martes, 1 de noviembre de 2016

De nacionalizar a privatizar

Más de medio siglo, que ya es bastante, mejor contar los años justos que son 64, que marcaron huella en la historia de nuestra minería y sellaron la inquietud por alcanzar la industrialización de nuestros concentrados, dar paso a la fundición de minerales, una decisión que tardó casi dos décadas para convertirse en realidad y erigir la Empresa Nacional de Fundiciones (Enaf), la primera metalúrgica estatal.

Muchas trabas pretendieron desnaturalizar el sentido revolucionario de la nacionalización de las minas, además de liquidar o en el mejor de los casos arrinconar a la estatal minera, Comibol, que perdió fuerza al disminuir su capacidad económica y las posibilidades para obtener más recursos.

Una serie de hechos fueron parte de la azarosa vida de la institucionalidad minera, enfrentamientos con saldo de víctimas, como la masacre de San Juan y otros actos de reclamos laborales que fueron calmados con drásticas medidas como el despido masivo de trabajadores, cuando el precio del estaño se derrumbó "hasta el suelo" y solo muy pocos se aferraron luego a la continuidad en la minería con el establecimiento de las primeras cooperativas.

Políticamente tenía que aplicarse medidas de emergencia para conjurar una situación económica extremadamente delicada, es cuando el mismo mandatario que aplicó la nacionalización se ve obligado a "desnacionalizar" este sistema productivo aplicando el tan mentado Decreto Supremo 21060, imborrable por sus efectos. Como recuerdan los analistas, Paz Estenssoro utilizando la misma mano que firmó el DS de nacionalización, también firmo el DS "desnacionalizador", cediendo paso a la privatización de algunas minas y reduciendo a la mínima expresión las atribuciones de la Comibol, que se convirtió en una dependencia de tareas meramente administrativas, aunque como tal aún sirve para sostener una planta burocrática, que en función al pedido de los mineros asalariados, debe reestructurarse en base a la vigencia de un equipo técnico profesional, que defina la política nacional minera, la estrategia productiva en base a tecnología de punta y celosa supervisión de entendidos en la materia, dedicados a "tiempo completo" a reactivar y mantener vigente el más alto nivel de productividad, debidamente respaldado por una Ley Minera, actualizada, reglamentada y que sea garantía para desarrollar los nuevos desafíos de inversiones en el sector.

El proceso de nacionalización, más allá de su sentido patriótico de preservar la riqueza nacional, debería servir también para fomentar el crecimiento sectorial minero y metalúrgico, tomando en cuenta un hecho importante que corresponde a situar a la minería, una vez más, en el sitial de "soporte y sostén" de la futura economía nacional, que como se sabe, deberá cubrir paulatinamente una lógica declinación del uso de nuestros recursos hidrocarburíferos, por lo mismo su cuidado en el tiempo presente es de vital importancia, repitiendo esa recomendación especial de "darle su tiempo" a la minería, desde la fase de exploración, prospección y explotación, que tratándose de emprendimientos de magnitud, precisa de años para que su rendimiento sea lo que se quiere, una fuente de ingresos seguros para el país, con nuevos empleos para miles de bolivianos.

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