Minera destinará Bs 4,8 MM a obras sociales y viales a favor de pobladores de Mapiri

La Delegación Defensorial de Yungas y la Unidad de Gestión Pacífica de la Conflictividad de la Defensoría gestionaron reuniones con las partes en conflicto en la ciudad de La Paz para buscar soluciones y viabilizar la atención de las demandas de los pobladores.

El 8 de diciembre y tras una marcha, los pobladores retuvieron al alcalde, Roberto Fernández, en demanda del cumplimiento de un pliego regional que exigía entre otros aspectos que la minera La Deseada deje de explotar áreas no autorizadas por el Gobierno. Se registraron enfrentamientos entre los pobladores y empleados mineros e incluso se tomó las instalaciones de la minera.

El Defensor David Tezanos Pinto llegó hasta Mapiri tras conocer los hechos. Tras una negociación de más de 14 horas con dirigentes cívicos, vecinales y representantes de La Deseada, el 9 de diciembre se abrió un camino para arribar a una solución y se pactó un nuevo encuentro que finalmente arribó a acuerdo final.

Entre varios puntos, la firma se comprometió a ejecutar proyectos sociales a favor de la población de Mapiri y el resarcimiento de daños ambientes causados por la actividad minera.

“En el marco de la política de responsabilidad social empresarial, La Deseada, invertirá 1,8 millones de bolivianos en obras que beneficiarán a seis zonas rurales de Mapiri, apoyo a mujeres barranquilleras y personas adultas mayores, inversión de 3 millones de bolivianos en el enlosetado de la avenida principal de la población”, prevé el acuerdo, según un boletín institucional.

“Instamos a honrar estas acciones acordadas porque de ellas dependería la tranquilidad de la comunidad, pues en tanto encontremos y avancemos en soluciones vamos a tener una convivencia pacífica”, demandó Tezanos Pinto, quien destacó la disponibilidad de la empresa para impulsar obras sociales a favor de ese municipio.

También se convino el respeto a los usos y costumbres de las comunidades, reponer y minimizar los daños agrícolas en las zonas rurales aledañas a la concesión minera y desarrollar proyectos para resarcir daños en unidades productivas.