Representantes de organizaciones y de aproximadamente 80 comunidades en contra de la contaminación ambiental se reunieron el lunes para socializar los avances del Decreto Supremo 335 que declara como zona de emergencia ambiental a la subcuenca Huanuni tras la denuncia realizada desde el 2009 por comunarios del lugar.
El presidente de la Coordinadora en Defensa de la Cuenca Baja Río Desaguadero y Lagos Uru Uru y Poopó (Coridup), Ángel Flores, manifestó que se efectuó la reunión para revisar los avances de lo dispuesto en el Decreto Supremo 335 en el que participaron las comunidades involucradas en este proceso y que deberán tener conocimiento sobre este tema para participar en la reunión a realizarse los días 24 y 25 del presente en presencia de representantes gubernamentales.
"Como representantes de más de 80 comunidades afectadas por la contaminación minera hemos estado haciendo seguimiento a las 6 líneas estratégicas que contempla este documento, estamos socializando y analizando punto por punto cuánto se ha avanzado o no. Esta vez vamos a participar de esta evaluación con conocimiento y causa, ya no queremos escuchar lo mismo que todo está cumplido", manifestó.
Refirió que como Coridup, junto con las comunidades pedirán que se analice las observaciones que realizó la Contraloría General del Estado a los informes presentados por los ministerios involucrados, asimismo consultarán si los operadores mineros de las cuatro subcuencas cumplen con la normativa ambiental y si aplican políticas ambientales en sus operaciones mineras.
A la vez, dijo que pedirán, tanto para la evaluación del Decreto Supremo 335 y las mesas de trabajo, que participen autoridades con poder de decisión para evitar actitudes evasivas como en otras evaluaciones y que el Decreto Supremo 335 que declara zona de emergencia ambiental a la Subcuenca Huanuni sea elevado a rango de ley.
Por su parte, el representante del Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA), Clemente Paco, manifestó que el decreto como la mesas de trabajo, debieron haber sido iniciativas de la Autoridad Ambiental Competente como del Gobierno Autónomo del Departamento de Oruro (Gad-Or), a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Madre Tierra, entendiendo que si bien la minería genera el mayor movimiento económico del departamento, también es la actividad que genera mayor contaminación.
"En consecuencia, es necesario que el Ministerio de Medio Ambiente Agua y Madre Tierra, como el ministerio cabeza de sector, demuestre una voluntad política para exigir el cumplimiento de la normativa ambiental a los operadores mineros", dijo.
El año 2009, las comunidades afectadas por la contaminación minera de las cuatro subcuencas: Desaguadero, Huanuni, Poopó y Antequera, después de varias gestiones y movilizaciones lograron la aprobación del Decreto Supremo 335 que declara zona de emergencia ambiental a la subcuenca Huanuni, por la inminente contaminación de pasivos mineros por parte de las operadoras mineras y particularmente por la Empresa Minera Huanuni.
Este decreto contempla seis líneas estratégicas, entre las principales están: la mitigación, tratamiento y control ambiental de la contaminación minera de la subcuenca Huanuni; la conservación de los recursos naturales de la cuenca Huanuni y el saneamiento básico para la mejora de la calidad de vida de la población.
Entre otras líneas estratégicas refiere que se debe tener educación ambiental y capacitación para la mejora de las actividades que se desarrollan en la cuenca Huanuni; la atención en salud ambiental para la población y realizar gestiones para las afectaciones de la población.
Las líneas estratégicas que debían haberse cumplido medianamente en seis años hasta la fecha tienen poco avance, por ejemplo, el 2011 la empresa minera Huanuni debía contar con su dique de colas, lastimosamente no se ha cumplido con la primera línea estratégica, dijo.
En la reunión participaron representantes de la Coordinadora en Defensa del río Desaguadero lagos Uru Uru y Poopó (Coridup), las comunidades de Kochi Piacala, Kochi Iswaya Pampa y Karavi del municipio de El Choro y técnicos del CEPA.
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