltos por tomas y avasallamientos, el Superintendente General de Minas, no supo dar un dato exacto argumentando que las regionales manejan la información.
TOMAS
Según el Secretario General de la Asociación de Mineros Medianos hasta el momento se han registrado 27 avasallamientos mineros con grandes pérdidas económicas porque en muchos de los casos como el de la empresa “La Puerta del Sol” que invirtió cerca de cuatro millones de dólares los mismos que se perdieron por a toma violenta de la mina.
Aparte de estas 27 tomas, la Cámara Nacional de Minería ha denunciado otros 47 avasallamientos a proyectos mineros privados de operadores chicos. “Estamos cerca de una centena de problemas y conflictos entre operadores y las comunidades originarias campesinas”.
En ese sentido, el sector privado junto a los cooperativistas mineros coordinará acciones para contrarrestar esta actitud violenta de los mineros si es que el Gobierno no toma cartas en el asunto.
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