Aunque es muy poco lo que ha pasado de la teoría a la práctica en materia de minería, pese a que el sector es considerado como uno de los principales en función productiva del país, coyunturalmente después del gas y con visos de recuperar su potencial, a través de una proyección técnica y financiera que debe desarrollarse en el objetivo de alcanzar metas concretas en función de la agenda 2025, en la actualidad aún se debate en un proceso de mucho ruido y pocas nueces…como refiere el dicho popular.
En el contexto de la "agenda económica nacional", nuestras autoridades apuestan por impulsar la minería, ratificando que junto a los hidrocarburos merecen atención especial, pues se trata de "importantes dinamizadores" del desarrollo del país. En los hechos es bueno reconocer que, posiblemente por la estrategia financiera que implica el sostenimiento de nuestra economía, el rubro hidrocarburífero y la exploración de nuevos pozos de gas, ocupan prioritariamente la atención del Gobierno, que dispone de una línea flexible y operativa para impulsar todas las alternativas que lleven a incrementar la producción de gas.
Empero en función de establecer medidas apropiadas para garantizar el funcionamiento del aparato estatal, no sólo en función de la agenda del 2025, sino en la perspectiva del desarrollo sostenible del país y cuando disminuyan las reservas gasíferas, porque ese fenómeno es natural, entonces tendremos que acudir a nuestra otra fuente de riqueza natural, como es la minería, que para entonces tendrá que estar respaldada por actividades de metalurgia y siderurgia en un proceso ya consolidado, supuestamente por la oportuna estructuración de una política minera, que impulse la prospección y exploración de nuevos yacimientos y que paralelamente tenga en funcionamiento las fundiciones necesarias para la obtención de productos metálicos con alto valor agregado y de mucha demanda en los mercados internacionales.
Parecería que también pasamos por el entusiasmo de buenas intenciones, cuando en realidad lo que pretendemos es motivar la responsabilidad de las actuales autoridades para poner en marcha una efectiva "reactivación minera", de manera que en casi una década sean habilitados nuevos centros mineros y su producción tratada industrialmente para la exportación, pero además para el fomento de otras industrias nacionales que utilicen nuestra materia prima metálica.
Se menciona repetitivamente que la minería de "gran escala", necesita fuertes inversiones y suficiente tiempo para concretar su habilitación productiva, por eso es que se insiste en la aplicación de medidas urgentes que comiencen el proceso generacional de la nueva minería y su industrialización, porque se trata de tiempo y de un soporte financiero adecuado que debería ser aprobado en función a la estrategia que se apruebe desde un organismo rector minero.
Si se pretende enrumbar la actividad minera y metalúrgica nacional hacia la agenda del 2025, no se puede seguir perdiendo el tiempo, con más ruido, se necesitan medidas silenciosas, pero prácticamente operativas.
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