En el país hay una terrible duda sobre este tema, pues es bastante el tiempo que se pierde entre que se creó una comisión para estudiar un anteproyecto de ley minera, poner en limpio algunas propuestas y consensuar con los distintos sectores la validez de un texto que satisfaga las expectativas de quienes son los directos operadores de la producción minera y no de los interesados en la búsqueda de favorecer intereses políticos.
El pasado año ya se debía tener el instrumento normativo de la actividad minera en el país de manera que en la presente gestión se pudiera comenzar con "pie derecho" una serie de emprendimientos que están pendientes de las regulaciones que puedan emitirse y que no siempre satisfacen anhelos de orden técnico y práctico, antes que teóricos y sectarios.
Dos grandes proyectos mineros nacionales están dando la vuelta al mundo y todavía aquí no se han resuelto las estrategias para ponerlos en marcha, en tanto que países vecinos otorgan prioridad en inversiones y en diversificar por ejemplo la explotación del litio, llegando propiamente a la industrialización del producto para producir las baterías y pilas que sería el objetivo del plan nuestro.
Otro tanto sucede con el hierro, contando con un gigante reservorio en el Mutún que ha sido dividido en dos partes, de modo que un 50 % está bajo un contrato con la empresa hindú Jindal Steel & Powers, que ya está exportando materia prima al Paraguay, pero aún no puede definir la implementación de una gigante siderúrgica en el área de su concesión minera debido a que todavía faltan detalles para garantizar por parte de la estatal petrolera (YPFB) la cantidad suficiente de gas que será el combustible de la planta industrializadora del hierro boliviano.
En el otro 50 % de la reserva de hierro nuestro gobierno se lanzó a equipar un emprendimiento de explotación por cuenta propia con inversión estatal y pretende competir con la Jindal, pues adquirió equipos de última tecnología para el proceso de tratamiento del hierro, aunque tal parece que el destino de esa producción será también la siderúrgica que está comprometida en el total de la inversión hindú.
Mientras se avanza lentamente en consolidar esos y otros proyectos mineros del país en los mercados externos, especialmente asiáticos, se están dando ciertos cambios productivos en el uso del acero y de manera significativa en el uso del litio, anticipándose que ya existe el vehículo prototipo de energía eléctrica que eliminará las baterías de litio.
Esos hechos particulares nos hace ver que estamos avanzando lentamente en los proyectos más importantes de la gran minería poniendo en riesgo el factor de competitividad con los vecinos que están corriendo apresuradamente en busca de imponer nuevos procedimientos energéticos, es el caso de Chile y la Argentina que están disputando espacios con otros productores de Europa y Asia, mientras nosotros con las mayores reservas de materia prima seguimos experimentando sin tomar decisiones sobre el punto clave del asunto que consiste en la inversión y la transferencia de tecnología para colocarnos en la "media productiva", que nos permitiría todavía ser competitivos por buen tiempo en el mercado de los productos elaborados con litio, por un lado y con hierro y acero en otra alternativa productiva.
Expertos y analistas coinciden en que "hay que pasar de la experimentación a la práctica de la producción industrial", por supuesto definiendo primero las políticas nacionales en materia de inversiones para establecer los grandes proyectos de nuestra minería, metalurgia y siderurgia.
jueves, 22 de marzo de 2012
Cooperativistas desocupados toman la mina Sayaquira
Esta madrugada, un contingente de 300 cooperativistas "desocupados" dotados de dinamitas y armas de fuego, tomó "por asalto" la mina estañífera Sayaquira de la Empresa Minera Barrosquira (EMBAS), denunció esta mañana su gerente general, Andrés Molina.
De acuerdo con Extend Comunicaciones Bolivia, empresa dedicada a la información institucional empresarial, los trabajadores de la mina identificaron a Félix Vizcarra Nicols como el cabecilla del avasallamiento que comenzó a las 02.00 de este jueves. Media hora antes, los integrantes de la extinguida Cooperativa El Progreso de la localidad minera de Huanuni (Oruro) cruzaron las trancas de K’onani y Cajsata a bordo de 10 camiones "llenos de gente".
La mina Sayaquira ubicada en la provincia Inquisivi a 230 kilómetros al sudoeste de la ciudad de La Paz, opera desde hace 100 años, cuenta con 93 trabajadores, produce 9.92 toneladas métricas de estaño por año y aporta al Estado -por concepto de regalías e impuestos- cerca de 3 millones de bolivianos anuales.
"Irrumpieron en el campamento de manera violenta con detonación de dinamitas y disparos de arma de fuego provocando pánico entre los niños, mujeres y los 90 trabajadores regulares. Una parte de ellos logró escapar al cerro Apacheta y otros quedaron atrapados en el lugar en calidad de rehenes", dijo el asesor jurídico de EMBAS, Raúl Azurduy, en base a datos preliminares.
Los ejecutivos de la empresa privada se reunieron con autoridades del Ministerio de Gobierno para solicitar una intervención policial inmediata, pero "el nuevo viceministro, Jorge Pérez, pidió que primero se presente un memorial formalizando la denuncia".
"No obstante de que el viceministro dijo que sabía de este avasallamiento a las 03,00 de la madrugada, hasta el momento, ocho horas después del acto ilícito, no existe desplazamiento de fuerzas policiales a la zona del conflicto como manda la CPE y la Resolución Multiministerial 036/2009 para casos de toma de minas del Estado operados por empresas privadas", informó Azurduy.
Dijo que en las siguientes horas, dirigentes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Boliviana (FSTMB) harán conocer su posición sobre el hecho.
De acuerdo con Extend Comunicaciones Bolivia, empresa dedicada a la información institucional empresarial, los trabajadores de la mina identificaron a Félix Vizcarra Nicols como el cabecilla del avasallamiento que comenzó a las 02.00 de este jueves. Media hora antes, los integrantes de la extinguida Cooperativa El Progreso de la localidad minera de Huanuni (Oruro) cruzaron las trancas de K’onani y Cajsata a bordo de 10 camiones "llenos de gente".
La mina Sayaquira ubicada en la provincia Inquisivi a 230 kilómetros al sudoeste de la ciudad de La Paz, opera desde hace 100 años, cuenta con 93 trabajadores, produce 9.92 toneladas métricas de estaño por año y aporta al Estado -por concepto de regalías e impuestos- cerca de 3 millones de bolivianos anuales.
"Irrumpieron en el campamento de manera violenta con detonación de dinamitas y disparos de arma de fuego provocando pánico entre los niños, mujeres y los 90 trabajadores regulares. Una parte de ellos logró escapar al cerro Apacheta y otros quedaron atrapados en el lugar en calidad de rehenes", dijo el asesor jurídico de EMBAS, Raúl Azurduy, en base a datos preliminares.
Los ejecutivos de la empresa privada se reunieron con autoridades del Ministerio de Gobierno para solicitar una intervención policial inmediata, pero "el nuevo viceministro, Jorge Pérez, pidió que primero se presente un memorial formalizando la denuncia".
"No obstante de que el viceministro dijo que sabía de este avasallamiento a las 03,00 de la madrugada, hasta el momento, ocho horas después del acto ilícito, no existe desplazamiento de fuerzas policiales a la zona del conflicto como manda la CPE y la Resolución Multiministerial 036/2009 para casos de toma de minas del Estado operados por empresas privadas", informó Azurduy.
Dijo que en las siguientes horas, dirigentes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Boliviana (FSTMB) harán conocer su posición sobre el hecho.
Gobierno y ente cívico analizarán tema del mutún en Puerto Suárez
El ministro de Minería, Mario Virreira, se reunirá con autoridades y la dirigencia cívica de Puerto Suárez. La cita será en esa ciudad, informaron en la dependencia estatal.
El tema central de la agenda es la explotación del yacimiento de hierro del cerro Mutún, tanto por parte de Jindal Steel Bolivia como de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM).
Según ANF, el desarrollo del yacimiento es un proyecto de prioridad nacional y su licitación fue declarada de “urgente necesidad”, así lo establece la ley 3198 del 30 de septiembre del 2005.
La norma establece la urgente necesidad nacional la exploración, explotación, fundición, industrialización, comercialización y transporte de los minerales del Mutún, lo que permitirá la utilización e industrialización del gas boliviano, habida consideración de la existencia de potenciales inversionistas interesados en desarrollar la siderurgia nacional, con el empleo de capitales y tecnología inexistentes en el país.
A pesar de estas determinaciones el proyecto aún no arranca. El contrato de riesgo compartido con Jindal fue suscrito en julio del 2007 y está en vigor desde noviembre del mismo año, con la protocolización en la Notaría de Gobierno.
Por la demora en el desarrollo del proyecto siderúrgico la dirigencia cívica de Puerto Suárez constantemente protesta y exige la destitución del presidente interino de la estatal ESM, Sergio Alandia.
Pasaron más de seis años de la creación de la Empresa Siderúrgica Mutún y ya cambió tres Presidentes, sólo el primero, Walter Chávez, fue titular, designado de una terna propuesta por el parlamento, los otros Guillermo Dalence y el actual son interinos.
La siderúrgica estatal fue creada por decreto supremo 28473 del 2 de diciembre del 2005, en el gobierno de Eduardo Rodríguez.
El tema central de la agenda es la explotación del yacimiento de hierro del cerro Mutún, tanto por parte de Jindal Steel Bolivia como de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM).
Según ANF, el desarrollo del yacimiento es un proyecto de prioridad nacional y su licitación fue declarada de “urgente necesidad”, así lo establece la ley 3198 del 30 de septiembre del 2005.
La norma establece la urgente necesidad nacional la exploración, explotación, fundición, industrialización, comercialización y transporte de los minerales del Mutún, lo que permitirá la utilización e industrialización del gas boliviano, habida consideración de la existencia de potenciales inversionistas interesados en desarrollar la siderurgia nacional, con el empleo de capitales y tecnología inexistentes en el país.
A pesar de estas determinaciones el proyecto aún no arranca. El contrato de riesgo compartido con Jindal fue suscrito en julio del 2007 y está en vigor desde noviembre del mismo año, con la protocolización en la Notaría de Gobierno.
Por la demora en el desarrollo del proyecto siderúrgico la dirigencia cívica de Puerto Suárez constantemente protesta y exige la destitución del presidente interino de la estatal ESM, Sergio Alandia.
Pasaron más de seis años de la creación de la Empresa Siderúrgica Mutún y ya cambió tres Presidentes, sólo el primero, Walter Chávez, fue titular, designado de una terna propuesta por el parlamento, los otros Guillermo Dalence y el actual son interinos.
La siderúrgica estatal fue creada por decreto supremo 28473 del 2 de diciembre del 2005, en el gobierno de Eduardo Rodríguez.
MSC firmará contrato de aprovechamiento
La subsidiaria de la corporación japonesa Sumitomo inició en agosto de 2007 la explotación gradual de concentrados de zinc-plata y plomo-plata hasta alcanzar su máxima capacidad productiva en 2009. Según datos de MSC, las reservas probadas y probables estimadas al 30 de junio de 2011 “tienen una vida útil de 17 años”.
“Con toda seguridad, San Cristóbal tiene que firmar un contrato de Uso y Aprovechamiento de Recursos, porque ellos ya han pasado hace muchos años la fase de exploración y sólo tienen que realizar la explotación de recursos”, informó a La Razón el viceministro de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, Freddy Beltrán.
Al respecto, el anteproyecto de Ley de Minería establece que este tipo de contrato podrá incluir también los derechos de “prospección y exploración, concentración, refinación, fundición e industrialización” de minerales. Sin embargo, el derecho de industrialización “sólo será objeto de contrato cuando esté integrado al proceso de la cadena productiva que incluya el derecho de explotación minera”.
El plazo máximo de un Contrato de Uso y Aprovechamiento será de 30 años, computables a partir de la fecha de vigencia del contrato, y se determinará en función de los planes de inversión y desarrollo del proyecto minero. La etapa de exploración se tomará en cuenta como parte del plazo de este contrato, agrega la norma.
Actualmente, las reservas de la mina llegan a 285,3 millones de toneladas (t); con 1,41% gramos por t (g/t) de zinc; 0,48% de plomo y 53% de plata. San Cristóbal produce unas 1.300 toneladas métricas día (tmd) de concentrados de zinc-plata y 300 tmd de concentrados de plomo plata. La producción anual de concentrados está estimada en 600 mil t.
HYIE pierde licitación de refinerías
La estatal china HYIE & TC perdió la adjudicación para la construcción de las dos refinerías de zinc por no haber presentado su documentación en los plazos previstos y abrió la posibilitad de asumir el proyecto a las firmas Técnicas Reunidas y SETAL, informó el viceministro Freddy Beltrán.
“Con toda seguridad, San Cristóbal tiene que firmar un contrato de Uso y Aprovechamiento de Recursos, porque ellos ya han pasado hace muchos años la fase de exploración y sólo tienen que realizar la explotación de recursos”, informó a La Razón el viceministro de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, Freddy Beltrán.
Al respecto, el anteproyecto de Ley de Minería establece que este tipo de contrato podrá incluir también los derechos de “prospección y exploración, concentración, refinación, fundición e industrialización” de minerales. Sin embargo, el derecho de industrialización “sólo será objeto de contrato cuando esté integrado al proceso de la cadena productiva que incluya el derecho de explotación minera”.
El plazo máximo de un Contrato de Uso y Aprovechamiento será de 30 años, computables a partir de la fecha de vigencia del contrato, y se determinará en función de los planes de inversión y desarrollo del proyecto minero. La etapa de exploración se tomará en cuenta como parte del plazo de este contrato, agrega la norma.
Actualmente, las reservas de la mina llegan a 285,3 millones de toneladas (t); con 1,41% gramos por t (g/t) de zinc; 0,48% de plomo y 53% de plata. San Cristóbal produce unas 1.300 toneladas métricas día (tmd) de concentrados de zinc-plata y 300 tmd de concentrados de plomo plata. La producción anual de concentrados está estimada en 600 mil t.
HYIE pierde licitación de refinerías
La estatal china HYIE & TC perdió la adjudicación para la construcción de las dos refinerías de zinc por no haber presentado su documentación en los plazos previstos y abrió la posibilitad de asumir el proyecto a las firmas Técnicas Reunidas y SETAL, informó el viceministro Freddy Beltrán.
Conflictos mineros contra la explotación de la naturaleza
Los conflictos mineros desencadenados por ocho proyectos de explotación indiscriminada de la naturaleza marcan hoy a América Latina, donde voces populares se levantan en defensa del medio ambiente y contra la contaminación del agua.
Comunidades enteras tienen paralizados varios planes ante el peligro de ver sacrificar su entorno porque para extraer oro, plata, cobre, zinc o hierro, hay que cambiar pueblos de lugar, talar bosques o hasta secar lagunas y trasvasarlas.
A esta realidad escapan muy pocos, en todo el continente se suceden a diario la oposición de los ciudadanos a los intereses de las grandes trasnacionales mineras como anglo-suiza, canadienses y estadounidenses en complicidad con los grandes capitales nacionales.
Hay proyectos paralizados o postergados en Argentina, Perú, Panamá, Chile, Ecuador, Uruguay, Costa Rica y Colombia y, según el Observatorio de Conflictos Mineros, en América Latina se registran más de 120 disputas en 15 países, donde se afectan 150 comunidades.
Según esa institución los conflictos se generan por la intervención de 190 empresas -la mayoría filiales de transnacionales-, las cuales pretenden avanzar imponiendo su política de ganancias y destrucción.
En Perú es recurrente el rechazo popular a dos casos: las violaciones medio ambientales de la compañía Doe Run Perú y la suspensión del proyecto Conga.
Desde 2009 en la región de Junín se detuvieron las operaciones de Doe Run Peru, que arrastra el incumplimiento de su programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA), por lo que se le ha permitido modificarlo cuatro veces y en dos oportunidades (2006 y 2009) se le otorgaron prórrogas.
Estudios internacionales ubican a Junín entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo, lo cual avala el impacto de la paralización de la planta de Doe Run Perú, ratificado por el último análisis de sangre difundido por la Dirección Regional de Salud al revelar una reducción de la presencia de plomo en los niños.
Dicho caso está a la espera de la decisión del Congreso sobre una eventual extensión del plazo, para que esa minera culmine su plan ambiental y pueda reanudar las operaciones.
Conga, en el departamento de Cajamarca, es un proyecto de Yanacocha, formada por la estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura, que prevé una inversión de cuatro mil 800 millones de dólares.
Considerada la mayor inversión minera en el país, pretende secar cuatro lagunas para extraer el oro que hay debajo y trasvasar sus aguas a reservorios artificiales, pero las deficiencias de su primer estudio de impacto ambiental obligaron a postergar el inicio de las obras.
Las autoridades, tras violentas protestas que consiguieron frenar el proyecto en noviembre del pasado año, han designado a tres peritos extranjeros para que evalúen la investigación presentada por la compañía.
En Argentina, hubo manifestaciones que buscaban impedir la explotación en Bajo La Alumbrera, en la provincia de Catamarca, el mayor yacimiento de cobre y oro del país, considerado entre los 10 grandes emprendimientos de cobre del mundo y entre los 15 de oro.
Un dictamen de la Fiscalía General de la Cámara de Tucumán denunció una cadena de excesos en la explotación de esas minas: valores de arsénico hasta 20 mil veces por sobre los permitidos por la ley nacional, hasta cinco mil veces en cadmio, veinte veces en cobre, diez mil en mercurio, sesenta en plomo y mil en selenio.
La compañía, integrada por la anglo-suiza Xstrata y las canadienses Goldcorp y Yamana, que opera en Bajo La Alumbrera, mantiene además los derechos para explotar Agua Rica, un yacimiento de oro y cobre, ubicado a 35 kilómetros.
El 97por ciento del beneficio neto declarado de esas empresas no quedó en el país hasta mediados del año 2006. A partir de esa fecha y hasta el final de la explotación, el 77 por ciento de la ganancia neta declarada será para las compañías foráneas que allí operan.
Según los cálculos la ganancia total de Minera Alumbrera supera los mil 200 millones de dólares anuales, varios cientos de millones más que el presupuesto provincial del año 2010 (alrededor de 900 millones de dólares).
También es emblemática la localidad de Famatina (mil 300 kilómetros al noroeste de Buenos Aires), donde dos proyectos auríferos de la canadiense Osisko Minning Corporation preveían instalar una mina de oro a cielo abierto para producir por unos 25 mil millones de dólares en 30 años. Tras las protestas, dicho programa quedó suspendido.
Enrique Viale, titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, opina que "en toda la región, gobiernos considerados progresistas aceptaron pasivamente el papel de exportadores de la naturaleza", pues se pasó del Consenso de Washington al consenso de las commodities.
UNA REGIÓN PLAGADA DE CONFLICTOS MINEROS
En Mina Invierno en la isla Riesco del Estrecho de Magallanes, al sur de Chile, las empresas Copec y Ultramar pretenden extraer unos seis millones de toneladas de carbón cada año, pero reciben las críticas de los grupos ambientalistas, que opinan que contaminará esa región.
Contempla una inversión de 530 millones de dólares y aunque fue aprobado por el consejo de ministros con algunas observaciones, está en espera de ejecución.
Otro tanto sucede con Santurban, Colombia, donde la empresa canadiense Greystar pretendía explotar esa mina a tres mil 600 metros de altura en el este del país, con el fin de extraer al año alrededor de 16 toneladas de oro y 2,3 millones de onzas de plata.
Pero habitantes y grupos protectores de la naturaleza sostienen que pondrá en peligro las fuentes de agua de la provincia de Santander, por lo que el proyecto quedó suspendido en 2011.
En Aratirí en Uruguay, la compañía de capital indio Zamin Ferrous pretende desde 2007 desarrollar la extracción de hierro en el centro este del país, aspiración que de concretarse alcanzaría una inversión de tres mil millones de dólares, para convertirse en la de carácter privado más importante en la historia del país.
Durante los últimos años se han organizado varias manifestaciones contra el daño ambiental, por lo que el gobierno uruguayo aún no ha decidido su aprobación.
Fruta del Norte en Ecuador es otro plan rechazado a pesar de que está próximo a firmarse un acuerdo con la canadiense Kinross, el primero bajo la nueva ley minera de 2009, para una inversión inicial de mil 100 millones de dólares.
Su objetivo es explotar hasta el 2030 un campo amazónico subterráneo con reservas recuperables por 6,4 millones de onzas de oro y 9,1 millones de onzas de plata.
Similar situación tiene un yacimiento de cobre con 17 millones de toneladas en Cerro Colorado, Panamá, cuya reserva equivale a tres años la producción de Chile, que es la mayor del mundo.
Los indígenas, en protesta por las intenciones de las autoridades panameñas de conceder la explotación a empresas de Corea del Sur y Singapur, se manifestaron con cortes de carretera entre Panamá y el resto de Centroamérica, con un saldo de dos muertos.
Costa Rica no escapó de las fuertes presiones del movimiento ecologista y algunos sectores políticos que en 2010 lograron la cancelación del contrato con la canadiense Industrias Infinito, para la explotación de 900 mil onzas de oro en una mina a cielo abierto.
Dichas labores implicaban la tala de un bosque tropical seco con especies de flora y fauna endémicas, por lo que la sentencia fue ratificada en forma definitiva el 30 de noviembre del pasado año.
En todos estos conflictos hay elementos comunes: son enormes inversiones con severos impactos ambientales y sociales, en las que se priorizan las expectativas de ingresos por exportación por encima de los deterioros ambientales y sociales.
De ahí el rechazo ciudadano, porque ninguno de estos proyectos tiene en cuenta los estudios y programas de adecuación y manejo ambiental, ni se contabiliza en dinero el impacto en la naturaleza por la pérdida de suelos, daños a la salud, tratamiento de agua contaminada y asistencia en energía eléctrica, entre otros elementos.
La gente quiere carreteras, luz, salud, todos los servicios básicos, pero no la explotación minera desordenada, por el costo que ha significado en su pasado, presente y futuro.
Comunidades enteras tienen paralizados varios planes ante el peligro de ver sacrificar su entorno porque para extraer oro, plata, cobre, zinc o hierro, hay que cambiar pueblos de lugar, talar bosques o hasta secar lagunas y trasvasarlas.
A esta realidad escapan muy pocos, en todo el continente se suceden a diario la oposición de los ciudadanos a los intereses de las grandes trasnacionales mineras como anglo-suiza, canadienses y estadounidenses en complicidad con los grandes capitales nacionales.
Hay proyectos paralizados o postergados en Argentina, Perú, Panamá, Chile, Ecuador, Uruguay, Costa Rica y Colombia y, según el Observatorio de Conflictos Mineros, en América Latina se registran más de 120 disputas en 15 países, donde se afectan 150 comunidades.
Según esa institución los conflictos se generan por la intervención de 190 empresas -la mayoría filiales de transnacionales-, las cuales pretenden avanzar imponiendo su política de ganancias y destrucción.
En Perú es recurrente el rechazo popular a dos casos: las violaciones medio ambientales de la compañía Doe Run Perú y la suspensión del proyecto Conga.
Desde 2009 en la región de Junín se detuvieron las operaciones de Doe Run Peru, que arrastra el incumplimiento de su programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA), por lo que se le ha permitido modificarlo cuatro veces y en dos oportunidades (2006 y 2009) se le otorgaron prórrogas.
Estudios internacionales ubican a Junín entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo, lo cual avala el impacto de la paralización de la planta de Doe Run Perú, ratificado por el último análisis de sangre difundido por la Dirección Regional de Salud al revelar una reducción de la presencia de plomo en los niños.
Dicho caso está a la espera de la decisión del Congreso sobre una eventual extensión del plazo, para que esa minera culmine su plan ambiental y pueda reanudar las operaciones.
Conga, en el departamento de Cajamarca, es un proyecto de Yanacocha, formada por la estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura, que prevé una inversión de cuatro mil 800 millones de dólares.
Considerada la mayor inversión minera en el país, pretende secar cuatro lagunas para extraer el oro que hay debajo y trasvasar sus aguas a reservorios artificiales, pero las deficiencias de su primer estudio de impacto ambiental obligaron a postergar el inicio de las obras.
Las autoridades, tras violentas protestas que consiguieron frenar el proyecto en noviembre del pasado año, han designado a tres peritos extranjeros para que evalúen la investigación presentada por la compañía.
En Argentina, hubo manifestaciones que buscaban impedir la explotación en Bajo La Alumbrera, en la provincia de Catamarca, el mayor yacimiento de cobre y oro del país, considerado entre los 10 grandes emprendimientos de cobre del mundo y entre los 15 de oro.
Un dictamen de la Fiscalía General de la Cámara de Tucumán denunció una cadena de excesos en la explotación de esas minas: valores de arsénico hasta 20 mil veces por sobre los permitidos por la ley nacional, hasta cinco mil veces en cadmio, veinte veces en cobre, diez mil en mercurio, sesenta en plomo y mil en selenio.
La compañía, integrada por la anglo-suiza Xstrata y las canadienses Goldcorp y Yamana, que opera en Bajo La Alumbrera, mantiene además los derechos para explotar Agua Rica, un yacimiento de oro y cobre, ubicado a 35 kilómetros.
El 97por ciento del beneficio neto declarado de esas empresas no quedó en el país hasta mediados del año 2006. A partir de esa fecha y hasta el final de la explotación, el 77 por ciento de la ganancia neta declarada será para las compañías foráneas que allí operan.
Según los cálculos la ganancia total de Minera Alumbrera supera los mil 200 millones de dólares anuales, varios cientos de millones más que el presupuesto provincial del año 2010 (alrededor de 900 millones de dólares).
También es emblemática la localidad de Famatina (mil 300 kilómetros al noroeste de Buenos Aires), donde dos proyectos auríferos de la canadiense Osisko Minning Corporation preveían instalar una mina de oro a cielo abierto para producir por unos 25 mil millones de dólares en 30 años. Tras las protestas, dicho programa quedó suspendido.
Enrique Viale, titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, opina que "en toda la región, gobiernos considerados progresistas aceptaron pasivamente el papel de exportadores de la naturaleza", pues se pasó del Consenso de Washington al consenso de las commodities.
UNA REGIÓN PLAGADA DE CONFLICTOS MINEROS
En Mina Invierno en la isla Riesco del Estrecho de Magallanes, al sur de Chile, las empresas Copec y Ultramar pretenden extraer unos seis millones de toneladas de carbón cada año, pero reciben las críticas de los grupos ambientalistas, que opinan que contaminará esa región.
Contempla una inversión de 530 millones de dólares y aunque fue aprobado por el consejo de ministros con algunas observaciones, está en espera de ejecución.
Otro tanto sucede con Santurban, Colombia, donde la empresa canadiense Greystar pretendía explotar esa mina a tres mil 600 metros de altura en el este del país, con el fin de extraer al año alrededor de 16 toneladas de oro y 2,3 millones de onzas de plata.
Pero habitantes y grupos protectores de la naturaleza sostienen que pondrá en peligro las fuentes de agua de la provincia de Santander, por lo que el proyecto quedó suspendido en 2011.
En Aratirí en Uruguay, la compañía de capital indio Zamin Ferrous pretende desde 2007 desarrollar la extracción de hierro en el centro este del país, aspiración que de concretarse alcanzaría una inversión de tres mil millones de dólares, para convertirse en la de carácter privado más importante en la historia del país.
Durante los últimos años se han organizado varias manifestaciones contra el daño ambiental, por lo que el gobierno uruguayo aún no ha decidido su aprobación.
Fruta del Norte en Ecuador es otro plan rechazado a pesar de que está próximo a firmarse un acuerdo con la canadiense Kinross, el primero bajo la nueva ley minera de 2009, para una inversión inicial de mil 100 millones de dólares.
Su objetivo es explotar hasta el 2030 un campo amazónico subterráneo con reservas recuperables por 6,4 millones de onzas de oro y 9,1 millones de onzas de plata.
Similar situación tiene un yacimiento de cobre con 17 millones de toneladas en Cerro Colorado, Panamá, cuya reserva equivale a tres años la producción de Chile, que es la mayor del mundo.
Los indígenas, en protesta por las intenciones de las autoridades panameñas de conceder la explotación a empresas de Corea del Sur y Singapur, se manifestaron con cortes de carretera entre Panamá y el resto de Centroamérica, con un saldo de dos muertos.
Costa Rica no escapó de las fuertes presiones del movimiento ecologista y algunos sectores políticos que en 2010 lograron la cancelación del contrato con la canadiense Industrias Infinito, para la explotación de 900 mil onzas de oro en una mina a cielo abierto.
Dichas labores implicaban la tala de un bosque tropical seco con especies de flora y fauna endémicas, por lo que la sentencia fue ratificada en forma definitiva el 30 de noviembre del pasado año.
En todos estos conflictos hay elementos comunes: son enormes inversiones con severos impactos ambientales y sociales, en las que se priorizan las expectativas de ingresos por exportación por encima de los deterioros ambientales y sociales.
De ahí el rechazo ciudadano, porque ninguno de estos proyectos tiene en cuenta los estudios y programas de adecuación y manejo ambiental, ni se contabiliza en dinero el impacto en la naturaleza por la pérdida de suelos, daños a la salud, tratamiento de agua contaminada y asistencia en energía eléctrica, entre otros elementos.
La gente quiere carreteras, luz, salud, todos los servicios básicos, pero no la explotación minera desordenada, por el costo que ha significado en su pasado, presente y futuro.
Disponen aplicación de Formulario Minero 101 desde el 2 de abril
Las cooperativas y municipios productores de minerales determinaron ayer que el 2 de abril de esta gestión se aplique el Formulario Minero 101, decisión asumida en una reunión sostenida en ambientes del Servicio Departamental Agropecuario (Sedag).
Esta disposición permitirá un mayor control en lo referente a las regalías mineras que se traducen en recursos económicos para Cochabamba, según el secretario de Minería de la Gobernación, José Fernández.
Asimismo, informó que la Cámara de Minería, Fedecomin, alcaldías municipales y los operadores mineros serán los responsables de aplicar el Formulario 101 como único requisito para la comercialización de los minerales metálicos y no metálicos del departamento hacia el interior del país.
La autoridad explicó que la Ley 1767 establece los porcentajes que deben cancelar los operadores mineros para la comercialización de minerales no metálicos y metálicos, los cuales oscilan entre 2.1 a 3.5 por ciento.
“Por concepto de la comercialización de las piedras calizas, contempladas como minerales no metálicos, los operadores mineros deberán pagar 2.1 por ciento en el mercado interno, mientras que en los minerales metálicos se cancela en el mercado externo 3.5 por ciento”, explicó.
La Gobernación realizará los controles para verificar el cumplimiento.
Esta disposición permitirá un mayor control en lo referente a las regalías mineras que se traducen en recursos económicos para Cochabamba, según el secretario de Minería de la Gobernación, José Fernández.
Asimismo, informó que la Cámara de Minería, Fedecomin, alcaldías municipales y los operadores mineros serán los responsables de aplicar el Formulario 101 como único requisito para la comercialización de los minerales metálicos y no metálicos del departamento hacia el interior del país.
La autoridad explicó que la Ley 1767 establece los porcentajes que deben cancelar los operadores mineros para la comercialización de minerales no metálicos y metálicos, los cuales oscilan entre 2.1 a 3.5 por ciento.
“Por concepto de la comercialización de las piedras calizas, contempladas como minerales no metálicos, los operadores mineros deberán pagar 2.1 por ciento en el mercado interno, mientras que en los minerales metálicos se cancela en el mercado externo 3.5 por ciento”, explicó.
La Gobernación realizará los controles para verificar el cumplimiento.
Consorcio hispano-brasileño construirá primeras plantas de zinc en Bolivia
Un consorcio formado por la firma española Técnicas Reunidas y la brasileña Setal construirá las dos primeras plantas de producción de zinc metálico de Bolivia, que demandan una inversión de casi 500 millones de dólares, informó ayer a Efe la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
El presidente de esa corporación estatal, Héctor Córdoba, dijo que las obras se adjudicaron de forma directa luego de que la empresa china que había ganado la licitación correspondiente en 2011 no presentó a tiempo toda la documentación exigida.
Comibol pidió entonces a los otros competidores presentar nuevas ofertas y eligió al consorcio hispano-brasileño, que propuso construir las plantas antes de 2015 en los departamentos andinos de Potosí y Oruro, según contratos que se firmarán en las próximas semanas.
El proyecto señala que cada planta debe procesar 100.000 toneladas anuales de concentrados del mineral y producir en conjunto 100.000 toneladas de zinc metálico para la exportación.
Técnicas Reunidas ya firmó en 2011 un contrato con la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para construir una planta de separación de líquidos del gas natural que se exporta hacia Argentina.
El presidente de esa corporación estatal, Héctor Córdoba, dijo que las obras se adjudicaron de forma directa luego de que la empresa china que había ganado la licitación correspondiente en 2011 no presentó a tiempo toda la documentación exigida.
Comibol pidió entonces a los otros competidores presentar nuevas ofertas y eligió al consorcio hispano-brasileño, que propuso construir las plantas antes de 2015 en los departamentos andinos de Potosí y Oruro, según contratos que se firmarán en las próximas semanas.
El proyecto señala que cada planta debe procesar 100.000 toneladas anuales de concentrados del mineral y producir en conjunto 100.000 toneladas de zinc metálico para la exportación.
Técnicas Reunidas ya firmó en 2011 un contrato con la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para construir una planta de separación de líquidos del gas natural que se exporta hacia Argentina.
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