El Gobierno eligió el camino de las reformas legales para canalizar la recuperación y transformación de las minas, camino que tuvo sobresaltos por los problemas coyunturales que se presentaban en el sector. Así se unificó la producción en la Empresa Minera Huanuni, revertiendo los contratos con las cooperativas en el mismo yacimiento; se nacionalizó la fundición de Vinto, que tenía como principal proveedor a Huanuni; se nacionalizó Colquiri, cuando la empresa hacía operaciones en retirada a favor de una cooperativa; se nacionalizó Mallku Khota cuando la transnacional buscó el enfrentamiento entre los ayllus del Norte de Potosí.
Las reformas en el cuerpo jurídico repusieron la regalía como un derecho departamental, se subió el impuesto a las utilidades del 25% al 37,5 % en época de precios altos; sin embargo, la definición de la política minera se dio con la nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia (2009). En su capítulo de recursos naturales establece que estos son de propiedad del pueblo boliviano y su explotación se justifica para darlo valor agregado. El Estado podrá suscribir contratos de asociación con particulares para la explotación de estos, debiendo asegurar la reinversión de las utilidades. Si bien establece una economía plural, da al Estado el carácter rector de la política en el sector y delega a una institución autárquica la administración de la industria minera estatal. La Ley de Empresas Públicas (2013) unifica la cadena productiva minera (exploración, explotación, fundición, comercialización) y establece la estructura de la empresa estratégica corporativa Comibol, dando participación a los trabajadores. La Ley de Minería (2014) establece plazos para la migración del régimen de adjudicación de concesiones a la suscripción de contratos de explotación minera, ratifica las funciones de la Comibol corporativa y delimita sus relaciones respecto a los otros sectores de la minería.
Hasta la fecha toda esta normativa es letra muerta. El planteamiento de la Central Obrera Boliviana (COB) sobre la refundación de Comibol llevó a viabilizar lo establecido en las normas citadas, sin embargo desde la misma organización de los trabajadores hicieron observaciones que negaban su pedido inicial. La realidad es que el camino escabroso para lograr nacionalizar el sector minero ha creado intereses regionales y particulares que evitan la unificación de la política minera con un sentido nacional.
Esta inacción nos da proyectos que no dan los resultados anhelados: Karachipampa no funciona como se esperaba, inversiones grandes en Huanuni no se concretan en resultados (ingenio y dique de colas nuevos), dineros comprometidos en Colquiri no se ejecutan.
Las empresas mineras tienen un diseño para la operación y sus funciones no son de elaborar proyectos, mucho menos de adjudicarlos y fiscalizar su producción: los gerentes de las empresas tienen mucho que hacer resolviendo los problemas cotidianos con los trabajadores, el control de la producción, el control del costo operativo, el aprovisionamiento de materiales e insumos, para dedicar tiempo a la ejecución de proyectos.
Mientras tanto Comibol no tiene el equipo ni la estructura como una corporación de empresas que cuenta con políticas, planes y programas para convertirse en la empresa rectora del sector, proyectar sus planes a futuro y dirigir sus empresas. Hoy es una empresa rutinaria que realiza proyectos de exploración hace 10 años sin resultados. Las inversiones se improvisan en función de las presiones regionales y sociales. Su mayor carga es cuidar un inmenso patrimonio que no tiene ninguna perspectiva productiva.
La otra cara es el panorama nacional. La minería estatal no ha llegado sino al 7% de las exportaciones mineras, la renta minera para el Estado no llega al 10%. De hecho, se ha acentuado la condición de país exportador primario de minerales, tampoco hay un control estatal sobre los metales agregados que se exportan. La exportación de los minerales bordea los 3.000 millones de dólares anuales, ya que las empresas justifican gastos en el exterior, tales como gastos de realización, que incluyen la fundición, transporte, seguros, etc.
Por lo tanto, es urgente contar con refinerías de los complejos de zinc-plomo-plata para recuperar estos productos y los agregados - indio, cadmio, oro, estaño, etc. - que a veces superan el valor de los productos principales. Es una gran lucha por tener acceso a una tecnología monopólica del sector privado de las transnacionales. No dudo que la frustración de Karachipampa y las dos adjudicaciones de las refinerías de zinc que realizó la COMIBOL se deben a esto.
Es claro que hay que sacudir la modorra en el sector minero, es la esencia productiva de Bolivia. Hay una política minera clara en sus objetivos, es preciso crear la empresa que sea capaz concretar estos objetivos.
(*) Ex ministro de minería Ex presidente de Comibol
NdeR.- Nos agrada haber recibido una nota cuya autoría corresponde al exministro de Minería y expresidente de Comibol, José Pimentel. Las páginas de Perspectiva Minera están abiertas a opiniones responsables que tienen que ver con la interesante temática de la minería y metalurgia, su promoción y su defensa. Esperamos que esta sea la primera de otras muchas notas que por supuesto tendrán siempre el respaldo en la experiencia de una exautoridad de Estado.
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