La propiedad de los recursos naturales, de la tierra y el territorio, del suelo y del subsuelo, además de la contaminación ambiental han generado 26 conflictos mineros entre operadores de este sector y las comunidades indígenas donde se hallan los yacimientos.
Según un documento oficial al que tuvo acceso La Razón, hasta el 30 de octubre, el Ministerio de Minería y Metalurgia tenía registrado este número de casos con diferentes grados de conflictividad.
De acuerdo a esta matriz de conflictos, la constante son los problemas entre operadores (cooperativas mineras, empresas chicas y medianas) y comunidades.
También se han registrado casos de disputa entre los propios comunarios por la explotación de los yacimientos, problemas entre cooperativas que operan en una misma área y demandas de espacios laborales en empresas estatales.
Los casos con una conflictividad manifiesta —donde se llegó a un enfrentamiento de las partes con consecuencias violentas— son cuatro. Uno de ellos es la reciente toma e invasión de la Empresa Minera Himalaya por parte de comunarios de la Central Agraria Cayinbaya sector Illimani, en el departamento de La Paz.
La semana pasada, la Asociación de Mineros Medianos dio a conocer el hecho e informó que los comunarios no sólo ocuparon la mina, sino que tomaron como rehenes a tres dirigentes de los mineros asalariados que fueron al lugar para dialogar con el sector.
Los comunarios demandan la propiedad de la mina. Según la matriz del conflicto, se llevó a cabo una reunión con el representante legal de la empresa Himalaya.
El tema está a cargo de una comisión liderada por el viceministro de Minería, Pedro Mariobo. Si bien los rehenes fueron liberados, la toma de la mina continúa.
Otro caso mencionado por el documento es el de la Empresa Minera Santa María, que fue ocupada ilegalmente por comunarios de la provincia Bolívar de Cochabamba.
Según la matriz de conflictos, la concesión aún es ocupada y el caso fue derivado a la Superintendencia de Minas. El documento no brinda mayores datos sobre el problema, pero aparece con un grado de conflictividad manifiesta.
El tercer caso crítico es el conflicto entre la compañía Luzon y los comunarios de Laripata, en la provincia Larecaja de La Paz. Según la información del Ministerio de Minería, se produjo una ocupación ilegal en la mina Lipichi.
A fines de julio se intentó, sin éxito, desocupar la concesión. Durante el operativo, el policía Óscar Huanca murió por cuatro disparos con arma de fuego.
Otro caso con conflictividad manifiesta es el de la Empresa Puerta del Sol, que denunció ocupaciones por parte de pobladores. La compañía tiene una concesión para la explotación de áridos y materiales de construcción en El Alto.
Un problema con menor conflictividad que los anteriores pero que persiste, es la demanda de nuevas áreas de trabajo por parte de los ex cooperativistas que se negaron a ingresar a la estatal Empresa Minera Huanuni (EMH).
De los 26 conflictos, 13 presentan denuncias de ocupación ilegal, toma de campamentos y despojo de concesiones o intento de apropiación de las mismas. Otros tres casos son demandas de incorporación de trabajadores a la EMH, al ingenio de Machacamarca y a la Empresa Sinchi Wayra en sus operaciones en la provincia Poopó.
Hay cuatro casos por temas ambientales. La explotación irracional en el Cerro Rico de Potosí está incluida en la matriz de conflictos.
Según un documento oficial al que tuvo acceso La Razón, hasta el 30 de octubre, el Ministerio de Minería y Metalurgia tenía registrado este número de casos con diferentes grados de conflictividad.
De acuerdo a esta matriz de conflictos, la constante son los problemas entre operadores (cooperativas mineras, empresas chicas y medianas) y comunidades.
También se han registrado casos de disputa entre los propios comunarios por la explotación de los yacimientos, problemas entre cooperativas que operan en una misma área y demandas de espacios laborales en empresas estatales.
Los casos con una conflictividad manifiesta —donde se llegó a un enfrentamiento de las partes con consecuencias violentas— son cuatro. Uno de ellos es la reciente toma e invasión de la Empresa Minera Himalaya por parte de comunarios de la Central Agraria Cayinbaya sector Illimani, en el departamento de La Paz.
La semana pasada, la Asociación de Mineros Medianos dio a conocer el hecho e informó que los comunarios no sólo ocuparon la mina, sino que tomaron como rehenes a tres dirigentes de los mineros asalariados que fueron al lugar para dialogar con el sector.
Los comunarios demandan la propiedad de la mina. Según la matriz del conflicto, se llevó a cabo una reunión con el representante legal de la empresa Himalaya.
El tema está a cargo de una comisión liderada por el viceministro de Minería, Pedro Mariobo. Si bien los rehenes fueron liberados, la toma de la mina continúa.
Otro caso mencionado por el documento es el de la Empresa Minera Santa María, que fue ocupada ilegalmente por comunarios de la provincia Bolívar de Cochabamba.
Según la matriz de conflictos, la concesión aún es ocupada y el caso fue derivado a la Superintendencia de Minas. El documento no brinda mayores datos sobre el problema, pero aparece con un grado de conflictividad manifiesta.
El tercer caso crítico es el conflicto entre la compañía Luzon y los comunarios de Laripata, en la provincia Larecaja de La Paz. Según la información del Ministerio de Minería, se produjo una ocupación ilegal en la mina Lipichi.
A fines de julio se intentó, sin éxito, desocupar la concesión. Durante el operativo, el policía Óscar Huanca murió por cuatro disparos con arma de fuego.
Otro caso con conflictividad manifiesta es el de la Empresa Puerta del Sol, que denunció ocupaciones por parte de pobladores. La compañía tiene una concesión para la explotación de áridos y materiales de construcción en El Alto.
Un problema con menor conflictividad que los anteriores pero que persiste, es la demanda de nuevas áreas de trabajo por parte de los ex cooperativistas que se negaron a ingresar a la estatal Empresa Minera Huanuni (EMH).
De los 26 conflictos, 13 presentan denuncias de ocupación ilegal, toma de campamentos y despojo de concesiones o intento de apropiación de las mismas. Otros tres casos son demandas de incorporación de trabajadores a la EMH, al ingenio de Machacamarca y a la Empresa Sinchi Wayra en sus operaciones en la provincia Poopó.
Hay cuatro casos por temas ambientales. La explotación irracional en el Cerro Rico de Potosí está incluida en la matriz de conflictos.
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