Las diferentes oficinas departamentales de la Superintendencia de Minas debe ser la instancia correspondiente que se pronuncie sobre el avasallamiento a los yacimientos mineros en varias regiones del país.
La afirmación corresponde al jefe de la unidad de gestión social del ministerio de Minería y Metalurgia, Abenor Alfaro, quien aseguró que cuando existen ese tipo de problemas se busca el diálogo.
“No podemos actuar con violencia como lo hacían los gobiernos anteriores, entrando con la parte represiva, eso no nos corresponde a nosotros, hay las instancias respectivas como la superintendencia de minas que deben tomar la decisión correspondiente si es que hay un avasallamiento de sus propiedades”, señaló.
Durante la gestión pasada se denunciaron avasallamientos de varios yacimientos mineros en Oruro, La Paz y Potosí principalmente, lo que provocó enfrentamientos con comunarios e indígenas de las zonas mineras, por lo que las autoridades nacionales determinaron viabilizar el diálogo entre las partes en conflicto.
Explicó que existen algunas diferencias entre la toma de minas que han hecho algunos sectores indígenas y tras una negociación se llegó a un acuerdo para evitar mayores problemas.
Alfaro indicó que uno de los casos en los que se llegó a un acuerdo es Chacarrilla, donde la superintendencia puso sus buenos oficios y la concesión minera se revirtió al Estado de acuerdo al decreto del 1 de mayo de 2007.
“Ahora creo que lo que procede es que los mismos cooperativistas y los indígenas tienen que hacer nuevamente el trámite para reiniciar las labores de explotación de ese yacimiento minero.
La autoridad indicó que existe otro tipo de casos como por ejemplo de la mina de Amayapampa, donde se logró un acuerdo, aunque no hay una solución definitiva, porque se estableció que los trabajadores mantengan sus fuentes de trabajo y la empresa realizando el proyecto de explotación.
Explicó que hace algunas semanas se registró un problema en la Empresa Tierra que se encuentra en las provincias Nor y Sud Lípez en donde se logró acuerdos, ya que los ejecutivos de la empresa reconocieron que incumplieron algunos compromisos.
La autoridad del ministerio de Minería dijo que hay otros casos más graves, como por ejemplo el de la mina Himalaya donde los trabajadores fueron expulsados ya que los comunarios de la zona avasallaron el yacimiento minero, por lo que los trabajadores sindicalizados están “alojados” en ambientes de la Federación de Mineros.
“Como el caso de Himalaya hay otros casos graves, por ejemplo donde ha ocurrido una muerte de un policía en la provincia Larecaja del departamento de La Paz, esos son los dos casos mas extremos que se han presentado”, señaló.
La afirmación corresponde al jefe de la unidad de gestión social del ministerio de Minería y Metalurgia, Abenor Alfaro, quien aseguró que cuando existen ese tipo de problemas se busca el diálogo.
“No podemos actuar con violencia como lo hacían los gobiernos anteriores, entrando con la parte represiva, eso no nos corresponde a nosotros, hay las instancias respectivas como la superintendencia de minas que deben tomar la decisión correspondiente si es que hay un avasallamiento de sus propiedades”, señaló.
Durante la gestión pasada se denunciaron avasallamientos de varios yacimientos mineros en Oruro, La Paz y Potosí principalmente, lo que provocó enfrentamientos con comunarios e indígenas de las zonas mineras, por lo que las autoridades nacionales determinaron viabilizar el diálogo entre las partes en conflicto.
Explicó que existen algunas diferencias entre la toma de minas que han hecho algunos sectores indígenas y tras una negociación se llegó a un acuerdo para evitar mayores problemas.
Alfaro indicó que uno de los casos en los que se llegó a un acuerdo es Chacarrilla, donde la superintendencia puso sus buenos oficios y la concesión minera se revirtió al Estado de acuerdo al decreto del 1 de mayo de 2007.
“Ahora creo que lo que procede es que los mismos cooperativistas y los indígenas tienen que hacer nuevamente el trámite para reiniciar las labores de explotación de ese yacimiento minero.
La autoridad indicó que existe otro tipo de casos como por ejemplo de la mina de Amayapampa, donde se logró un acuerdo, aunque no hay una solución definitiva, porque se estableció que los trabajadores mantengan sus fuentes de trabajo y la empresa realizando el proyecto de explotación.
Explicó que hace algunas semanas se registró un problema en la Empresa Tierra que se encuentra en las provincias Nor y Sud Lípez en donde se logró acuerdos, ya que los ejecutivos de la empresa reconocieron que incumplieron algunos compromisos.
La autoridad del ministerio de Minería dijo que hay otros casos más graves, como por ejemplo el de la mina Himalaya donde los trabajadores fueron expulsados ya que los comunarios de la zona avasallaron el yacimiento minero, por lo que los trabajadores sindicalizados están “alojados” en ambientes de la Federación de Mineros.
“Como el caso de Himalaya hay otros casos graves, por ejemplo donde ha ocurrido una muerte de un policía en la provincia Larecaja del departamento de La Paz, esos son los dos casos mas extremos que se han presentado”, señaló.
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