A partir de la década del cincuenta hasta la década del ochenta, Bolivia desarrolla la actividad minera con predominio estatal, por diversas circunstancias, como la baja de la cotización del precio fundamentalmente del estaño y un discurso basado en una aparente incapacidad de los bolivianos para administrar la cosa pública, debido a los actos de corrupción de algunos operadores; se diseña una nueva política minera de corte liberal y logra beneficiar a empresas transnacionales, hábilmente se logra luego de la mal llamada relocalización, acabar con aproximadamente veinte mil mineros aproximadamente y para otros treinta mil mineros, cifras mas o cifras menos lo cierto, originó un efecto multiplicador, dando lugar a un incremento del comercio informal, contrabando e incluso la emigración Nacional e Internacional de esas miles de familias.
Pero también originó que muchos de ellos se queden en la actividad minera, empero bajo la forma de cooperativas; la Comibol deja de asumir responsabilidad alguna en las operaciones y con la Ley 1777 se consolida esa postura dando lugar a la iniciativa privada, sea mediante cooperativas o empresas, quedan entonces poco mas de medio millar de mineros dependientes, con la Ley 2400 que modifica el Código Minero devuelve a Comibol la facultad de operar, no es menos cierto, que ésta modificación de hace un par de años será una falacia, si no existe la famosa reactivación.
Vale decir, se consolidó un Código de Minería diseñado económicamente para favorecer intereses privados, socialmente tuvo un gran costo, porque margina posibilidades de empleo quitando la “carga” -lenguaje liberal- al Estado de sostener esta actividad “improductiva” y políticamente se asume una postura Neo Liberal.
Si bien el sector privado se halla favorecido ampliamente con el único impuesto obligatorio, por la acreditabilidad entre el ICM y el IUE, pero convive actividades de carácter Estatal, de cooperativas y de mineros chicos junto a alguna empresas mineras sumamente importantes.
Realidad que muestra la existencia de diversos actores en la minería y un Estado carente de Política Minera, la responsabilidad de esta ausencia, no solo recae en el Gobierno actual, sino fundamentalmente en todos los Gobiernos anteriores que se hicieron cargo del manejo del Estado; afirmación que no puede servir, para que el Gobierno actual no asuma el tema de fondo y comience el diseño de una Política Minera que favorezca a la población en apego al carácter de Utilidad Pública que tiene esta actividad. En un evento de análisis y modificación al Código de Minería se advirtió dos posiciones una reformista, que solo busca modificaciones al Código de Minería para consolidar el Código de Minería y otra eminentemente abrogatoria del Código de Minería por tratarse de una normativa Neo Liberal, lo contundente es que existe la necesidad de cambiar la Ley 1777.
Consideramos ambas posiciones respetables, sin embargo no lograremos beneficiar a la colectividad con la actividad minera, si asumimos posiciones sectarias, la Política Minera debe diseñarse bajo un lineamiento Político que garantice la utilidad pública, quede claro el sector responsable de esta actividad y si no existe una Política Minera no es posible abrogar el Código de Minería para generar otro.
Lo deseable es que el Estado asuma la responsabilidad de desarrollar la actividad minera, pero si carece de capacidad económica, se debe buscar mecanismos de consenso para otorgar seguridad jurídica al sector que asuma esta responsabilidad.
Todo sea para evitar conflictos trágicos como el que vimos en Huanuni y en definitiva se cuente con un nuevo Código de Minería con el aporte de todos los sectores involucrados en esta actividad, a la luz de una Política Minera.
Pero también originó que muchos de ellos se queden en la actividad minera, empero bajo la forma de cooperativas; la Comibol deja de asumir responsabilidad alguna en las operaciones y con la Ley 1777 se consolida esa postura dando lugar a la iniciativa privada, sea mediante cooperativas o empresas, quedan entonces poco mas de medio millar de mineros dependientes, con la Ley 2400 que modifica el Código Minero devuelve a Comibol la facultad de operar, no es menos cierto, que ésta modificación de hace un par de años será una falacia, si no existe la famosa reactivación.
Vale decir, se consolidó un Código de Minería diseñado económicamente para favorecer intereses privados, socialmente tuvo un gran costo, porque margina posibilidades de empleo quitando la “carga” -lenguaje liberal- al Estado de sostener esta actividad “improductiva” y políticamente se asume una postura Neo Liberal.
Si bien el sector privado se halla favorecido ampliamente con el único impuesto obligatorio, por la acreditabilidad entre el ICM y el IUE, pero convive actividades de carácter Estatal, de cooperativas y de mineros chicos junto a alguna empresas mineras sumamente importantes.
Realidad que muestra la existencia de diversos actores en la minería y un Estado carente de Política Minera, la responsabilidad de esta ausencia, no solo recae en el Gobierno actual, sino fundamentalmente en todos los Gobiernos anteriores que se hicieron cargo del manejo del Estado; afirmación que no puede servir, para que el Gobierno actual no asuma el tema de fondo y comience el diseño de una Política Minera que favorezca a la población en apego al carácter de Utilidad Pública que tiene esta actividad. En un evento de análisis y modificación al Código de Minería se advirtió dos posiciones una reformista, que solo busca modificaciones al Código de Minería para consolidar el Código de Minería y otra eminentemente abrogatoria del Código de Minería por tratarse de una normativa Neo Liberal, lo contundente es que existe la necesidad de cambiar la Ley 1777.
Consideramos ambas posiciones respetables, sin embargo no lograremos beneficiar a la colectividad con la actividad minera, si asumimos posiciones sectarias, la Política Minera debe diseñarse bajo un lineamiento Político que garantice la utilidad pública, quede claro el sector responsable de esta actividad y si no existe una Política Minera no es posible abrogar el Código de Minería para generar otro.
Lo deseable es que el Estado asuma la responsabilidad de desarrollar la actividad minera, pero si carece de capacidad económica, se debe buscar mecanismos de consenso para otorgar seguridad jurídica al sector que asuma esta responsabilidad.
Todo sea para evitar conflictos trágicos como el que vimos en Huanuni y en definitiva se cuente con un nuevo Código de Minería con el aporte de todos los sectores involucrados en esta actividad, a la luz de una Política Minera.
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