El hecho no es desconocido, ni mucho menos, al contrario es como lo señaló un experto en temas mineros, es una cantaleta que se arrastra varios años, pero sin hacer nada efectivo para cambiar el panorama y atraer inversiones, que entre ( ) no faltan, al contrario están a la expectativa de que en Bolivia se den las condiciones favorables para impulsar nuevos proyectos mineros.
Son años de años, repitiendo lo que rememora un directo colaborador de P.M., al referirse al tema de las inversiones en minería. Muchos factores han conspirado en otros tiempos para "mantener a raya" a inversionistas extranjeros, con el argumento que persiste, de un "abierto robo de nuestras riquezas naturales" y el retiro de utilidades hacia sus países sin hacer reinversiones en el nuestro.
Sucedió ese fenómeno en algunas circunstancias, pero debido a factores estrictamente irregulares, es decir a operaciones bajo condiciones de cierto favoritismo a empresas foráneas, pero que quiérase o no se acogieron a las normas establecidas en leoninos contratos, improvisados y contrarios a los intereses nacionales.
Se aplicaron medidas políticas y se revirtieron los centros mineros que operaban al margen de los propósitos de una minería estatal de servicio y beneficio colectivo que sin embargo no se dio en la perspectiva anhelada. La minería estatal por esa su condición absorbió las contingencias propias de la presión laboral, un ejemplo que en la actualidad es patético en su complicado desarrollo es Huanuni con una planilla sobredimensionada en número de empleados y con un monto de planilla que complica su equilibrio productivo, especialmente con bajo precio del estañó.
Pero lo concreto es que, la ausencia de inversiones mineras tiene otra connotación especial y es la carencia de reglas claras que otorguen seguridad jurídica para el aporte de capitales. Nadie arriesgará un capital "de riesgo" como es el caso de la minería, si además no tiene garantías para trabajar o si existen los riesgos que conocemos en el país, como los avasallamientos o directamente algunas medidas "sociales".
Se habló de la Ley de Minería y Metalurgia, que reemplace al código minero y existía la posibilidad de que a partir de su aplicación estarían dispuestas las mejores y mayores condiciones para tentar e incentivar las inversiones, empero el instrumento normativo fue promulgado en Oruro el 28 de mayo del 2014 y a la fecha no se aplica porque necesita obligadamente de un reglamento que lo haga operativo y que incluya una escala tributaria, completa que involucre a todos los sectores de la actividad minera.
Mientras no se defina este problema, el futuro de la minería es incierto, lo más grave es que se demora la ejecución de un plan "agresivo" de prospección y exploración de nuevos yacimientos. No es que falten inversionistas, los hay en buen número y de los más grandes, que afrontan grandes retos en la minería vecina, sea del Perú, Chile e incluso la Argentina, sin contar que otros países de la región, caso de Ecuador, Colombia y hasta Venezuela están impulsando proyectos mineros de envergadura, con inversiones externas. De lo que se trata es de establecer las mejores reglas de juego y acometer emprendimientos de minería moderna.
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