Mientras en los países vecinos y otros ubicados hacia el norte de Sudamérica, se desarrollan agresivas políticas de inversión en minería, en el nuestro no avanza el sector en la proporción que debía hacerlo por la falta de lineamientos técnicos y económicos que deberían ser parte de una estrategia de un decidido impulso a la gran minería y su industrialización.
Millones de dólares entran en la rutina informativa de los planes mineros del Perú y de Chile, ambos en competencia particular, especialmente en la producción de cobre, en tanto que Argentina se lanza a una abierta promoción en la explotación del litio que posee y lo hace con proyectos conjuntos a Chile, que por su parte también está en la carrera de industrializar su litio.
Está confirmada la potencialidad de las reservas de litio en el triángulo sur de nuestra América, donde Bolivia lidera en el porcentaje de sus depósitos naturales, pero está más atrasada que los vecinos en el proceso de explotación de la materia prima y su industrialización, en relación a los pasos que dan, incluso de manera conjunta Chile y Argentina.
Pero no es solo esa situación, es tan importante para la economía de los vecinos que tienen marcadas esperanzas en la explotación de sus yacimientos mineros a tal punto que han determinado políticas exclusivas para maximizar la explotación minera, es el ejemplo de Argentina, cuyo presidente reconoció públicamente que cambiará hacia la minería la mayor inversión de su política financiera.
Más arriba, después de Perú que amplió sus proyectos mineros, están Ecuador y Colombia, donde igualmente la minería cobra importancia de primer orden y luego de "inversiones de prueba", los resultados afloran en tiempo relativamente corto con resultados positivos, convirtiendo a toda la región en un territorio de "tesoros mineros" que se convierten en la atracción de países industrializados y de poderosas empresas de Asia, Europa y los Estados Unidos.
SIN POLÍTICAS
En nuestro país, según los expertos, hay un estancamiento operacional que dificulta la aplicación de planes productivos al no existir políticas sectoriales que sean resultado de un trabajo profesional delineado en la instancia de un ente operativo responsable del manejo de la mentada "cadena productiva minera", que debe empezar con un fuerte respaldo financiero que le permita definir las estrategia de prospección, exploración y explotación de los yacimientos mineros que han sido detectados (por satélite) y que sólo esperan el trabajo técnico que debe definir el tipo de explotación en cada caso, con opciones de labores subterráneas o a cielo abierto, dependiendo de las estrategias que definan equipos profesionales, porque la minería moderna así lo exige para no seguir improvisando tareas "arañando" en antiguos yacimientos.
El pecado del último tiempo en minería es demorar más de dos años en una simple tarea de reestructurar su empresa minera estatal, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) que necesita cambios fundamentales que reorganicen su planta burocrática y la conviertan en una entidad de servicios, asesoramiento en políticas de producción minera y metalúrgica, opciones de inversión, aplicación de claras reglas de juego que garanticen el movimiento de capitales, pero al mismo tiempo aseguren la rentabilidad de grandes proyectos con importante margen de utilidades que mantengan sostenible por muchos años el desarrollo nacional.
LA LEY 535
Si se observa la situación con el "lente de la objetividad", hay que reconocer que una gran parte de la falla en la estructuración de políticas mineras, es el resultado de tener más de tres años una ley promulgada que no se la ejecuta como corresponde por que la misma carece de reglamento y tampoco tiene el apéndice necesario que regule el sistema tributario minero nacional.
La Ley de Minería y Metalurgia 535, fue promulgada en Oruro, el 28 de mayo del 2014, por el Presidente en ejercicio Álvaro García Linera, (Evo Morales se encontraba fuera del país), ocasión en la que señaló la importancia de tener una nueva norma que reemplace a una anterior que estaba más próxima a los intereses privados que a los del Estado.
La nueva ley de minería reconoce a los tres sectores productivos, el privado con la minería mediana y chica, la estatal y la cooperativizada. En todo caso cada sector debe cumplir el rol asignado en el marco de las normativas que garantizan sus operaciones y sus responsabilidades.
El problema es que en este largo periodo no se ha trabajado en la reglamentación y por ese detalle, la Ley 535 no puede aplicarse de manera operativa. La otra gran duda es la falta de una regulación impositiva que defina la obligación de los tres sectores productivos mineros, cada uno en su ámbito, pero en el marco de la mayor responsabilidad, que permita garantizar en ambos lados, el respeto a derechos y obligaciones.
Al no aplicarse por tanto tiempo una norma promulgada para lograr objetivos de mejoramiento en el estratégico sector productivo minero, evidentemente como lo reconocen los interesados "el negocio no marcha", así de simple.
Es sumamente preocupante que las autoridades de área no otorguen la responsabilidad que merece el asunto, sabiendo que se trata de un sector estratégico que, pese a las limitaciones con que se lo maneja, ha mostrado que puede recuperar su privilegiado lugar como principal generador de divisas para el país y para las regiones en que se desempeñan proyectos mineros.
Según los expertos, solo hay anuncios de algunas inversiones en el sector minero estatal, en el privado ha sido un año de poco movimiento en el aumento de capitales, en tanto que las cooperativas siguen insistiendo en lograr un "buen soporte" estatal para mejorar su producción y para asegurar esa ayuda, no dudaron en comprometer su apoyo político al partido oficial, disponiendo una movilización y la entrega de documentos en Sucre.
En el sentido operativo legal, hacen falta normativas y en la actualidad se adolece en materia minera de regulaciones que definan una escala tributaria que sea competitiva con las que rigen en países vecinos, con el objeto de atraer inversiones y tecnología. Un estudioso del sistema tributario minero, considera que la exigencia nacional al momento mayor del 50 por ciento, desincentiva el interés de inversionistas, seguramente este será un tema de amplio análisis para competir en el mercado internacional de las inversiones mineras y no seguir rezagados en la competencia minera regional, teniendo la seguridad de contar con valioso yacimientos de variados minerales, incluyendo los más estratégicos.
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