Pasaron más de dos meses de los luctuosos hechos de Panduro, en que perdieron la vida el viceministro de régimen interior, Rodolfo Illanes y también cinco trabajadores mineros, a consecuencia del conflicto generado por medidas de presión de los cuentapropistas mineros, rechazando algunos cambios que debían implementarse en el desarrollo de las actividades mineras de cooperativas.
El asunto terminó con los lamentables hechos que obligaron a la aplicación de severas medidas dictadas por el Gobierno, con un paquete de decretos que cambiarán las casi regulares tareas del cooperativismo minero. Desde entonces hay un distanciamiento entre los mineros de las cooperativas y las autoridades sectoriales de la minería. Los afectados se reagruparon, efectuaron un congreso de su sector y designaron a sus nuevos dirigentes nacionales, pues los que dirigieron el movimiento de presión fueron detenidos con fines de investigación.
Lo evidente es que esa "ruptura" de relaciones tenía que ser momentánea, pues en ambos casos mantener la separación resulta perjudicial, por un lado los mineros que deben adecuarse a las normas dispuestas y por otro, aunque no se admite abiertamente el asunto, al gobierno le interesa recuperar su "amistad" con ese importante grupo, que trabajó como su aliado hasta el problema surgido.
Los nuevos dirigentes electos han reiniciado actividades buscando de inmediato un diálogo con el Gobierno, fueron escuchados por el ministro del ramo y se espera que puedan dialogar directamente con el Primer Mandatario, para exponer sus reclamos en relación al paquete de medidas que está en vigencia y obliga a los cooperativistas adecuar sus futuras acciones a las normas establecidas.
Hay algunos puntos que son más sensibles que otros en el futuro tratamiento con el Mandatario y las autoridades de minería, por ejemplo el caso de las reversiones de áreas mineras subarrendadas a privados, de las que se dice hay muchas que han estado funcionando en un modelo de sociedades pero irregulares. Hay que recordar que el punto de conflicto fue el rechazo de los cooperativistas empresarios a la sindicalización del personal que trabaja en esas entidades, ahora la alternativa es clara, o reconocen derechos laborales, alineándose como empresas mineras privadas o estarían prohibidos de tener personal asalariado.
Hay otras disposiciones más que deben cumplirse, como el pago o reconocimiento de orden tributario y pago de regalías como lo hacen los otros sectores de la minería, situación que no cumplían íntegramente las cooperativas.
De momento las cooperativas mineras mantienen sus actividades, con algunas limitaciones, especialmente las de orden socio laboral, y los trabajadores del sector esperan que reabriendo el diálogo con el Gobierno, puedan lograrse algunas modificaciones en los decretos, aspecto que en nivel oficial, sería retroceder en la reestructuración del sistema minero cooperativizado.
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