Los centros mineros de Bolívar, Colquiri, Porco y San Vicente, los más importantes del país de más de 100 yacimientos otorgados bajo contrato por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), se encuentran en la mira del Estado para ser adecuados a la modalidad de riesgo compartido. Los tres primeros son operados por Sinchi Wayra y pertenecieron al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. San Vicente es administrado por Panamerican Silver.
La Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados alista un proyecto de ley, que es respaldado por el Poder Ejecutivo, para la “migración” de convenios con miras a que éstos se adecuen a la Constitución Política del Estado y a que el Estado mejore sus ingresos fiscales.
Según el presidente de esa instancia, José Pimentel, el Código de Minería permitió al Poder Ejecutivo suscribir contratos para la explotación de la riqueza nacional sin autorización del Congreso, lo que atenta contra el artículo 59 de la Constitución y enajena recursos naturales.
Ese capítulo de la Carta Magna dice que son de dominio originario del Estado, además de los bienes a los que la ley da esa calidad, el suelo y el subsuelo con todas sus riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como los elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento.
Actualmente, quienes desarrollan actividad minera en Bolivia pueden hacerlo a través de concesiones por tiempo ilimitado, contratos de arrendamiento con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) o de riesgo compartido, con los que el Estado y el sector privado comparten los yacimientos y las ganancias.
Para el experto en minería Charles Bruce, la intención del Parlamento y el Gobierno de ajustar los contratos tiene más que todo una motivación política. Esto porque se ataca fundamentalmente minas que en su momento fueron de propiedad de Sánchez de Lozada.
El Poder Ejecutivo repite en el rubro minero la conversión de contratos que estableció en 2006 en el petrolero con el fin de mejorar los ingresos del Estado.
Según Bruce, los cuatro yacimientos a los que se quiere ajustar contratos al igual que Huanuni son comparables con la riqueza que tienen proyectos privados, como San Cristóbal o Inti Raymi, y tienen una proyección importante en años próximos.
“Por eso no es nada raro que el Gobierno haya decidido cambiar las reglas de juego en las minas que más dinero ganan, aunque esto genere inseguridad jurídica y perjudique la atracción de inversiones en el futuro”.
“Con excepción de Huanuni estos yacimientos son los mejores de Bolivia y de la Comibol. Luego están los de San Cristóbal, Inti Raymi, San Bartolomé”.
No sucede lo mismo con las propiedades que la Comibol entregó en arrendamiento a las cooperativas, que están agotadas y se explotan de manera rústica.
Bruce opina que es muy difícil que el Gobierno y el Congreso se animen a revisar los contratos con este sector porque ello generaría movilizaciones sociales.
Datos del Ministerio de Minería revelan que el valor de la producción minera creció en 62,3 por ciento en el primer trimestre del año y alcanzó 504,5 millones de dólares. Los volúmenes extraídos de zinc crecieron en 31,6 por ciento, de plata en 174,7 por ciento, de plomo en 670,4 por ciento, de cobre en 131,6 por ciento y de antimonio en 49,7 por ciento.
El ministro de Minería, Luis Alberto Echazú, señaló que la mejora fue impulsada por la mayor producción del proyecto San Cristóbal y también por Huanuni.
La situación
Pimentel informó que la estatal tiene suscritos más de 100 contratos mineros con empresas grandes y también con los cooperativistas, la mayoría están en este segundo grupo.
De esos convenios, el legislador anunció que se revisarán fundamentalmente cuatro: San Vicente, administrada por la firma canadiense Panamerican Silver, y Bolívar, Porco y Colquiri, operadas por Sinchi Wayra, filial de la firma suiza Glencore Internacional, que controla el 47 por ciento de las exportaciones de minerales.
Según Pimentel, los contratos suscritos por la Comibol en estas minas son lesivos a los intereses del Estado porque apenas se queda con el 2 y 3 por ciento o hasta el 5 por ciento de la producción y los ingresos que generan cada una.
Frente a esa situación, recordó que el año pasado Comibol abrió una etapa de renegociación y ajuste de los contratos, pero que a la fecha no ha registrado ningún avance.
Agregó que en el caso de Bolívar, que tiene un riesgo compartido, se busca su validación por el Congreso y que su operadora contribuya más.
La semana pasada, la Comisión de Desarrollo Económico de Diputados recibió un informe de Comibol en sentido de que las conversaciones con las empresas aún no concluyeron, razón por la cual esa instancia decidió dar un plazo de 15 días, que vence a fin de mes, para que termine el diálogo sobre los cambios a los contratos.
Echazú informó que el Gobierno respalda la modificación de los contratos de arriendo con empresas privadas porque en esta modalidad los ingresos que se perciben no superan el 7 por ciento de las utilidades anuales.
“Con la minería privada existen concesiones y pocos contratos de riesgo compartido, los demás son de arriendo, que deben cambiar porque son leoninos para el país”.
La autoridad informó que la transición de estos convenios aún está en discusión con las empresas y se está buscando la forma de culminar el proceso y cumplir con el plazo de 15 días que otorgó la Comisión de Desarrollo Económico.
Echazú planteó la necesidad de revisar las concesiones, sin embargo dijo que esto sólo será posible cuando se pueda modificar la Constitución. Bajo esta modalidad se encuentran los proyectos como San Cristóbal.
El Ministro aseguró que los contratos de arrendamiento con las cooperativas no sufrirán modificaciones porque la idea es abarcar a las empresas.
El diputado Pimentel agregó que, si ese sector quiere contar con mayor seguridad jurídica, podría apoyar que sus convenios fuesen avalados por el Congreso.
Además de la modificación de las reglas, la comisión pretende que los contratos se ciñan al artículo 59 de la CPE, que establece que los contratos para la explotación de recursos naturales deben ser aprobados por el Congreso, requisito que no se cumplió antes.
El asesor de la Federación de Cooperativas Mineras, Ramiro Paredes, señaló que el gremio rechazó el proyecto que se impulsa en Diputados porque generará inseguridad. Recordó que el rubro ya realizó inversiones y trabajos en las áreas que les fueron arrendadas y anunció que un cambio como el que se propone significaría cederle al Estado el 50 por ciento de la producción y de las ganancias.
El secretario ejecutivo de la minería mediana, Marco Antonio Calderón de la Barca, dijo que la entidad no emitirá una opinión sobre los ajustes que se pretenden encarar para no perjudicar las negociaciones.
Empresas grandes y unipersonales controlan concesiones
Las grandes empresas y las de carácter unipersonal controlan el 86,1 por ciento de las concesiones mineras otorgadas por el Estado.
Según datos del Servicio Geológico y Técnico de Minas (Sergeotecmin) al 2007, las compañías de la minería mediana poseen propiedades que ocupan 952.401 hectáreas, 37,32 por ciento de la superficie entregada.
Las unipersonales tienen 1.245.707 hectáreas (48,81 por ciento).
La Corporación Minera de Bolivia (Comibol), por su lado, tiene bajo su poder 325.176 hectáreas (12,74 por ciento de las concesiones). A las cooperativas se les entregaron 28.987 hectáreas (1,14 por ciento de la superficie).
Según Sergeotecmin, la extensión ocupada por las concesiones mineras asciende a 2.552.271 hectáreas, que cubren apenas el 2,32 por ciento del territorio nacional. Las propiedades son dotadas bajo la figura de cuadrículas.
El aporte del sector en el primer trimestre de 2008
El valor de la producción minera llegó a 504,5 millones de dólares hasta marzo.
La minería mediana obtuvo 313,1 millones de dólares por este concepto.
La minería chica y las cooperativas ganaron 158,7 millones de dólares.
La Comibol generó un ingreso por su producción de 32,7 millones de dólares.
Las exportaciones llegaron a 433,3 millones de dólares, 61,7% más que en 2007.
El sector más exportador es la minería mediana con 278,6 millones de dólares.
El Estado recibió por el Impuesto Complementario Minero $us 22,7 millones.
Los medianos pagaron 15,3 millones, los chicos y cooperativas 5,7 millones por ICM.
Mina Bolívar
Su operadora es la empresa Sinchi Wayra, filial de la transnacional suiza Glencore Internacional.
Hasta 2005, el yacimiento era explotado por la Compañía Minera del Sur.
La empresa tiene un contrato de riesgo compartido con la Comibol.
La empresa exportó el año pasado (datos a septiembre) 689 toneladas de zinc.
Las ventas de plata fueron 7,5 toneladas.
Es la mina que tiene mayor potencial en reservas de zinc, plomo y plata.
El Gobierno, hace un par de meses, informó que en esta mina y en Colquiri y Porco se encontró el mineral indio en los concentrados de zinc.
Mina Colquiri Mina Colquiri
Su operadora es la empresa Sinchi Wayra, filial de la transnacional suiza Glencore Internacional.
Hasta 2005, el yacimiento era explotado por la Comsur.
La empresa tiene un contrato de arrendamiento con la Comibol.
La empresa exportó el año pasado (datos a septiembre) 11.630 toneladas de zinc.
Las exportaciones de estaño alcanzaron las 97 toneladas.
No llegó a vender plata, tiene poco.
Es una mina importante, pero sus reservas de zinc contienen estaño y la separación tiene una mayor costo.
El Estado quiere ajustar su contrato.
Porco
Su operadora es la empresa Sinchi Wayra, filial de la transnacional suiza Glencore Internacional. Hasta 2005, el yacimiento era explotado por la Comsur.
No se dispone de datos de la exportación de 2007. Pero la mina produce zinc, plata y plomo.
Las ventas totales de Sinchi Wayra alcanzaron las 64.643 toneladas de zinc.
Las exportaciones de plata de Sinchi Wayra fueron de 128 toneladas; las ventas de plomo, de 4.700 toneladas.
En las tres minas, Sinchi Wayra invirtió
40 millones de dólares desde que se hizo cargo en 2005.
La empresa controla el 47 por ciento de las exportaciones de minerales.
San Vicente
Su operadora es la empresa canadiense Panamerican Silver que tiene un contrato de riesgo compartido. Según la Comisión de Desarrollo Económico de Diputados el contrato no tiene base legal.
El 2007 hasta septiembre la empresa comercializó 226 toneladas de zinc
La inversión que realizó la empresa canadiense se estima entre 15 a 20 millones de dólares.
Tiene contenidos de plata, zinc, plata y cobre. Sus reservas probables y probadas se estiman en 3,058,185.00
El tonelaje anteriormente citado, permite efectuar una operación minera de 750 toneladas de capacidad de tratamiento por dÌa, durante 13 años.
Concesiones por año
AÑO N° Concesiones Hectáreas
1997 8.651 4.767.191
1998 6.918 3.749.186
1999 5.971 2.628.636
2000 5.271 1.348.641
2001 4.887 946.671
2002 4.560 600.501
2003 4.426 563.512
2004 4.352 556.114
2005 4.302 550.039
2006 4.279 545.786
2007 4.179 533.325
Exportaciones
Al primer trimestre de 2008
(en millones de dólares)
Zinc 74.698.582 KF 179.987.840
Estaño 3.353.098 KF 56.349.348
Oro 1.273 KF 36.922.165
Plata 191.606 KF 101.961.156
Plomo 12.874.127 36.895.432
Cobre 167.019 1.242.668
Antimonio 1.214.669 6.938.052
Wólfram 354.484 5.581.885
Bismuto 11.306 342.732
Concesiones mineras por departamento
Departamento Pertenencias Cuadrículas Total hectáreas %
No. Extensión No. Extensión
Potosí 1.849 265.104.74 2.521 738.250 1.003.355 39,31
Santa Cruz 67 68.806.00 741 526.300 595.106 23,32
La Paz 1.025 101.018.70 1.521 372.900 473.919 18,57
Oruro 915 60.343.72 561 136.550 196.894 7,71
Cochabamba 179 26.164.73 439 122.650 148.815 5,83
Chuquisaca 73 5.067.52 335 51.100 56.168 2,20
Beni 0 0.00 74 42.675 42.675 1,67
Tarija 3 866.00 178 27.550 28.416 1,11
Pando 0 0.00 26 6.925 6.925 0,27
Total 4111 527.371.41 6.396 2.024.900 2.552.271 100
Porcentaje del total del territorio nacional concedido 2,32 por ciento
Precios promedio (en dólares)
2006 2007. 2008.
Zinc LF 0,61 1,66 1,10
Estaño LF 3,29 5,56 7,75
Plata OT 7,84 13,21 16,92
Oro OT 471,14 644,39 902,29
Plomo LF 0,47 0,79 1.29
Cobre LF 1,82 2,67 3,41
Antimonio ULF 5.058,27 5.510,42 5,718,08
Wólfram ULF 112,42 169,0 160,0
Bismuto LF 4,12 8,66 11,85
