A decir del ex ministro de Minería Dionisio Garzón, para que aumenten la inversión y la producción el país deberá definir urgentemente si quiere hacer minería de clase mundial o mantener el protagonismo de los sectores pequeños y cooperativas.
Garzón agrega que uno de los problemas que seguirá dando dolores de cabeza al Ejecutivo, este año, será el conflicto entre pueblos originarios y operadores mineros, a causa de la política gubernamental para la administración del suelo y subsuelo que quedó plasmada en el texto constitucional del oficialismo.
¿Qué evaluación puede realizar respecto al desempeño de la minería durante el 2007?
El sector mantuvo un ritmo más bien estático en cuanto a niveles de producción, habiéndose registrado una disminución importante para el oro, la plata, el estaño y en menor grado para el zinc. La puesta en marcha del megaproyecto minero San Cristóbal, que empezó a producir concentrados de plomo, plata y zinc en el tramo final del año, sería la buena nueva más importante, como herencia de más de una década de inversión privada en exploración y desarrollo.
La luz verde para el contrato de explotación del Mutún es otro punto importante, aunque a la fecha, sólo son papeles y buenas intenciones. Puesto que el valor de las exportaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), estará alrededor de los $us 1.000 millones, la crisis estructural del sector, de estancamiento productivo, inseguridad jurídica, incertidumbre e informalidad, ha desalentado nuevas inversiones. Al margen de San Cristóbal, San Bartolomé y San Vicente, la carpeta de nuevos emprendimientos no parece que vaya a generar novedades en el corto y mediano plazo.
¿Cuáles fueron las acciones más importantes que han quedado pendientes para este año?
La definición de las nuevas reglas de juego. Aunque se aprobó la Ley 3787 sobre el régimen impositivo, las otras modificaciones al Código Minero contenidas en el decreto 29117 sobre la reserva fiscal minera, las nuevas atribuciones de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y el tema de las utilidades generadas por nuevos emprendimientos que deberían ser compartidas entre las empresas y la estatal minera, no tienen a la fecha una clara reglamentación y el rango de ley pertinente y penden como amenazas de endurecimiento estatal.
De manera particular, el tratamiento de la reserva fiscal y de las utilidades debería discutirse detalladamente con los operadores mineros. El no hacerlo paralizará la generación de nuevos proyectos mineros, sobre todo aquellos de exploración.
Si bien la Ley 3787 genera un “government take” importante, el casarlo con otras medidas de tinte rentista y eliminar el régimen de concesiones anulará la exploración por la reducida capacidad del Estado para encarar estas tareas y, además, por la baja competitividad que estas reglas generan para el país a nivel internacional.
¿Qué expectativas se tienen ahora que se ha protocolizado el contrato para la explotación del hierro del Mutún?
Toda definición de encarar un nuevo proyecto minero genera el natural optimismo de “moros y cristianos”.
Si se concreta la inversión de $us 2.100 millones, la generación de 4.000 empleos directos y 12.000 indirectos y el impulso económico que toda operación minera genera, habrá razones para la generación de importantes expectativas. El paso importante y fundamental, sin embargo, es siempre el pasar del papel a la acción.
¿Qué inconvenientes tendrán que ser superados antes de que la empresa Jindal comience a operar en el Mutún?
Yo veo dos aspectos básicos a solucionar. Uno, es la evaluación de reservas y, el segundo, es el tema de la licencia ambiental.
En el primer caso, si bien el Mutún es el quinto depósito de hierro del mundo, de su potencial de 40.000 millones de toneladas sólo se han evaluado 143 millones. Todo proyecto racional debe implicar necesariamente este tipo de evaluación. Y, por lo que se sabe del contrato, no está claro quién, cómo, cuándo y a qué precio se lo hará.
En el segundo punto, el proyecto se encuentra muy cerca a uno de los ecosistemas más delicados del planeta, como es el Pantanal, y en una zona fronteriza con Brasil. Esto representa una gran responsabilidad en la ejecución y monitoreo de los parámetros ambientales, lo cual obviamente obligará a un especial tratamiento de las licencias ambientales para cada etapa del proyecto. Ello ya se empezó a tratar desde gestiones anteriores.
¿Cómo se deberá resolver el tema de la reforma tributaria minera, ahora que el oficialismo aprobó un nuevo texto constitucional?
El tratamiento tributario y su modificación es potestad del Estado y se genera a través de leyes especiales como la Ley 3787 y no se contrapondrá a lo que estipule en materia minera el proyecto de texto constitucional.
Lo realmente delicado de este documento es el tratamiento que da al suelo y subsuelo, y sus relaciones con los pueblos originarios y comunidades.
Si bien se hace justicia, operativamente bloqueará cualquier iniciativa por el juego de intereses que origina entre comunidades, pueblos originarios, operadores mineros y Gobierno, como ya se está manifestando en la serie de tomas de minas en operación que ya suman decenas. Como en todo, el cómo se implementa una nueva regla de juego es lo más importante y tal parece que ello no se ha tomado en cuenta al elaborarla.
Ojalá y con suerte se pueda mejorar el enfoque en las etapas pendientes de trámite del proyecto de texto constitucional.
¿Qué medidas urgentes se deben encarar el 2008 para que la producción minera aumente y lleguen más inversiones?
Lo primero, deberá ser definir si como país, queremos hacer minería de clase mundial o si, por el contrario, cada vez más la pequeña minería y la minería cooperativa por el trato preferencial impositivo que tiene, ocuparán el escenario principal del sector.
En segundo lugar, hay que definir quién hará la exploración minera en el país. Con las normativas hasta ahora conocidas, debería ser el Estado a través del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin). Sin embargo, ¿tiene esta institución la capacidad económica y técnica para realizar esta tarea? ¿Habrá posibilidad de interactuar con la empresa privada en alguna forma?
Como tercer punto, se debe definir si los proyectos mineros actuales, incluido el Mutún —que difícilmente podrán operar con la carga adicional de coparticipación de utilidades—, tienen la posibilidad de negociar este aspecto para entrar en un nivel de racionalidad en el tratamiento de las inversiones.
Un siguiente aspecto debe ser la definición de la reglamentación de la reserva fiscal minera. Si no se determina racionalmente el levantamiento paulatino de áreas de interés prospectivo, las inversiones no vendrán.
En quinto lugar, se debe definir la política de aprovechamiento de los recursos minerales no metálicos, sobre todo aquellos contenidos en los salares del país.
“Lo más importante es cómo se implementa una nueva regla. Parece que ello no se tomó en cuenta al elaborar la CPE. ”
Garzón agrega que uno de los problemas que seguirá dando dolores de cabeza al Ejecutivo, este año, será el conflicto entre pueblos originarios y operadores mineros, a causa de la política gubernamental para la administración del suelo y subsuelo que quedó plasmada en el texto constitucional del oficialismo.
¿Qué evaluación puede realizar respecto al desempeño de la minería durante el 2007?
El sector mantuvo un ritmo más bien estático en cuanto a niveles de producción, habiéndose registrado una disminución importante para el oro, la plata, el estaño y en menor grado para el zinc. La puesta en marcha del megaproyecto minero San Cristóbal, que empezó a producir concentrados de plomo, plata y zinc en el tramo final del año, sería la buena nueva más importante, como herencia de más de una década de inversión privada en exploración y desarrollo.
La luz verde para el contrato de explotación del Mutún es otro punto importante, aunque a la fecha, sólo son papeles y buenas intenciones. Puesto que el valor de las exportaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), estará alrededor de los $us 1.000 millones, la crisis estructural del sector, de estancamiento productivo, inseguridad jurídica, incertidumbre e informalidad, ha desalentado nuevas inversiones. Al margen de San Cristóbal, San Bartolomé y San Vicente, la carpeta de nuevos emprendimientos no parece que vaya a generar novedades en el corto y mediano plazo.
¿Cuáles fueron las acciones más importantes que han quedado pendientes para este año?
La definición de las nuevas reglas de juego. Aunque se aprobó la Ley 3787 sobre el régimen impositivo, las otras modificaciones al Código Minero contenidas en el decreto 29117 sobre la reserva fiscal minera, las nuevas atribuciones de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y el tema de las utilidades generadas por nuevos emprendimientos que deberían ser compartidas entre las empresas y la estatal minera, no tienen a la fecha una clara reglamentación y el rango de ley pertinente y penden como amenazas de endurecimiento estatal.
De manera particular, el tratamiento de la reserva fiscal y de las utilidades debería discutirse detalladamente con los operadores mineros. El no hacerlo paralizará la generación de nuevos proyectos mineros, sobre todo aquellos de exploración.
Si bien la Ley 3787 genera un “government take” importante, el casarlo con otras medidas de tinte rentista y eliminar el régimen de concesiones anulará la exploración por la reducida capacidad del Estado para encarar estas tareas y, además, por la baja competitividad que estas reglas generan para el país a nivel internacional.
¿Qué expectativas se tienen ahora que se ha protocolizado el contrato para la explotación del hierro del Mutún?
Toda definición de encarar un nuevo proyecto minero genera el natural optimismo de “moros y cristianos”.
Si se concreta la inversión de $us 2.100 millones, la generación de 4.000 empleos directos y 12.000 indirectos y el impulso económico que toda operación minera genera, habrá razones para la generación de importantes expectativas. El paso importante y fundamental, sin embargo, es siempre el pasar del papel a la acción.
¿Qué inconvenientes tendrán que ser superados antes de que la empresa Jindal comience a operar en el Mutún?
Yo veo dos aspectos básicos a solucionar. Uno, es la evaluación de reservas y, el segundo, es el tema de la licencia ambiental.
En el primer caso, si bien el Mutún es el quinto depósito de hierro del mundo, de su potencial de 40.000 millones de toneladas sólo se han evaluado 143 millones. Todo proyecto racional debe implicar necesariamente este tipo de evaluación. Y, por lo que se sabe del contrato, no está claro quién, cómo, cuándo y a qué precio se lo hará.
En el segundo punto, el proyecto se encuentra muy cerca a uno de los ecosistemas más delicados del planeta, como es el Pantanal, y en una zona fronteriza con Brasil. Esto representa una gran responsabilidad en la ejecución y monitoreo de los parámetros ambientales, lo cual obviamente obligará a un especial tratamiento de las licencias ambientales para cada etapa del proyecto. Ello ya se empezó a tratar desde gestiones anteriores.
¿Cómo se deberá resolver el tema de la reforma tributaria minera, ahora que el oficialismo aprobó un nuevo texto constitucional?
El tratamiento tributario y su modificación es potestad del Estado y se genera a través de leyes especiales como la Ley 3787 y no se contrapondrá a lo que estipule en materia minera el proyecto de texto constitucional.
Lo realmente delicado de este documento es el tratamiento que da al suelo y subsuelo, y sus relaciones con los pueblos originarios y comunidades.
Si bien se hace justicia, operativamente bloqueará cualquier iniciativa por el juego de intereses que origina entre comunidades, pueblos originarios, operadores mineros y Gobierno, como ya se está manifestando en la serie de tomas de minas en operación que ya suman decenas. Como en todo, el cómo se implementa una nueva regla de juego es lo más importante y tal parece que ello no se ha tomado en cuenta al elaborarla.
Ojalá y con suerte se pueda mejorar el enfoque en las etapas pendientes de trámite del proyecto de texto constitucional.
¿Qué medidas urgentes se deben encarar el 2008 para que la producción minera aumente y lleguen más inversiones?
Lo primero, deberá ser definir si como país, queremos hacer minería de clase mundial o si, por el contrario, cada vez más la pequeña minería y la minería cooperativa por el trato preferencial impositivo que tiene, ocuparán el escenario principal del sector.
En segundo lugar, hay que definir quién hará la exploración minera en el país. Con las normativas hasta ahora conocidas, debería ser el Estado a través del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin). Sin embargo, ¿tiene esta institución la capacidad económica y técnica para realizar esta tarea? ¿Habrá posibilidad de interactuar con la empresa privada en alguna forma?
Como tercer punto, se debe definir si los proyectos mineros actuales, incluido el Mutún —que difícilmente podrán operar con la carga adicional de coparticipación de utilidades—, tienen la posibilidad de negociar este aspecto para entrar en un nivel de racionalidad en el tratamiento de las inversiones.
Un siguiente aspecto debe ser la definición de la reglamentación de la reserva fiscal minera. Si no se determina racionalmente el levantamiento paulatino de áreas de interés prospectivo, las inversiones no vendrán.
En quinto lugar, se debe definir la política de aprovechamiento de los recursos minerales no metálicos, sobre todo aquellos contenidos en los salares del país.
“Lo más importante es cómo se implementa una nueva regla. Parece que ello no se tomó en cuenta al elaborar la CPE. ”
No hay comentarios:
Publicar un comentario