La notoria disminución del precio de los minerales, la falta de mercado para la producción y la inseguridad jurídica que genera el Gobierno nacional generan un "negro" panorama para la actividad minera, según sostiene el ex prefecto del Departamento y consultor en minería, Douglas Davis.
Para el entrevistado, es necesario que las autoridades nacionales tomen en cuenta que la minería es una actividad que está sujeta a un conjunto de factores como las cotizaciones que en el último tiempo están en claro descenso.
Asimismo, advierte que no hay ningún fondo para acceder a financiamiento para la actividad productiva minera pues es más fácil acceder a un crédito para vender papas que para preparar una mina.
A esos factores se suman la incertidumbre que generan los operadores políticos del gobierno que cada semana anuncian reajustes tributarios o políticas de nacionalización de los yacimientos mineros.
También detalla que la prédica de tierra y territorio para los campesinos se convirtió en un factor de inestabilidad de las operaciones productivas pues, aunque esas normas no están en vigencia, los campesinos se reclaman dueños de la tierra, los recursos naturales y el propio aire que existe en su región.
Lo último está en el proyecto de Constitución Política del Estado, aprobada en Oruro, en la que definen la recuperación de las concesiones mineras para que en el futuro se firmen contratos de riesgo compartido con el Estado bajo el sistema del 50/50.
Todos esos factores estarían configurando las condiciones para que se paralice la actividad minera y que en poco tiempo se cierren las minas con los consecuentes efectos como la pérdida de fuentes laborales y los 170 millones de dólares anuales que se genera cada año para las prefecturas.
Quieren el 50 por ciento
Davis indica que las autoridades nacionales postulan la participación estatal en el orden del 50 por ciento sin tomar en cuenta las condiciones que existen para generar producción minera.
Remarca que por cada operación minera que logra éxito, ocho van al fracaso debido a diferentes factores entre los que destacan la falta de vías de acceso y la intervención de los comunarios en la actividad productiva.
Las autoridades del área minera quieren que el Estado perciba el 50 por ciento de la ganancia sin ver que el empresario muchas veces trabaja con créditos y el dinero que le queda sólo serviría para cumplir esa obligación.
La visión del ex prefecto es compartida por dirigentes de los subsectores mineros que perciben que, en caso de consolidarse la propuesta gubernamental, se dejará a la minería en estado de coma y a punto de colapsar.
Exportación
Se estima que esta gestión las ventas de minerales al exterior estarán en el orden de los mil millones de dólares, según las entidades encargadas del control económico.
De ese total, el Departamento de Potosí aporta aproximadamente el 60 por ciento ya que se trata del principal centro de producción.
Los empresarios mineros sostienen que, en el caso de Potosí, la totalidad de la producción proviene de iniciativas privadas, especialmente de cooperativistas y mineros chicos y medianos ya que los proyectos de la gran minería recién están en la etapa previa a la producción y podrían comenzar a operar este año.
Para el entrevistado, es necesario que las autoridades nacionales tomen en cuenta que la minería es una actividad que está sujeta a un conjunto de factores como las cotizaciones que en el último tiempo están en claro descenso.
Asimismo, advierte que no hay ningún fondo para acceder a financiamiento para la actividad productiva minera pues es más fácil acceder a un crédito para vender papas que para preparar una mina.
A esos factores se suman la incertidumbre que generan los operadores políticos del gobierno que cada semana anuncian reajustes tributarios o políticas de nacionalización de los yacimientos mineros.
También detalla que la prédica de tierra y territorio para los campesinos se convirtió en un factor de inestabilidad de las operaciones productivas pues, aunque esas normas no están en vigencia, los campesinos se reclaman dueños de la tierra, los recursos naturales y el propio aire que existe en su región.
Lo último está en el proyecto de Constitución Política del Estado, aprobada en Oruro, en la que definen la recuperación de las concesiones mineras para que en el futuro se firmen contratos de riesgo compartido con el Estado bajo el sistema del 50/50.
Todos esos factores estarían configurando las condiciones para que se paralice la actividad minera y que en poco tiempo se cierren las minas con los consecuentes efectos como la pérdida de fuentes laborales y los 170 millones de dólares anuales que se genera cada año para las prefecturas.
Quieren el 50 por ciento
Davis indica que las autoridades nacionales postulan la participación estatal en el orden del 50 por ciento sin tomar en cuenta las condiciones que existen para generar producción minera.
Remarca que por cada operación minera que logra éxito, ocho van al fracaso debido a diferentes factores entre los que destacan la falta de vías de acceso y la intervención de los comunarios en la actividad productiva.
Las autoridades del área minera quieren que el Estado perciba el 50 por ciento de la ganancia sin ver que el empresario muchas veces trabaja con créditos y el dinero que le queda sólo serviría para cumplir esa obligación.
La visión del ex prefecto es compartida por dirigentes de los subsectores mineros que perciben que, en caso de consolidarse la propuesta gubernamental, se dejará a la minería en estado de coma y a punto de colapsar.
Exportación
Se estima que esta gestión las ventas de minerales al exterior estarán en el orden de los mil millones de dólares, según las entidades encargadas del control económico.
De ese total, el Departamento de Potosí aporta aproximadamente el 60 por ciento ya que se trata del principal centro de producción.
Los empresarios mineros sostienen que, en el caso de Potosí, la totalidad de la producción proviene de iniciativas privadas, especialmente de cooperativistas y mineros chicos y medianos ya que los proyectos de la gran minería recién están en la etapa previa a la producción y podrían comenzar a operar este año.
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