Al cerrar el primer semestre del año los reportes sobre el índice de precios de minerales en el mercado internacional registraron un leve repunte en varios de los que son explotados en nuestro medio y ese hecho reabre la esperanza de que paulatinamente pueda lograrse un equilibrio entre los costos de producción y la rentabilidad de exportación.
No es significativamente importante la recuperación de precios, pero permite por lo menos a la principal mina del sector estatal, la Empresa Minera Huanuni (EMH), salir del estado deficitario y anular las cifras rojas, para cambiarlas por otras que dan márgenes de mínimas utilidades, ya no pérdidas.
Sin embargo, lo que hace falta en el medio productivo minero nacional y es criterio de expertos profesionales en la materia y más de un connotado analista cuando coinciden al reclamar una política minera definida que comience por establecer las condiciones más apropiadas para el desarrollo de proyectos, partiendo de la aplicación de normas que sólo pueden darse a través de un plan general y no de "programas parche" que sólo salvan condiciones críticas, pero no delinean un proceso de regular ejecución, que en minería comienza en la prospección y exploración de yacimientos, la comprobación de su potencial y el establecimiento de las mejores condiciones para su encarar su fase productiva.
Son varias etapas que si no se las maneja ordenadamente, con alta supervisión profesional, para no repetir errores de improvisación, no se avanzará en ese proceso de restituir al sector minero su importante condición productiva y generadora de beneficios múltiples, empezando por la creación de fuentes de empleo seguro, divisas para el Tesoro del Estado, regalías para todos los distritos donde se produce extracción de minerales, por señalar lo que sirve de manera general.
Teóricamente estamos reiterando "n" veces la misma cantaleta, encarar una nueva minería, planes de desarrollo, buscar nuevos yacimientos, dar soporte a las empresas con problemas, facilitar algunas condiciones para no detener sistemas productivos que alteren la cadena por ejemplo de provisión de concentrados para la metalúrgica orureña, pero son planes inmediatistas que se cumplen mal o bien, para salvar la situación.
Mas no es lo que se perfila como ideal de una pronta "reactivación minera", de todo un proceso que incorpore en su contexto operativo, las normativas apropiadas para promover el interés de grandes inversionistas, abriendo una competencia legal con países vecinos que son los que aprovechan las mejores circunstancias para emprender proyectos millonarios de alta rentabilidad. En los países vecinos funcionan organismos especializados que tienen muy clara su política minero metalúrgica, en la que se basan y cumplen sus objetivos.
Sólo en nuestro país se dan circunstancias tan contradictorias, como la de tener una Ley Minera 535, promulgada en mayo del 2014, más de dos años atrás, que no tiene reglamento y por lo mismo no puede aplicarse legítimamente para mover las instancias necesarias que dinamicen la producción minera. No es todo la Ley en cuestión también carece de un complemento de orden tributario, que defina las responsabilidades impositivas para connacionales y para inversionistas internacionales. Nadie se atreve a invertir sin conocer las reglas de juego, y en este problema, el tiempo sigue pasando y la minería permanece estancada.
A propósito del tema tributario, un interesante trabajo del sociólogo Henry Oporto, señala que "mientras otros gobiernos adoptan rebajas impositivas para atraer inversiones mineras, el Gobierno boliviano se obstina en mantener - más por razones ideológicas que prácticas- un régimen impositivo oneroso e incompatible con el mundo minero de hoy". (Se añade un breve cuadro demostrativo
Se observa que el porcentaje de impuestos a la minería que se aplican en nuestro medio son los más altos de la región, además de que el sistema carece de incentivos tributarios que en otros países son la base de atracción de capitales para fomentar el desarrollo de la minería en gran escala.
En este mismo trabajo Henry Oporto, recuerda que a principio de año en la Argentina el nuevo gobierno de Mauricio Macri anunció la eliminación del impuesto del 10% sobre el valor exportado de minerales, aplicado por el anterior sistema; a esa medida se suma otra como la eliminación del impuesto a las reservas mineras, estableciendo que el propósito del actual modelo es hacer de la minería un sector económico con oportunidades y con mayor competitividad, aplicando un sistema impositivo mucho más acorde al nivel de los impuestos que se pagan en Chile, Perú, Colombia, Brasil o México. Este detalle es interesante tomando en cuenta que Argentina está en un proceso cada vez más agresivo para impulsar la minería, como fuente generadora de divisas.
Un objetivo primario, ineludible en su incorporación como parte de un buen plan de minería, es la aplicación de un buen proyecto integral, de leyes apropiadas y normativas eficientes para encarar proyectos que puedan ser sustentados con la capacidad de equipos profesionales, agrupados en un ente superior que sea responsable de la política minera en su conjunto. En el caso nuestro tendría que ser la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), cuya reestructuración está demorando, inexplicablemente, un tiempo prolongado que lógicamente retrasa toda la actividad minera en general, cuando ya transcurrió el primer semestre de la gestión en curso, sin que se cuenten nuevos emprendimientos mineros, por lo menos en su primera fase de prospección técnica.
Si hay algo que debe preocupar en el momento actual, es el repunte de precios que así sea mínimamente, abre una esperanza para mejorar la producción minera del sector estatal, pero no es suficiente que se registren mejores cotizaciones, lo ineludible debe ser aprovechar la coyuntura para imponer una adecuada política minera, respaldada con normas sectoriales apropiadas, tentar inversiones y dar amplitud y garantías para que la "reactivación minera" deje de ser una cantaleta y se convierta en la meta del crecimiento económico nacional.
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