Cámara de Minería
El sector de la minería chica, que viene siendo víctima de los avasallamientos por parte de los grupos delincuenciales, se ve reducido y perjudicado en su capacidad de producción, manifestó el presidente de la Cámara de Minería, Gonzalo Quintela.
Indicó que los damnificados que recurren a la autoridad llamada por ley no obtienen resoluciones favorables, pues no existe una autoridad policial o prefectural que ejecute esa orden, quedando los delitos en la impunidad.
“Dentro de ese actual caos, en el que se encuentra sumido la Minería Chica desarrolla sus labores productivas sin recibir ningún apoyo gubernamental, por el contrario se ha modificado la parte tributaria en perjuicio nuestro colocándonos en igualdad de condiciones que la Gran Minería”, aseveró.
Mencionó que el gobierno con ese tipo de actitudes pretende por todos los medios liquidar sus operaciones mineras.
“Resulta paradójico que e increíble que el Tribunal Constitucional hubiera dictado la sentencia del 10 de mayo de 2006 que prácticamente liquida el derecho concesionario minero vigente en el país desde la fundación de la república y vigente en la actualidad en todas las legislaciones de los estados democráticos del mundo, incluyendo Venezuela y Cuba”, indicó.
Manifestó que esa resolución ha dado lugar a un proyecto de ley de José Pimentel aprobado en la Cámara de Diputados y a su revisión en la Cámara de Senadores.
TRIBUTACIONES
“La forma enrevesada de la reforma tributaria minera que viene dando lugar a entredichos de funcionarios de gobierno, que repiten que los nuevos tributos se dirigen a la minería privada, marginando de su aplicación al cooperativismo minero, resulta un contrasentido toda vez que el pago de impuestos es obligatorio para todos, por lo que, la defensa frente a esa acometida debe hacerse unida al sector minero”, aseguró Quintela.
El sector de la minería chica, que viene siendo víctima de los avasallamientos por parte de los grupos delincuenciales, se ve reducido y perjudicado en su capacidad de producción, manifestó el presidente de la Cámara de Minería, Gonzalo Quintela.
Indicó que los damnificados que recurren a la autoridad llamada por ley no obtienen resoluciones favorables, pues no existe una autoridad policial o prefectural que ejecute esa orden, quedando los delitos en la impunidad.
“Dentro de ese actual caos, en el que se encuentra sumido la Minería Chica desarrolla sus labores productivas sin recibir ningún apoyo gubernamental, por el contrario se ha modificado la parte tributaria en perjuicio nuestro colocándonos en igualdad de condiciones que la Gran Minería”, aseveró.
Mencionó que el gobierno con ese tipo de actitudes pretende por todos los medios liquidar sus operaciones mineras.
“Resulta paradójico que e increíble que el Tribunal Constitucional hubiera dictado la sentencia del 10 de mayo de 2006 que prácticamente liquida el derecho concesionario minero vigente en el país desde la fundación de la república y vigente en la actualidad en todas las legislaciones de los estados democráticos del mundo, incluyendo Venezuela y Cuba”, indicó.
Manifestó que esa resolución ha dado lugar a un proyecto de ley de José Pimentel aprobado en la Cámara de Diputados y a su revisión en la Cámara de Senadores.
TRIBUTACIONES
“La forma enrevesada de la reforma tributaria minera que viene dando lugar a entredichos de funcionarios de gobierno, que repiten que los nuevos tributos se dirigen a la minería privada, marginando de su aplicación al cooperativismo minero, resulta un contrasentido toda vez que el pago de impuestos es obligatorio para todos, por lo que, la defensa frente a esa acometida debe hacerse unida al sector minero”, aseguró Quintela.
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