Ante la expectativa de sectores mineros
• El proyecto de nueva Ley de Minería de Ecuador será entregado al presidente de la República Rafael Correa, hoy 27 de junio, el documento fue elaborado por el ministerio de Minas y Petróleo.
El sector minero del país trabajó con la secretaría de Estado con el fin de entregar la información adecuada sobre el tema y para aportar en la implementación y el desarrollo del nuevo marco jurídico.
Javier Cruz, director de la Cámara de Minería del Ecuador, explicó que no conocen el documento final que irá a la Presidencia de la República, pero esperan que contenga los argumentos dados.
El objetivo es que el marco jurídico beneficie al Estado, a las comunidades, al país y a las empresas internacionales que le apuestan al país.
Hace poco el ministro de Minas y Petróleo, Galo Chiriboga, admitió el retraso en la presentación del proyecto de Ley, que debía estar listo para fines de mayo y explicó que pretenden “impulsar la actividad minera, pero con criterios ambientales y económicos; para que la riqueza favorezca las zonas donde operan las compañías mineras”.
Cruz, destacó las millonarias inversiones que realizan los países de la región en minería y cree que debe ser un ejemplo para Ecuador. “Chile invertirá 4.800 millones de dólares en ampliar la mina andina”, dijo.
Si en el país se desarrollan los proyectos previstos por las empresas Ecuacoriente y Aurellian, solo para la fase inicial se necesitarán 2.100 millones de dólares, esto generará 2.500 plazas de trabajo directas.
Según el experto, el proceso de “maduración” de la industria minera en Ecuador será de 10 años, tiempo en el cual se crearán 100.000 plazas de trabajo. Según dijo en Ecuador la industria minera “responsable y formal” está recién empezando, y es necesario hacerlo bien porque la minería causa impactos.
El temor radica en los daños provocados en las minas de materiales pétreos, que han depredado el medio ambiente y han contaminado, sin ninguna remediación.
Cruz afirma que la actividad debe ser monitoreada y controlada a nivel nacional por la “empresa minera estatal”, para que en el país se cumpla lo que determina la norma.
La actividad está controlada también por el ministerio de Ambiente que exige importantes garantías para aprobar el “estudio de impacto ambiental” y si no se cumplen los parámetros las garantías son “efectivizadas” y se retira la concesión.
Según Cruz, “las garantías debe darles el Estado y a la vez debe exigirlas a las mineras” porque para ellas este es “un tema moral”. Pero en el país “no existe un buen sistema de control y monitoreo que ejecute las garantías”.
La Cámara de la Minería realiza convenios con Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) internacionales, para desarrollar planes de veeduría a fin de que las comunidades reciban lo que les ofrecen las empresas y pidan lo que realmente necesitan.
• El proyecto de nueva Ley de Minería de Ecuador será entregado al presidente de la República Rafael Correa, hoy 27 de junio, el documento fue elaborado por el ministerio de Minas y Petróleo.
El sector minero del país trabajó con la secretaría de Estado con el fin de entregar la información adecuada sobre el tema y para aportar en la implementación y el desarrollo del nuevo marco jurídico.
Javier Cruz, director de la Cámara de Minería del Ecuador, explicó que no conocen el documento final que irá a la Presidencia de la República, pero esperan que contenga los argumentos dados.
El objetivo es que el marco jurídico beneficie al Estado, a las comunidades, al país y a las empresas internacionales que le apuestan al país.
Hace poco el ministro de Minas y Petróleo, Galo Chiriboga, admitió el retraso en la presentación del proyecto de Ley, que debía estar listo para fines de mayo y explicó que pretenden “impulsar la actividad minera, pero con criterios ambientales y económicos; para que la riqueza favorezca las zonas donde operan las compañías mineras”.
Cruz, destacó las millonarias inversiones que realizan los países de la región en minería y cree que debe ser un ejemplo para Ecuador. “Chile invertirá 4.800 millones de dólares en ampliar la mina andina”, dijo.
Si en el país se desarrollan los proyectos previstos por las empresas Ecuacoriente y Aurellian, solo para la fase inicial se necesitarán 2.100 millones de dólares, esto generará 2.500 plazas de trabajo directas.
Según el experto, el proceso de “maduración” de la industria minera en Ecuador será de 10 años, tiempo en el cual se crearán 100.000 plazas de trabajo. Según dijo en Ecuador la industria minera “responsable y formal” está recién empezando, y es necesario hacerlo bien porque la minería causa impactos.
El temor radica en los daños provocados en las minas de materiales pétreos, que han depredado el medio ambiente y han contaminado, sin ninguna remediación.
Cruz afirma que la actividad debe ser monitoreada y controlada a nivel nacional por la “empresa minera estatal”, para que en el país se cumpla lo que determina la norma.
La actividad está controlada también por el ministerio de Ambiente que exige importantes garantías para aprobar el “estudio de impacto ambiental” y si no se cumplen los parámetros las garantías son “efectivizadas” y se retira la concesión.
Según Cruz, “las garantías debe darles el Estado y a la vez debe exigirlas a las mineras” porque para ellas este es “un tema moral”. Pero en el país “no existe un buen sistema de control y monitoreo que ejecute las garantías”.
La Cámara de la Minería realiza convenios con Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) internacionales, para desarrollar planes de veeduría a fin de que las comunidades reciban lo que les ofrecen las empresas y pidan lo que realmente necesitan.
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