La apreciación se desprende de los resultados de una reunión que se cumplió a fines de la semana pasada entre el Primer Mandatario del país y la dirigencia de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Cochabamba y la de Kami, que se pronunciaron a favor de la repostulación del Presidente Morales para las elecciones del 2019.
En representación de la Fedecomin cochabambina, dirigentes de las cooperativas provinciales de ese distrito, abrieron un canal de acercamiento directo con el Gobierno, aprobando un apoyo del sector a la campaña a favor de la repostulación del Presidente, asumiendo responsabilidad para que los mineros cooperativistas apoyen el "proceso de cambio".
La decisión de momento responde a una posición unilateral, asumida por una federación departamental de cooperativistas mineros cuyos dirigentes acordaron tal medida sectorialmente, pero podría ser la "válvula" que abra una determinación por parte de otras federaciones, tal como comentaron los aliados de Kami.
No escapa a la memoria de los trabajadores mineros en general, que el enorme contingente de "cuentapropistas mineros", han sido desde hace años los más conspicuos aliados del proceso político gobernante, habiéndose beneficiado con una serie de medidas favorables al sostenimiento de las entidades que operaban hasta agosto pasado bajo el rótulo de cooperativas, pero que en realidad cumplían sus labores como empresas medianas y chicas, la mayoría trasgrediendo diversas disposiciones laborales en vigencia.
En agosto una decisión gubernamental para reformar la Ley de Cooperativas de modo que los trabajadores asalariados de esas organizaciones puedan gozar de todos los beneficios sociales, empezando por el derecho de sindicalización, desató el rechazo de los "empresarios cooperativistas", medida que se convirtió más adelante en un conflicto con un lamentable saldo de víctimas fatales, como la muerte de un viceministro de Estado y de cinco trabajadores mineros, además de la detención de por lo menos una docena de los más connotados dirigentes del sistema cooperativo minero.
Frente a los lamentables hechos, el Gobierno aprobó un "paquete de medidas" para reestructurar el funcionamiento de las cooperativas mineras, lo que distanció aún más a los cooperativistas en sus relaciones con el Gobierno. En algún momento incluso se habló de un rompimiento de relaciones, lo que no se dio por la oportuna acción conciliadora de dirigentes que quedaron "visibles" para reactivar el diálogo con el Gobierno, después de un ampliado nacional que aprobó la búsqueda de diálogo y concertación con el Primer Mandatario, en pos de lograr algunas modificaciones al paquete de normas que están vigentes.
Adecuación a la ley
Para expertos y analistas de la actividad minera nacional, no se presentan muchas alternativas de negociación que "salten" sobre las medidas dictadas, entendiendo que desde el ministerio de minería, se explicó que "las disposiciones deben ser cumplidas" en todas las instancias, se trata de buscar una adecuación a las leyes.
Los analistas coinciden en señalar que "apegarse a la ley será el mejor camino para que las cooperativas mineras reencuentren el diálogo con la administración del Presidente Morales". Se insiste en que la mejor manera para regularizar la actividad de las cooperativas, legalmente establecidas como tales y en esa medida en acatamiento a las normas dictadas después del conflicto de agosto y que obligan a ciertas modificaciones especialmente de administración socio laboral, situación que aún es resistida entre las agrupaciones que manejan algunos "socios capitalistas" y que tienen buen número de trabajadores, muchos en la actualidad sin trabajo fijo.
La situación actual del sector atraviesa por algunas contradicciones internas como la decisión de la Fedecomin de Cochabamba que decide unilateralmente un apoyo "político" a la repostulación del Presidente Morales, mientras que en otro nivel de la organización de cooperativas mineras, todavía se insiste en la posibilidad de lograr modificaciones en las disposiciones ya establecidas, bajo una alternativa de ruptura de la alianza política y la conformación de su "propio partido".
El tema observado en esa dimensión, seguramente causa preocupación en algún nivel del sistema político oficial, pues según los analistas, tal situación significaría un sacudón en el movimiento que implica por lo mínimo un apoyo de cien mil personas, traducidas en una cifra multiplicada de votos, aspecto que seguramente observarán con detenimiento en las esferas superiores del partido gobernante.
Operaciones de Comibol
Mientras tanto y en adecuación a las normativas vigentes, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), anunció a principios del pasado mes la realización de un estudio para desarrollar futuras operaciones mineras en las concesiones ubicadas en distintas partes del país que estaban en manos de las cooperativas mineras. Se trata del cumplimiento del D.S. 2891 (de reversión de concesiones) que permitió identificar 31 contratos de arrendamiento suscritos entre cooperativas y la Comibol y estos a su vez con empresas privadas nacionales o extranjeras, que el sentido de la disposición volverán a manos del Estado que a través del ministerio de área y la Comibol, establecerán proyectos sostenibles para el futuro.
Según el informe del presidente de la Comibol, se desarrollarán nuevos proyectos utilizando la "capacidad técnica" de la estatal minera, para crear fuentes generadoras de recursos económicos para los departamentos que cuentan con yacimientos que deben ser explotados.
En esa línea de acción se menciona la mina de oro de La Cruz en Santa Cruz, en Potosí se tenía programado el inicio de operaciones de la planta de Telamayu, en tanto que en La Paz se trabajará en el yacimiento de Concordia, y se dispondrán recursos y equipos para otras operaciones mineras, especialmente en el occidente boliviano, según el ejecutivo de la Comibol. De ese modo se reactivarán labores en algunos centros que eran controlados por cooperativistas mineros.
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