Para fines del siguiente año (2019) el Gobierno asegura que podrá ejercer control de las actividades mineras y principalmente de las centenares de cooperativas auríferas que operan en el departamento de La Paz, sin control estatal, dedicándose a un abierto saqueo de nuestros recursos naturales y en el caso de La Paz, concretamente la riqueza aurífera
Consultado sobre este delicado problema el ministro de minería César Navarro informó que se habilitó una nueva oficina "virtual" que permitirá contar con información de cuántos mineros y áreas se tienen en el país, lo que podrá lograrse en un trabajo sostenido hasta fines de la siguiente gestión, significa que la oficina virtual demorará un año en la identificación de los mineros irregulares y la ubicación de sus operaciones, lo que significa claramente que no se adoptarán medidas contundentes para frenar el desarrollo de una minería ilegal que además contamina los ríos, altera el ecosistema de varias poblaciones y finalmente evade el pago de impuestos y regalías, constituyendo el hecho un abierto delito contra la economía nacional y un atentado a las reglas mineras en vigencia.
Lo que llama la atención es que por su parte y de manera directa, los cooperativistas mineros llegaron a un reciente acuerdo, directamente con el Primer Mandatario para que se modifique la Ley 845, permitiendo la ampliación de áreas para explotación de reservas mineras e incluso en parques protegidos, medida que aparentemente es la causa para la demora de un año, en la identificación y ubicación de mineros y áreas de explotación, particularmente aurífera en amplia zona del norte paceño.
La oficina virtual no sólo trabajará en el caso de las actividades ilegales en los ríos paceños, su tarea se extenderá a todos los sectores en los que se desarrollen actividades incluso de exploración minera, con el objeto de facilitar un registro en el que está empeñada la Autoridad Jurisdiccional Minera (Ajam), que trabaja en varios sectores para tener un documento de registro general de actividades mineras en el país, las que serán debidamente certificadas y autorizadas, se supone en el lapso de toda la gestión venidera.
Llama la atención que en el caso del ministerio de área no se adopten medidas más contundentes para agilitar procedimientos que garanticen futuras actividades mineras y que las mismas cuenten con adecuado respaldo legal, lo que por otra parte abriría posibilidades de captar inversiones mineras absolutamente legales.
Para los expertos, un año en tareas de identif icación de actores y áreas de trabajo parece un tiempo muy prolongado, tomando en cuenta que justamente la minería nacional, necesita reactivarse en el menor tiempo posible.
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