lunes, 13 de febrero de 2017

Huanuni advierte que no permitirá más el "juqueo"

Tras los últimos acontecimientos registrados en el distrito minero de Huanuni, ante el robo de minerales por "jucus" (ladrones de minerales) que derivó en enfrentamientos la mañana del jueves, el ampliado de emergencia convocado por el Comité Cívico de Huanuni, que se prolongó por algo más de cuatro horas determinó que ya no permitirán este ilícito en dicha localidad, tomando acciones de hecho.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Mineros de Huanuni, Elías Colque Vásquez, explicó que en el ampliado se analizó el creciente avasallamiento de áreas mineras por grupos delincuenciales dedicados al "juqueo" y los enfrentamientos que ocasiona esta actividad ilícita, determinando cinco puntos específicos para hacer respetar sus fuentes de trabajo y desterrar la sustracción de minerales que causa un daño económico al Estado.

El primer punto se refiere a que el distrito Minero de Huanuni se declara en estado de emergencia ante el avasallamiento de áreas mineras y la formación de grupos clandestinos que se dedican al "juqueo" de minerales, a partir de la fecha tomarán las acciones que correspondan.

El segundo punto de la resolución se refiere a preservar los derechos consagrados por el Decreto Supremo 28901, elevado a rango de ley sobre el derecho propietario de las áreas verdes de la Empresa Minera de Huanuni y la Ley de Minería y Metalurgia.

El dirigente señaló que la tercera determinación se refiere a la estructuración de una comisión de alto nivel que se ausentará a la ciudad de La Paz para tratar el tema del "juqueo" de minerales, con la finalidad de preservar y sancionar las actividades ilícitas, determinación que se encuentra en el tercer punto del documento.

El cuarto punto de la resolución señala que la Empresa Minera Huanuni, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y el Ministerio de Minería, deberán adecuar sus actividades de control y persecución penal en apego a las leyes de avasallamiento de áreas mineras en vigencia que sancionan la explotación y tráfico clandestino de minerales, previstos en la Ley 367 del primero de mayo del 2013 y el artículo 47 de la Constitución Política del Estado (CPE).

El último punto del documento menciona que las autoridades llamadas por Ley, deberán tomar las acciones correspondientes para intervenir a los ingenios clandestinos de Huayrapata, Cataricagua y otros.

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