La Corte Suprema de Justicia de Mendoza rechazó la solicitud propuesta por el Procurador General para realizar una audiencia pública como instancia previa a la sentencia que el máximo tribunal deberá emitir sobre los planteos de inconstitucionalidad que recayeron oportunamente sobre la Ley 7.722, más conocida como ley antiminera.
La ley que está vigente desde 2007 y que desde esa fecha espera por la resolución de su constitucionalidad, prohíbe el uso de sustancias químicas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico en la minería metalífera y establece que la declaración de impacto ambiental (DIA) de cada proceso extractivo debe ser ratificada por ley en la Legislatura.
El abogado experto en derecho minero, Raúl Rodríguez, dejó en claro que si la Ley 7.722 fuera declarada inconstitucional, las mineras aún tendrían mucho camino por delante para poder desarrollar su actividad con normalidad. "Todavía deberán responder a todas las exigencias ambientales y las disposiciones del Código de Minería. Además, se enfrentarán posiblemente a nuevas audiencias públicas", comentó. La Ley Nº 7.722 fue sancionada durante el mandato del entonces gobernador de Mendoza Julio Cobos, y provocó la caída de todos los proyectos de megaminería a cielo abierto de la provincia.
Por su parte, los empresarios mineros de Mendoza insisten en la posibilidad de que la provincia desarrolle actividad minera, la cual está paralizada desde el año 2007 cuando se promulgó la ley provincial 7.722. El presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, Mario Chaver, aseguró que Mendoza podría generar ganancias por $us 1.200 millones al año por la actividad minera.
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