Lo que se ha planteado desde hace tiempo por parte de los dirigentes del sector de mineros asalariados para compensar la caída de los precios, es una total reestructuración de la estatal minera, para que recupere su condición de empresa productora que defina políticas mineras, que desarrolle planes de prospección y exploración de nuevos yacimientos y encare profesionalmente la explotación de nuevos yacimientos, lo que significará asegurar el empleo de los mineros, pero fundamentalmente abrir nuevas fuentes para centenares de trabajadores, lo que se traducirá en beneficios para el país y para regiones mineras.
El proyecto de decreto propuesto por el Gobierno se refiere al cambio de razón social de la estatal minera por Comibol Empresa Estratégica, que tendrá como sus afiliadas a las empresas mineras de Huanuni, Colquiri, Metalúrgica de Vinto, Coro Coro y Karachipampa, como está la actual Comibol, excepto el caso de los recursos evaporíticos y por lo que se observa el hierro del Mutún, pero según los dirigentes mineros además se basa en la Ley del Estatuto del Funcionario Público que nada tiene que ver con los trabajadores mineros que pertenecen al área de producción.
Por su parte, el ministro de minería, César Navarro, aseguró que con el proyecto de "refundación" de Comibol no se afecta ningún derecho de los trabajadores y por tanto no se justifica su rechazo.
Los trabajadores mineros de todos modos rechazaron el proyecto anticipando que "no negociarán esa iniciativa gubernamental". Lo que insisten además es que se presente un proyecto de reestructuración de la Comibol, para garantizar su operabilidad y una mejora sustancial en el movimiento de nuevos proyectos mineros, de los que no se cuenta ni uno sólo en los últimos años, ya que no han sido prospectados por falta de visión técnica profesional y provisión de recursos, manteniéndose por esfuerzo de los trabajadores los yacimientos tradicionales.
El titular de minería, por su lado, insiste en que "todos los trabajadores estarán sujetos a la Ley General del Trabajo y la nueva Comibol como empresa corporativa va a liderar y dirigir la cadena productiva, por lo tanto no se vulneran los derechos de los trabajadores. La autoridad añade que "ahora para dirigir la cadena productiva se llegará a la fase de la fundición y la industrialización", según remarcó César Navarro.
El problema está vigente y en ese sentido corresponde una solución concreta que defina la suerte de la estatal minera con nueva razón social, que de acuerdo no sólo a los trabajadores mineros asalariados, sino también en el criterio de expertos y analistas de la materia, el cambio de nombre es lo menos significativo del proceso que merece un proyecto de reestructuración administrativa y operativa que debe comenzar por cambiar su modelo burocrático, por otro enteramente técnico y con amplio respaldo profesional, pues se trata de encarar la reactivación minera nacional, en base a un proyecto delineado para que funcione la tan mentada "cadena productiva" minera.
Se entiende que lo prudente en el momento, es tomar definiciones que hagan factible el cambio estructural de la Comibol, que no necesita cambiar su razón social sino su organigrama operacional, para que genere y desarrolle proyectos en las amplias zonas mineralizadas que hay en el país y que necesitan de un trabajo técnico para convertirse en fuentes productivas.
El tiempo transcurrido para ejecutar la reestructuración de Comibol es altamente prolongado, por lo que ya no se justifican mayores dilaciones con motivaciones que están fuera de un contexto de orden legal para establecer las condiciones propicias a la reactivación minera, que en realidad es el objetivo del cambio, según lo expresan los entendidos.
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