Cortar el agua a los ingenios mineros sería un atentado a la economía regional de tal magnitud que la gente tendría que migrar a otras regiones del país como en los años 80.
Esa visión fue planteada por el presidente de la Asociación de Ingenios Mineros de Potosí (AIMP), Jaime Uzquiano, frente a planteamientos de diputados que piden cortar el agua a la única industria que tiene la Villa Imperial.
Uzquiano explicó ayer que la economía potosina todavía sigue siendo de enclave minero con incidencia en el proceso de explotación y recuperación de minerales a través de lo que ellos denominan "cadena productiva minera".
Se destacó que los ingenios mineros son los que recuperan los contenidos de mineral y exportan ese producto, generando recursos económicos que primero llegan a los que trabajan en las minas y luego a los municipios y gobernaciones (vía regalías mineras).
El dinero que perciben los involucrados en la minería se socializa diariamente porque cada trabajador y su familia recurren a la tienda de barrio o mercado para procurarse de los bienes básicos, así como transporte y otros.
Las minas, ingenios, concentradores de carga y transportistas consumen agua, electricidad, gas y otros por lo cual cancelan montos superiores a los de la población. En el caso del agua, ellos cubrirían el 60 por ciento de los ingresos de la Adminiatración Autónoma para Obras Sanitarias (Aapos), subvencionando el servicio que recibe la población.
CORTE DEL AGUA
Los dueños de los ingenios negaron que el ministro de Minería, César Navarro, haya instruido el corte del agua, sino que son algunos oficialistas y opositores quienes piden que se corte este recurso, sin tomar en cuenta los efectos que traería esa medida.
La AIMP destacó que en todo el mundo, las empresas reciben los servicios de los operadores y pagan por ello, generando a la vez fuentes de empleo y beneficios a través de impuestos y regalías y no pueden ellos perforar pozos o buscar agua como fue planteado porque ello demuestra que no se conce el efecto que traería esa acción.
La crisis de los años 80
El 24 de octubre de 1985 se declaró la insolvencia del Consejo Internacional del Estaño, que incrementando compras de estaño para su reserva de estabilización, hizo subir su precio. La insolvencia derrumbó su precio y fue en Bolivia el fin de esta era iniciada a principios del siglo XX. El presidente Víctor Paz, en un mensaje a la Nación, dijo que cada libra de estaño se producía en $us 10, pero se vendía en 2,48.
Paz Estenssoro implementó la “relocalización” que era el despido de los trabajadores de las minas estatales, lo cual generó una migración nunca antes vista.
En la ciudad de Potosí, casas del centro histórico eran rematadas en 40 mil dólares. Fue anecdótico que en los anuncios de venta se destacara que al comprador se le daría “de yapa” una línea telefónica.
La ciudad de Potosí se despobló y sus habitantes se fueron a Sucre y Cochabamba, fundamentalmente así como a otras regiones del país e incluso al exterior.
La paralización de la minería afectó la economía. Los comerciantes ya no vendían sus productos y no había pasajeros para los taxis, incluso las panaderías llegaron a cerrar sus puertas.
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