Oruro, (ANF).- El anteproyecto de la Nueva Ley Minera ahuyenta y pone en riesgo futuras inversiones, dejando sumidos en la incertidumbre a los mineros y cooperativistas por el riesgo de perder sus concesiones a través de contratos con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), advirtió hoy el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO), Luís Ramiro García.
Afirmó que la propuesta para modificar el Código Minero no ha sido consensuada con los sectores involucrados y resulta ser una imposición que no condice con la realidad económica y social de la minería nacional, por las condiciones que se quieren imponer lejos de fomentar y beneficiar el desarrollo productivo.
El pretender que Comibol participe con el 51 por ciento de las utilidades netas sin realizar ninguna inversión es generar un clima adverso para las inversiones y esas medidas ahuyentan a los inversionistas, porque nadie va invertir donde no exista seguridad jurídica y donde las reglas del juego sean claras, dijo el presidente en ejercicio de la FEPO al reclamar una respuesta del ministro de Minería, Luís Alberto Echazú, para analizar el tema en Oruro.
Confirmó que aparte de esta distribución de las utilidades que se pretende aplicar mediante contratos con la Comibol, se tienen los impuestos a favor del Estado que representa un pago de entre 70 y 90 por ciento si se considera el otro proyecto de Ley de Reforma al Régimen Tributario Minero aprobado por la Cámara de Diputados y en revisión en la Cámara de Senadores.
Nuevos contratos
Como antecedente refirió que el anteproyecto de la Nueva Ley Minera establece que los mineros privados y cooperativistas para continuar trabajando sus pertenencias tendrán que suscribir contratos con Comibol, donde se imponen cláusulas leoninas y que de no ser aceptadas, las concesiones pasarían al sector estatal.
Ratificó que se enviaron tres cartas al titular de Minería para solicitar se realice en Oruro un seminario y con mayor razón tras el fracaso del encuentro de Potosí, donde los productores optaron por el abandono ante la actitud de las autoridades que pretenden imponer una norma que no condice con la realidad de la minería boliviana.
“Queremos analizar con el ministro Echazú las ventajas y desventajas del anteproyecto de la Nueva Ley de Minería, contrastando con lo que sucede en países vecinos donde existe contrariamente un abierto fomento a la minería, teniendo como claro ejemplo la Argentina que de ser un país exportador de carne, ahora es una potencia minera”, indicó García.
Manifestó que las inversiones que se realizan en Chile, Perú y la Argentina, permite un desarrollo de la gran minería, lo que permite al mismo tiempo obtener inversiones de miles de millones de dólares que superan los 3.000 y hasta más de 4.000 millones que garantiza la generación de importante número de fuentes de empleo.
La minería tradicionalmente genera empleos, riqueza y permite el desarrollo de los pueblos si sus recursos por los ingresos de regalías y otros tributos son reinvertidos adecuadamente, por eso queremos debatir y analizar con el Ministro de Minería los alcances de la Política Minera Nacional, porque no se trata de imponer reglas, sino más bien de desarrollar un adecuado aprovechamiento de nuestros recursos no renovables, aseveró el presidente de la FEPO, Luís Ramiro García.
Reiteró que la carga tributaria llegaría o superaría el valor del 100% porque el nivel de la regalía minera en Bolivia resulta ser 10 veces más cara que en Chile y Argentina, tomando en cuenta que a los precios actuales las alícuotas que se pagan en el país fluctúan entre el 5 y 7%, siendo así que en Chile y Argentina se sitúan próximas al 0.6%, lo que convierte a Bolivia en un país no competitivo, aseguró, al exigir que el gobierno analice con los productores mineros esta realidad económica y no se ponga trabas a quienes aportan al sostenimiento de la economía nacional.
Afirmó que la propuesta para modificar el Código Minero no ha sido consensuada con los sectores involucrados y resulta ser una imposición que no condice con la realidad económica y social de la minería nacional, por las condiciones que se quieren imponer lejos de fomentar y beneficiar el desarrollo productivo.
El pretender que Comibol participe con el 51 por ciento de las utilidades netas sin realizar ninguna inversión es generar un clima adverso para las inversiones y esas medidas ahuyentan a los inversionistas, porque nadie va invertir donde no exista seguridad jurídica y donde las reglas del juego sean claras, dijo el presidente en ejercicio de la FEPO al reclamar una respuesta del ministro de Minería, Luís Alberto Echazú, para analizar el tema en Oruro.
Confirmó que aparte de esta distribución de las utilidades que se pretende aplicar mediante contratos con la Comibol, se tienen los impuestos a favor del Estado que representa un pago de entre 70 y 90 por ciento si se considera el otro proyecto de Ley de Reforma al Régimen Tributario Minero aprobado por la Cámara de Diputados y en revisión en la Cámara de Senadores.
Nuevos contratos
Como antecedente refirió que el anteproyecto de la Nueva Ley Minera establece que los mineros privados y cooperativistas para continuar trabajando sus pertenencias tendrán que suscribir contratos con Comibol, donde se imponen cláusulas leoninas y que de no ser aceptadas, las concesiones pasarían al sector estatal.
Ratificó que se enviaron tres cartas al titular de Minería para solicitar se realice en Oruro un seminario y con mayor razón tras el fracaso del encuentro de Potosí, donde los productores optaron por el abandono ante la actitud de las autoridades que pretenden imponer una norma que no condice con la realidad de la minería boliviana.
“Queremos analizar con el ministro Echazú las ventajas y desventajas del anteproyecto de la Nueva Ley de Minería, contrastando con lo que sucede en países vecinos donde existe contrariamente un abierto fomento a la minería, teniendo como claro ejemplo la Argentina que de ser un país exportador de carne, ahora es una potencia minera”, indicó García.
Manifestó que las inversiones que se realizan en Chile, Perú y la Argentina, permite un desarrollo de la gran minería, lo que permite al mismo tiempo obtener inversiones de miles de millones de dólares que superan los 3.000 y hasta más de 4.000 millones que garantiza la generación de importante número de fuentes de empleo.
La minería tradicionalmente genera empleos, riqueza y permite el desarrollo de los pueblos si sus recursos por los ingresos de regalías y otros tributos son reinvertidos adecuadamente, por eso queremos debatir y analizar con el Ministro de Minería los alcances de la Política Minera Nacional, porque no se trata de imponer reglas, sino más bien de desarrollar un adecuado aprovechamiento de nuestros recursos no renovables, aseveró el presidente de la FEPO, Luís Ramiro García.
Reiteró que la carga tributaria llegaría o superaría el valor del 100% porque el nivel de la regalía minera en Bolivia resulta ser 10 veces más cara que en Chile y Argentina, tomando en cuenta que a los precios actuales las alícuotas que se pagan en el país fluctúan entre el 5 y 7%, siendo así que en Chile y Argentina se sitúan próximas al 0.6%, lo que convierte a Bolivia en un país no competitivo, aseguró, al exigir que el gobierno analice con los productores mineros esta realidad económica y no se ponga trabas a quienes aportan al sostenimiento de la economía nacional.
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