La investigadora del Cedib, Georgina Jiménez en su informe “A cuatro años de la ley minera” advierte de la inminente modificación a la ley 845, referida a la reversión de derechos mineros otorgados a cooperativas que se hubieren asociado con capitales privados extranjeros o nacionales, y de la estocada a los intereses del Estado por parte de un sector que ha sabido jugar en las coyunturas políticas a su favor y en detrimento de los intereses del país.
“La inminente modificación de la Ley 845 promete dar otro zarpazo a los intereses nacionales y terminar legalizando lo que antes, aunque permitido por el neoliberalismo, era ilegal: el enriquecimiento de empresas privadas, en especial extranjeras, que sin control legislativo urden negociados con cooperativas para hacerse y comerciar con los recursos naturales del pueblo boliviano”, señala el estudio.
PROYECTO DE LEY
El proyecto de Ley que modifica la Ley 535 de Minería y Metalurgia y la Ley 845, aprobado en la Cámara de Diputados, incorpora el Contrato Cooperativo Minero (CCM) para posibilitar a las cooperativas mineras operar en áreas fiscales y participar en toda la cadena productiva.
Un reportaje de ANF bajo el título: “Chinas y colombianas explotan ilegalmente oro con la fachada de cooperativas” develó durante el 2018 sociedades ilegales entre capitales extranjeros que instalaron gigantes dragas auríferas en los ríos amazónicos del norte de La Paz en áreas autorizadas a cooperativas mineras. Una segunda investigación mostró la expansión de la presencia china en torno a la explotación del oro. El trabajo fue conocido como: “Dragas chinas llegan a Cachuela Esperanza de la mano de empresa para explotar oro por 30 años”.
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