Desde el 21 de mayo, los mineros cooperativistas ya pueden solicitar financiamiento al Banco Unión, pues el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 29578, que establece los procedimientos mediante los cuales el Ministerio de Hacienda y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) proveerán de recursos al Fondo Minero de Inversión (Fomin), que dispondrá de diez millones de dólares.
El decreto autoriza al Ministerio de Hacienda a suscribir un contrato de fideicomiso con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), “a ser administrados por el Banco Unión, en calidad de fiduciario, mediante la transmisión temporal y no definitiva de recursos por un monto de hasta diez millones de dólares” y a un plazo de diez años.
Estos préstamos serán destinados a capital de operaciones, capital de inversiones o créditos a las cooperativas mineras. Los desembolsos serán autorizados previa evaluación del Fomin y conforme a un reglamento que aprobará el Ministerio de Minería y Metalurgia.
El artículo cuatro de la normativa instruye que “el Fomin es el responsable de la calificación, evaluación y aprobación de los programas y proyectos a financiarse con los recursos establecidos en el presente Decreto Supremo”.
El Fomin debe definir modos de evaluación y calificación; formas de asistencia técnica; evaluar continuamente el impacto social y económico.
Esta institución también debe establecer procesos de verificación para el uso correcto de los recursos solicitados.
Una de las consideraciones tomadas en cuenta en la redacción del decreto consiste en que “las cooperativas mineras contribuyen efectivamente al desarrollo nacional por constituirse en unidades económicas y sociales con capacidad de creación de empleo intensivo y permanente, generando beneficios no sólo para sus afiliados, sino también para el Estado y el pueblo”.
La inyección económica del Fomin fue un anhelo anunciado hace tiempo por el sector.
El ministro de Minería y Metalurgia, Luis Alberto Echazú, expresó a la revista Domingo que esta posibilidad de préstamo servirá para los cooperativistas auríferos de la provincia Larecaja de La Paz. “Ojo que no está hecho sólo para los que trabajan oro; es para todos los cooperativistas mineros”.
Los socios mineros también se quejaban de la falta de cooperación de parte del Gobierno.
El decreto autoriza al Ministerio de Hacienda a suscribir un contrato de fideicomiso con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), “a ser administrados por el Banco Unión, en calidad de fiduciario, mediante la transmisión temporal y no definitiva de recursos por un monto de hasta diez millones de dólares” y a un plazo de diez años.
Estos préstamos serán destinados a capital de operaciones, capital de inversiones o créditos a las cooperativas mineras. Los desembolsos serán autorizados previa evaluación del Fomin y conforme a un reglamento que aprobará el Ministerio de Minería y Metalurgia.
El artículo cuatro de la normativa instruye que “el Fomin es el responsable de la calificación, evaluación y aprobación de los programas y proyectos a financiarse con los recursos establecidos en el presente Decreto Supremo”.
El Fomin debe definir modos de evaluación y calificación; formas de asistencia técnica; evaluar continuamente el impacto social y económico.
Esta institución también debe establecer procesos de verificación para el uso correcto de los recursos solicitados.
Una de las consideraciones tomadas en cuenta en la redacción del decreto consiste en que “las cooperativas mineras contribuyen efectivamente al desarrollo nacional por constituirse en unidades económicas y sociales con capacidad de creación de empleo intensivo y permanente, generando beneficios no sólo para sus afiliados, sino también para el Estado y el pueblo”.
La inyección económica del Fomin fue un anhelo anunciado hace tiempo por el sector.
El ministro de Minería y Metalurgia, Luis Alberto Echazú, expresó a la revista Domingo que esta posibilidad de préstamo servirá para los cooperativistas auríferos de la provincia Larecaja de La Paz. “Ojo que no está hecho sólo para los que trabajan oro; es para todos los cooperativistas mineros”.
Los socios mineros también se quejaban de la falta de cooperación de parte del Gobierno.
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