Colombia dio el primer paso en el Congreso para meter en cintura una actividad criminal que por años ha saqueado las finanzas territoriales e irrigado de sangre extensas zonas del país: la Comisión Primera del Senado dio el aval al proyecto que busca poner fin a la extracción ilícita de minerales, actividad que el año pasado movió unos $us 7 billones, una cifra muy superior a los $2 billones que obtuvo el narcotráfico.
La iniciativa se ha convertido en una política de Gobierno que involucra a cuatro ministerios: Defensa, Medio Ambiente, Minas y Energía, y Justicia. "La extracción ilícita de minerales claramente se está convirtiendo en una fuente de financiamiento para grupos armados, a tal punto que en muchos casos supera las finanzas que maneja el narcotráfico", dijo Aníbal Fernández de Soto, viceministro de Defensa.
La iniciativa "contempla duras penas por delitos correspondientes a la explotación ilícita de minerales", según Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), quien opina que esta es la herramienta para desestimular el creciente número de explotadores ilícitos del país.
"La explotación ilícita de yacimientos mineros se presenta en 25 departamentos, ya sea por explotación de oro, carbón o materiales de construcción. Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y el sur de Bolívar son los que sufren la mayor afectación ambiental y social, así como el involucramiento de grupos armados organizados y grupos de delincuencia organizada", se lee en la ponencia del proyecto hecha por el senador Eduardo Enríquez Maya. "El principal objetivo es endurecer las penas y crear una nueva figura delictiva con este propósito", dijo Enríquez Maya.
El proyecto contempla el aumento de las penas para los delitos asociados con la minería ilegal, sanciones que hoy son excarcelables. También se ataca la actividad como fuente para el lavado de activos y la asociación con la financiación del terrorismo, teniendo en cuenta que varios grupos armados reciben financiación de minería ilegal.
Para expertos como Guillermo Rudas, a pesar de que el Código Minero está vigente desde hace más de una década, la minería ilegal todavía contempla "una amplísima gama de tipos de minería que el Estado no ha podido precisar ni formalizar. Son los mineros tradicionales los que van a pagar las consecuencias de la indefinición de los últimos 10 años".
Rudas señala que casos como este prueban que "se está tratando de resolver el problema de ilegalidad sin tener en cuenta la falta de una política pública para legalizar la minería informal. Esta indefinición genera una criminalización de la pequeña minería".
La formalización minera está a cargo del Ministerio de Minas y Energía y, entre otras cosas, se busca mejorar el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom). Según cifras de la Agencia Nacional Minera, cuando se creó el Rucom había inscritos 4.000 barequeros y ahora ese número sobrepasa los 120.000. De estos, por lo menos 117.000 trabajan en la extracción de metales preciosos.
Aprovechando el avance del proyecto en el Senado, los congresistas Sergio Díaz-Granados (representante) y Andrés García (senador) presentaron una iniciativa contemplando que la maquinaria decomisada por actividades ilícitas como minería ilegal debe ser destinada a los municipios de baja categoría y a comunidades campesinas.
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