Desde hace algún tiempo la situación de las cooperativas mineras y sus socios se hace más compleja en función a las limitaciones que se presentan para producir en condiciones poco rentables y con menores posibilidades de comercializar sus concentrados, generalmente con "baja ley", que no satisfacen las expectativas de las fundiciones, especialmente la de Vinto en Oruro, pero tampoco es negocio para las comercializadoras de minerales que reclaman concentrados con cierto valor comercial, por lo tanto el negocio de los mineros cuentapropistas se reduce paulatinamente.
Bajo esas condiciones, dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) afirman que, "pese a los precios bajos de los minerales, siguen vigentes 1.500 cooperativas y por lo menos 150 mil afiliados a esas entidades en todo el país, que hacen esfuerzos por mantener sus labores y evitar el cierre de más cooperativas", reconociendo así que varias asociaciones se cerraron creando desocupación y problemas familiares.
Los cooperativistas, luego de varias reuniones del sector, han determinado plantear al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Minería, la concesión de áreas libres y otras "ociosas" para poder trabajar en esos sectores y permitir que los muchos cooperativistas puedan recuperar sus labores productivas, además de plantear una ayuda especial del ministerio para garantizar la vigencia de mercados donde puedan comercializar su producción evitando el cierre de comercializadoras, negocios que también han sentido el impacto de los precios bajos y han optado por reducir sus operaciones.
Un hecho importante es que el sector de las cooperativas mineras plantea su propósito de "normalizar" su situación tributaria para lo que han iniciado gestiones ante el Ministerio de Economía con el fin de establecer claramente "a que régimen tributario pertenecen". La duda tiene que ver con disposiciones vigentes, por ejemplo según la Ley Minera 535, las cooperativas mineras deben tener el Número de Identificación Tributaria (NIT), que otorga el Servicio de Impuestos Nacionales y otorga legalidad empresarial a quienes logran tal registro, empero los cooperativistas arguyen que en la misma normativa, hay una disposición transitoria estableciendo que las cooperativas deben estar en un régimen especial por la naturaleza de su trabajo sin fines de lucro, un aspecto que debe ser aclarado y seguramente compatibilizado con la Ley General de Cooperativas.
En todo caso, lo que está faltando es la reglamentación de la Ley 535, que en más de un año desde su promulgación no ha sido trabajada y podría demorarse más tiempo recordando que no hace mucho el Primer Mandatario habló sobre la posibilidad de "efectuar cambios" en ese instrumento ya promulgado.
Dirigentes de la Fencomin, se mostraron "más sosegados y realistas" en sus planteamientos al nivel oficial, señalando empero que su principal objetivo es la defensa de áreas de trabajo para mantener fuentes de empleo y seguir contribuyendo con su producción y la generación de regalías para los distritos donde operan, incluso dijeron, en ciertos yacimientos casi agotados, por lo que insistirán en la dotación de áreas libres y la reversión de concesiones ociosas. Puede ser una solución temporal a la crisis sectorial.
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