Cuando se consideran ciertas variables en función de la producción minera de nuestro país, entra una serie de elementos que sin embargo no garantizan el desarrollo de la esperada y anunciada "reactivación minera", un proceso que se maneja desde hace muchos años incluso, según los expertos, desde que se produjo la caída de precios de minerales en la década de los 80, cuando miles de trabajadores fueron "relocalizados". Después del duro golpe se acuñó la frase de la "reactivación minera", la que no se da hasta el presente, porque tampoco se han implementado modificaciones sustanciales en materia de actividad minera en el sector estatal, que sigue operando los yacimientos tradicionales que fueron descubiertos en la era de los barones del estaño.
El importante potencial de esas vetas mineras, como las existentes en la rica montaña de plata en Potosí o con menores cantidades, pero aún perdurables en el Posokoni de Huanuni son muestras junto al rico yacimiento de Colquiri en el que todavía se extraen toneladas de concentrados mineros guardados en el subsuelo de esas nuestras áreas mineras, en curso de explotación.
Durante la pasada gestión 2016 y prácticamente el primer semestre del año en curso se han hecho muchos anuncios de inversiones mineras para impulsar nuevos proyectos, sin embargo, más allá de considerar los casos especiales del litio en Uyuni y Coipasa, o el hierro en el Mutún, que todavía no marcha, no ha habido nuevas iniciativas que puedan considerarse renovadoras y de alentadoras perspectivas, todo por la falta de planes de prospección y exploración en el sector de la minería estatal.
En cuanto a la minería mediana privada, el boom de los últimos años, corresponde a la Minera San Cristóbal, que demoró 10 años entre prospectarla, asegurar la capacidad de sus yacimientos explorados y comenzar una operación que es considerada la más importante del país y que ahora corresponde a la Sumitomo del Japón.
Las otras minas privadas como Sinchi Wayra de la Glencore, la Empresa Manquiri de la Coeur Mining y la otra empresa Panamerican Silver, todas ubicadas en la jurisdicción del Departamento de Potosí, han generado importantes utilidades y por lo mismo, pagaron impuestos y regalías, favoreciendo municipios y la gobernación de la Villa Imperial. El privilegiado departamento de Potosí, tiene cifradas esperanzas en las utilidades que reporte el megaproyecto del litio en el salar de Uyuni, aunque como lo reconocen los artífices de algunos "planes pilotos" y otros que se desarrollan en la zona del salar, todavía tardarán cierto tiempo antes de abrirse al comercio competitivo internacional.
Precisamente, según algunos expertos en la materia, ese debería ser un asunto de prioridad estratégica, tomando en cuenta la fluida información que se genera en los países vecinos, el nuestro estaría "cargando una peligrosa mora" que puede alterar más adelante el mercado del litio y sus productos, por la saturación industrial y la inventiva y uso de nuevos elementos, cada vez más sofisticados que se apartan del consumo directo del ion litio.
REPUNTE DE
EXPORTACIÓN
Otro aspecto interesante en el movimiento de nuestra minería, es que en el primer trimestre del año en curso logró un repunte del 22 por ciento de incremento en el valor de su comercialización, en tanto que en ese mismo periodo los volúmenes de exportación del gas natural descendieron en 20 por ciento, lo que significó una pérdida del 12 por ciento en términos de valor neto.
Las exportaciones bolivianas totales, en el primer trimestre de la gestión alcanzaron a 1.677 millones de dólares, registrando un crecimiento del 4% en términos de valor pero una caída del 19% en volumen comparativamente al mismo periodo del año pasado.
Las ventas externas de minerales e hidrocarburos representaron el 80% del total exportado, mostrando la importancia de nuestras materias primas y en ese periodo el repunte de las exportaciones mineras, hecho comentado favorablemente en niveles vinculados a la actividad minera, situación que podría mantenerse vigente en función al comportamiento de las cotizaciones internacionales y la aplicación de medidas especiales para mejorar el rendimiento de la producción minera, con modernización de tecnología, adecuación de operaciones e incorporación de sistemas que permitan la diversificación en la búsqueda y explotación de otros minerales, que sin ser los tradicionales, están presentes en las vetas que diariamente proveen concentrados con alto contenido de otros minerales cuyo valor aumentaría su precio, especialmente si son objeto de una separación y refinación técnicamente realizada en ingenios de moderna estructura.
Un anuncio repetido desde hace tres gestiones refería la instalación de dos plantas de refinación y fundición de zinc, una que se instalará en Oruro, la otra en Potosí, con una inversión - ya aprobada- de 500 millones de dólares para los dos proyectos, se incluye una tercera para Colquiri en La Paz, lo que motivó una reformulación presupuestaria con un anuncio del ministro del ramo al señalar que se dispondrán 2.000 millones de dólares, una parte para esas nuevas plantas y otra para proyectos productivos mineros. Pese al anuncio de la pasada gestión, todavía no hay visos de implementación de tales refinerías, salvo algunos trabajos en Colquiri y el adelanto sobre la ubicación de la planta en Oruro, que ocupará predios en el complejo de Vinto, pero nada más de forma oficial sobre el tema.
DIFERENCIA
EN INVERSIONES
De manera comparativa, en el rubro de inversiones, las que se anuncian en nuestro medio y las que se hacen en países de la competencia minera, hay distancias considerables que recorrer para aproximarse a objetivos de los gobiernos vecinos que impulsan sus proyectos mineros, abriendo grandes posibilidades a la inversión privada apoyando una minería ascendente.
Los países con inversiones millonarias son el Perú y Chile, algo más moderada la Argentina y al norte de nuestra vecindad Ecuador y Colombia. Los montos de inversión para la minería del exterior, son llamativos, se mencionan $us 5.000 millones en Perú, 3.000 millones en Chile, Colombia dispondría más de 2.000 millones y la Argentina no se queda atrás al contemplar 20.000 millones para el próximo quinquenio. En el país según el dossier de minería y metalurgia al 2015 se contempla "un promedio de inversión anual que llegó a poco más de $us 300 millones entre 2006 - 2015".
Teniendo datos sobre el potencial de las reservas mineralógicas del país, según los entendidos, no es posible que se mantenga tan prolongada espera para definir una política minera "agresiva", partiendo de multiplicar las inversiones y encarar seriamente la "reactivación" de la importante minería boliviana.
miércoles, 12 de julio de 2017
martes, 11 de julio de 2017
Minera jujeña en la mira del BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), invitó a la empresa jujeña, Sales de Jujuy S.A., a participar de la Mesa de trabajo sobre estrategias de relacionamiento con la sociedad civil; como referentes de experiencia y conocimientos a través de su programa Valor Compartido.
El BID inició un proceso integral de consultas con representantes de gobiernos, sector privado y representantes de la sociedad civil, para la elaboración de una estrategia de apalancamiento de operaciones en aquellos casos que la inclusión de la sociedad civil aumente las oportunidades de desarrollo. El objetivo es facilitar las mejores oportunidades de desarrollo incluyendo a Organizaciones de Sociedad Civil, en aquellos casos donde tal inclusión permita mejorar la implementación de operaciones, estrategias y políticas.
El foro mencionado tiene como objetivo obtener perspectivas que mejoren la efectividad de la estrategia bajo consulta, comprender, desde el punto de vista de la empresa, como cree que el Grupo BID podría apoyar mejor la implementación de las operaciones mineras desde la perspectiva del relacionamiento con la sociedad civil.
Desde que el BID inició sus actividades en apoyo al desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe, para mejorar la distribución equitativa de los beneficios económicos, con el correr de los años alcanzó niveles de coberturas en los grupos más necesitados, adquiriendo el conocimiento de la estrecha relación entre el desarrollo sustentable e identidad sociocultural.
Ante esta mirada, la política de Valor Compartido que implementa Sales de Jujuy, desde sus inicios, se puso de manifiesto resaltando el objetivo de trabajar junto la comunidad de influencia desde el primer día, afianzando de esta forma, el empoderamiento de las mismas. Resaltando como pilares del trabajo en conjunto, el dialogo y la transparencia.
Estuvieron presentes en esta convocatoria previa; Demetrio Nieva, en representación de la Comunidad Aborigen de Olaroz Chico; Silvia Rodríguez y Bruno Canavire, del Área de Valor Compartido; y Jimena Barry del Área de Comunicaciones.
Con esta invitación, el BID reconoce a la empresa Sales de Jujuy SA, del Grupo Orocobre, como una de las empresas mineras con mejores prácticas en relacionamiento con los pueblos originarios.
Colombia liquidará la minería ilegal
Colombia dio el primer paso en el Congreso para meter en cintura una actividad criminal que por años ha saqueado las finanzas territoriales e irrigado de sangre extensas zonas del país: la Comisión Primera del Senado dio el aval al proyecto que busca poner fin a la extracción ilícita de minerales, actividad que el año pasado movió unos $us 7 billones, una cifra muy superior a los $2 billones que obtuvo el narcotráfico.
La iniciativa se ha convertido en una política de Gobierno que involucra a cuatro ministerios: Defensa, Medio Ambiente, Minas y Energía, y Justicia. "La extracción ilícita de minerales claramente se está convirtiendo en una fuente de financiamiento para grupos armados, a tal punto que en muchos casos supera las finanzas que maneja el narcotráfico", dijo Aníbal Fernández de Soto, viceministro de Defensa.
La iniciativa "contempla duras penas por delitos correspondientes a la explotación ilícita de minerales", según Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), quien opina que esta es la herramienta para desestimular el creciente número de explotadores ilícitos del país.
"La explotación ilícita de yacimientos mineros se presenta en 25 departamentos, ya sea por explotación de oro, carbón o materiales de construcción. Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y el sur de Bolívar son los que sufren la mayor afectación ambiental y social, así como el involucramiento de grupos armados organizados y grupos de delincuencia organizada", se lee en la ponencia del proyecto hecha por el senador Eduardo Enríquez Maya. "El principal objetivo es endurecer las penas y crear una nueva figura delictiva con este propósito", dijo Enríquez Maya.
El proyecto contempla el aumento de las penas para los delitos asociados con la minería ilegal, sanciones que hoy son excarcelables. También se ataca la actividad como fuente para el lavado de activos y la asociación con la financiación del terrorismo, teniendo en cuenta que varios grupos armados reciben financiación de minería ilegal.
Para expertos como Guillermo Rudas, a pesar de que el Código Minero está vigente desde hace más de una década, la minería ilegal todavía contempla "una amplísima gama de tipos de minería que el Estado no ha podido precisar ni formalizar. Son los mineros tradicionales los que van a pagar las consecuencias de la indefinición de los últimos 10 años".
Rudas señala que casos como este prueban que "se está tratando de resolver el problema de ilegalidad sin tener en cuenta la falta de una política pública para legalizar la minería informal. Esta indefinición genera una criminalización de la pequeña minería".
La formalización minera está a cargo del Ministerio de Minas y Energía y, entre otras cosas, se busca mejorar el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom). Según cifras de la Agencia Nacional Minera, cuando se creó el Rucom había inscritos 4.000 barequeros y ahora ese número sobrepasa los 120.000. De estos, por lo menos 117.000 trabajan en la extracción de metales preciosos.
Aprovechando el avance del proyecto en el Senado, los congresistas Sergio Díaz-Granados (representante) y Andrés García (senador) presentaron una iniciativa contemplando que la maquinaria decomisada por actividades ilícitas como minería ilegal debe ser destinada a los municipios de baja categoría y a comunidades campesinas.
La iniciativa se ha convertido en una política de Gobierno que involucra a cuatro ministerios: Defensa, Medio Ambiente, Minas y Energía, y Justicia. "La extracción ilícita de minerales claramente se está convirtiendo en una fuente de financiamiento para grupos armados, a tal punto que en muchos casos supera las finanzas que maneja el narcotráfico", dijo Aníbal Fernández de Soto, viceministro de Defensa.
La iniciativa "contempla duras penas por delitos correspondientes a la explotación ilícita de minerales", según Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), quien opina que esta es la herramienta para desestimular el creciente número de explotadores ilícitos del país.
"La explotación ilícita de yacimientos mineros se presenta en 25 departamentos, ya sea por explotación de oro, carbón o materiales de construcción. Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y el sur de Bolívar son los que sufren la mayor afectación ambiental y social, así como el involucramiento de grupos armados organizados y grupos de delincuencia organizada", se lee en la ponencia del proyecto hecha por el senador Eduardo Enríquez Maya. "El principal objetivo es endurecer las penas y crear una nueva figura delictiva con este propósito", dijo Enríquez Maya.
El proyecto contempla el aumento de las penas para los delitos asociados con la minería ilegal, sanciones que hoy son excarcelables. También se ataca la actividad como fuente para el lavado de activos y la asociación con la financiación del terrorismo, teniendo en cuenta que varios grupos armados reciben financiación de minería ilegal.
Para expertos como Guillermo Rudas, a pesar de que el Código Minero está vigente desde hace más de una década, la minería ilegal todavía contempla "una amplísima gama de tipos de minería que el Estado no ha podido precisar ni formalizar. Son los mineros tradicionales los que van a pagar las consecuencias de la indefinición de los últimos 10 años".
Rudas señala que casos como este prueban que "se está tratando de resolver el problema de ilegalidad sin tener en cuenta la falta de una política pública para legalizar la minería informal. Esta indefinición genera una criminalización de la pequeña minería".
La formalización minera está a cargo del Ministerio de Minas y Energía y, entre otras cosas, se busca mejorar el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom). Según cifras de la Agencia Nacional Minera, cuando se creó el Rucom había inscritos 4.000 barequeros y ahora ese número sobrepasa los 120.000. De estos, por lo menos 117.000 trabajan en la extracción de metales preciosos.
Aprovechando el avance del proyecto en el Senado, los congresistas Sergio Díaz-Granados (representante) y Andrés García (senador) presentaron una iniciativa contemplando que la maquinaria decomisada por actividades ilícitas como minería ilegal debe ser destinada a los municipios de baja categoría y a comunidades campesinas.
lunes, 10 de julio de 2017
Abrupta caída de industria metalúrgica
Respecto del crecimiento de la industria metalúrgica metalmecánica su desempeño se desplomó durante abril, registrando una caída de 11,3%
Una pérdida de 26 mil 500 puestos de trabajo, lo que equivale a un descenso de un 14%, registró el sector metalúrgico metalmecánico en los últimos 5 años. La información la entregó el presidente de Asimet, Juan Carlos Martínez, durante su intervención durante una conferencia desayuno de socios del gremio, a la que fue invitado a exponer el presidente de GfK Adimark, Roberto Méndez.
Martínez informó, además, sobre el desempeño del sector durante el mes de abril, el que registró una caída de 11,3%: "Un verdadero desplome", sostuvo. Con este resultado el sector acumula una caída de 2,9 por ciento en los primeros cuatro meses del año.
Respecto de la pérdida de empleos, el timonel de Asimet manifestó su preocupación debido a que la industria manufacturera es el segundo sector que genera más puestos de trabajo en Chile, después del comercio. "Pero no sólo es importante el número de empleos sino también la calidad del mismo, ya que está demostrado que la industria manufacturera genera trabajos de buena calidad, formales y estables en el tiempo", sostuvo.
En su exposición frente a los socios del gremio, Martínez afirmó que aunque este Gobierno aseguró que este sería un Gobierno preocupado del crecimiento, en la práctica demostró tener "una reticencia casi ideológica a dar el impulso urgente que se necesitaba. Digo ideológica, porque para un sector del país hablar de crecimiento alto es más dinero y lucro para los ricos, para los poderosos", sostuvo. Y agregó: "Aquí pasa lo mismo que con el tema del terrorismo: existe una reticencia histórica a aplicar la ley, o a declarar estados de excepción en el país por una suerte de ´trauma´ de ser tildados de represivos".
Juan Carlos Martínez señaló por último que las expectativas de consumidores y empresarios siguen en terreno pesimista y la materialización de los proyectos de inversión está a la espera que disminuya la incertidumbre política-económica.
Una pérdida de 26 mil 500 puestos de trabajo, lo que equivale a un descenso de un 14%, registró el sector metalúrgico metalmecánico en los últimos 5 años. La información la entregó el presidente de Asimet, Juan Carlos Martínez, durante su intervención durante una conferencia desayuno de socios del gremio, a la que fue invitado a exponer el presidente de GfK Adimark, Roberto Méndez.
Martínez informó, además, sobre el desempeño del sector durante el mes de abril, el que registró una caída de 11,3%: "Un verdadero desplome", sostuvo. Con este resultado el sector acumula una caída de 2,9 por ciento en los primeros cuatro meses del año.
Respecto de la pérdida de empleos, el timonel de Asimet manifestó su preocupación debido a que la industria manufacturera es el segundo sector que genera más puestos de trabajo en Chile, después del comercio. "Pero no sólo es importante el número de empleos sino también la calidad del mismo, ya que está demostrado que la industria manufacturera genera trabajos de buena calidad, formales y estables en el tiempo", sostuvo.
En su exposición frente a los socios del gremio, Martínez afirmó que aunque este Gobierno aseguró que este sería un Gobierno preocupado del crecimiento, en la práctica demostró tener "una reticencia casi ideológica a dar el impulso urgente que se necesitaba. Digo ideológica, porque para un sector del país hablar de crecimiento alto es más dinero y lucro para los ricos, para los poderosos", sostuvo. Y agregó: "Aquí pasa lo mismo que con el tema del terrorismo: existe una reticencia histórica a aplicar la ley, o a declarar estados de excepción en el país por una suerte de ´trauma´ de ser tildados de represivos".
Juan Carlos Martínez señaló por último que las expectativas de consumidores y empresarios siguen en terreno pesimista y la materialización de los proyectos de inversión está a la espera que disminuya la incertidumbre política-económica.
domingo, 9 de julio de 2017
Chile: Buscan solución al problema judicial
La junta extraordinaria de accionistas de Codelco, conformada por los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y de Minería, Aurora Williams, en representación de la Presidenta de la República, se instó al directorio de la minera a buscar una salida administrativa a la controversia que mantiene con la Contraloría.
"Fue informada de la estrategia jurídica que ha diseñado la empresa en el ámbito de sus competencias. Reconociendo la judicialización como una vía posible, (se) instó al directorio a continuar colaborando con la búsqueda de una solución administrativa mediante un diálogo constructivo y propositivo, contribuyendo con sus mejores oficios", indicó la declaración pública de la junta de accionistas.
En esa línea, se "expresó su reconocimiento al directorio y administración de Codelco por el compromiso que ha mantenido en el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y probidad en la empresa".
Añadió que "estos principios son aplicables a todas las empresas públicas y prioritarios para el gobierno. También remarcó el rol clave e insustituible del directorio para el cumplimiento de estos principios, puesto que es en él donde está radicada la evaluación del mérito económico, financiero y operacional de las decisiones de inversión y de gestión operacional de la compañía".
Por último, se destacaron "los esfuerzos y resultados logrados por el Directorio y la Administración de Codelco para reforzar sus normas de integridad mediante un conjunto de reformas a su funcionamiento, que incorporan las mejores prácticas de clase mundial, con sistemas de control más exigentes y estándares de transparencia más elevados".
"Fue informada de la estrategia jurídica que ha diseñado la empresa en el ámbito de sus competencias. Reconociendo la judicialización como una vía posible, (se) instó al directorio a continuar colaborando con la búsqueda de una solución administrativa mediante un diálogo constructivo y propositivo, contribuyendo con sus mejores oficios", indicó la declaración pública de la junta de accionistas.
En esa línea, se "expresó su reconocimiento al directorio y administración de Codelco por el compromiso que ha mantenido en el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y probidad en la empresa".
Añadió que "estos principios son aplicables a todas las empresas públicas y prioritarios para el gobierno. También remarcó el rol clave e insustituible del directorio para el cumplimiento de estos principios, puesto que es en él donde está radicada la evaluación del mérito económico, financiero y operacional de las decisiones de inversión y de gestión operacional de la compañía".
Por último, se destacaron "los esfuerzos y resultados logrados por el Directorio y la Administración de Codelco para reforzar sus normas de integridad mediante un conjunto de reformas a su funcionamiento, que incorporan las mejores prácticas de clase mundial, con sistemas de control más exigentes y estándares de transparencia más elevados".
sábado, 8 de julio de 2017
Potosí demuestra que la minería lideriza exportaciones del país
Un elemento importante visualizado y explicado en profundidad por el analista Juan Carlos Zuleta, en una nota publicada en El Diario de La Paz, muestra la importancia de la actividad minera en general, como un hecho de relieve al tomar en cuenta la ubicación del departamento de Potosí, como el primer exportador nacional, por la venta de minerales al exterior, dejando en segundo lugar a Santa Cruz que lideraba las exportaciones hasta el primer trimestre del año en curso.
La interesante relación señala además que el distrito oriental desplazó a Tarija del segundo al tercer puesto en exportaciones, sigue La Paz que a su vez desplazó a Oruro a un quinto puesto y en todos los casos con una marcada diferencia de orden porcentual que muestra variantes sustantivas en el comportamiento de las actividades productivas de nuestros distritos.
La explicación del analista tiene que ver con una disminución en la exportación de hidrocarburos, desplazamiento que favorece a la extracción de minerales, cuya exportación en mayor volumen alcanza un interesante porcentaje. De manera concreta se aclara que "cuando se adicionan los valores de exportación de los minerales y compuestos químicos erróneamente clasificados como parte de la actividad económica de exportación - industria manufacturera - y con cifras al primer trimestre de este año, se encuentra que el sector minero metalúrgico alcanza una participación del 47% respecto de las exportaciones totales, en tanto que el sector hidrocarburos solamente llega a un 33% de las ventas totales al extranjero".
La pérdida de ingresos por hidrocarburos se agudizó por la baja de los precios internacionales del petróleo a partir de julio del 2014. Hay que añadir que similar fenómeno se presenta en materia de precios bajos para la minería, que sin embargo repuntan paulatinamente y permiten sostener operaciones con un ajustado equilibrio en los costos de producción. Huanuni soporta la peor parte de la crisis de precios.
En el caso de Potosí y pese a ocupar el lugar de privilegio en exportaciones sobre las que efectuó Santa Cruz, Juan Carlos Zuleta cierra su comentario preguntando "si tiene sentido que a pesar de seguir generando más de un cuarto de las divisas del país, el departamento que más ha aportado al erario nacional… continúa ocupando los últimos lugares en desarrollo humano y siga siendo el furgón de cola político del actual Estado". Una opinión compartida por la generalidad de potosinos.
EL LITIO, UNA ESPERANZA
El distrito de Potosí, realmente es el más privilegiado del país en materia de reservas mineras y las consiguientes operaciones que allí realizan varias empresas internacionales en importantes yacimientos de alto rendimiento, sobresaliendo el caso de las más fuertes inversionistas que disponen de impuestos y regalías para esa región.
Entre las expectativas de explotación de riquezas mineras, está el caso del litio, un megaproyecto que se desarrolla desde hace algún tiempo atrás y que se espera pueda entrar en su fase de producción en el curso de la próxima gestión para entrar en la competencia con los planes de los países vecinos, Argentina y Chile que tienen cierta ventaja en sus avances de industrialización del litio.
La gran esperanza de los potosinos y del país en sí, está justamente en la concreción del proyecto del litio en el salar de Uyuni, el importante reservorio de la materia prima para producir las baterías de ión litio que requerirá una nueva industria automotriz eléctrica y que ya está poniendo a prueba sus modelos pioneros a través del impulso de grandes empresas mundiales.
El litio entonces se observa como la "bendición económica" para el país y por supuesto para Potosí, en cuya jurisdicción se realiza este millonario emprendimiento que recibirá los réditos de una enorme inversión.
Sin embargo, por lo menos en el sentido inicial del proyecto, no todo será brillante como la inmensa blancura del salar, ya que unas estimaciones muy reales que ofrece un especialista en el desarrollo del "proyecto litio", el analista Juan Carlos Zuleta, señala que "aun cuando Bolivia llegara a vender 5.000 toneladas métricas de carbonato de litio por año, al iniciarse el proyecto del salar de Uyuni entre los años 2019 al 2020, el ingreso anual bordearía apenas 75 millones de dólares y el monto de las regalías departamentales para Potosí no llegarían a 1,3 millones de dólares anuales". En la explicación del analista Zuleta, se sumaría más de un millón de dólares en beneficios regionales que dejaría la producción anual oficialmente anunciada de 350 mil toneladas métricas (TM) de cloruro de potasio, por valor adicional de $us 75 millones, con lo que los nuevos ingresos potosinos por recursos evaporíticos hacia el año 2020 no superarían los 2,5 millones de dólares anuales.
En materia de estimaciones es normal que se presenten ciertas contradicciones, tomando en cuenta en cada caso el origen de las informaciones y la seriedad con se manejen particularmente las cifras, para no caer en errores que muestran a los informantes como desinformadores o simplemente como responsables de divulgar notas apartadas de la verdad.
En Potosí y desde hace tiempo se espera que se consolide el proyecto del litio y que su rendimiento se convierta en una fuente de ingresos importantes para generar desarrollo sostenible en ese departamento, hablando de un megaproyecto como la explotación e industrialización del litio, el más caro del país y el que estratégicamente, también debería impulsar el fortalecimiento de la economía nacional.
Sin que se privilegie el futuro de regalías mineras y en función de la magnitud que entraña la extracción, tratamiento e industrialización del litio y sus componentes, se espera un importante ingreso, económicamente saneado, como se perfila la idea de ingresos y desarrollo de proyectos. Para no ir muy lejos en la visión optimista, el analista del tema litio, refiere que "la compleja aplicación de las regalías mineras, en el mejor de los casos su beneficio para Potosí por cada 1.500 millones de dólares anuales, rozaría $us 24 millones al año, después del 2020".
Para unos se cubre algo de la expectativa para recuperar la visión de riqueza de la Villa Imperial, para otros, incluyendo trabajadores mineros, dirigentes cívicos e institucionales, el proyecto debe rendir mucho, pero mucho más.
La interesante relación señala además que el distrito oriental desplazó a Tarija del segundo al tercer puesto en exportaciones, sigue La Paz que a su vez desplazó a Oruro a un quinto puesto y en todos los casos con una marcada diferencia de orden porcentual que muestra variantes sustantivas en el comportamiento de las actividades productivas de nuestros distritos.
La explicación del analista tiene que ver con una disminución en la exportación de hidrocarburos, desplazamiento que favorece a la extracción de minerales, cuya exportación en mayor volumen alcanza un interesante porcentaje. De manera concreta se aclara que "cuando se adicionan los valores de exportación de los minerales y compuestos químicos erróneamente clasificados como parte de la actividad económica de exportación - industria manufacturera - y con cifras al primer trimestre de este año, se encuentra que el sector minero metalúrgico alcanza una participación del 47% respecto de las exportaciones totales, en tanto que el sector hidrocarburos solamente llega a un 33% de las ventas totales al extranjero".
La pérdida de ingresos por hidrocarburos se agudizó por la baja de los precios internacionales del petróleo a partir de julio del 2014. Hay que añadir que similar fenómeno se presenta en materia de precios bajos para la minería, que sin embargo repuntan paulatinamente y permiten sostener operaciones con un ajustado equilibrio en los costos de producción. Huanuni soporta la peor parte de la crisis de precios.
En el caso de Potosí y pese a ocupar el lugar de privilegio en exportaciones sobre las que efectuó Santa Cruz, Juan Carlos Zuleta cierra su comentario preguntando "si tiene sentido que a pesar de seguir generando más de un cuarto de las divisas del país, el departamento que más ha aportado al erario nacional… continúa ocupando los últimos lugares en desarrollo humano y siga siendo el furgón de cola político del actual Estado". Una opinión compartida por la generalidad de potosinos.
EL LITIO, UNA ESPERANZA
El distrito de Potosí, realmente es el más privilegiado del país en materia de reservas mineras y las consiguientes operaciones que allí realizan varias empresas internacionales en importantes yacimientos de alto rendimiento, sobresaliendo el caso de las más fuertes inversionistas que disponen de impuestos y regalías para esa región.
Entre las expectativas de explotación de riquezas mineras, está el caso del litio, un megaproyecto que se desarrolla desde hace algún tiempo atrás y que se espera pueda entrar en su fase de producción en el curso de la próxima gestión para entrar en la competencia con los planes de los países vecinos, Argentina y Chile que tienen cierta ventaja en sus avances de industrialización del litio.
La gran esperanza de los potosinos y del país en sí, está justamente en la concreción del proyecto del litio en el salar de Uyuni, el importante reservorio de la materia prima para producir las baterías de ión litio que requerirá una nueva industria automotriz eléctrica y que ya está poniendo a prueba sus modelos pioneros a través del impulso de grandes empresas mundiales.
El litio entonces se observa como la "bendición económica" para el país y por supuesto para Potosí, en cuya jurisdicción se realiza este millonario emprendimiento que recibirá los réditos de una enorme inversión.
Sin embargo, por lo menos en el sentido inicial del proyecto, no todo será brillante como la inmensa blancura del salar, ya que unas estimaciones muy reales que ofrece un especialista en el desarrollo del "proyecto litio", el analista Juan Carlos Zuleta, señala que "aun cuando Bolivia llegara a vender 5.000 toneladas métricas de carbonato de litio por año, al iniciarse el proyecto del salar de Uyuni entre los años 2019 al 2020, el ingreso anual bordearía apenas 75 millones de dólares y el monto de las regalías departamentales para Potosí no llegarían a 1,3 millones de dólares anuales". En la explicación del analista Zuleta, se sumaría más de un millón de dólares en beneficios regionales que dejaría la producción anual oficialmente anunciada de 350 mil toneladas métricas (TM) de cloruro de potasio, por valor adicional de $us 75 millones, con lo que los nuevos ingresos potosinos por recursos evaporíticos hacia el año 2020 no superarían los 2,5 millones de dólares anuales.
En materia de estimaciones es normal que se presenten ciertas contradicciones, tomando en cuenta en cada caso el origen de las informaciones y la seriedad con se manejen particularmente las cifras, para no caer en errores que muestran a los informantes como desinformadores o simplemente como responsables de divulgar notas apartadas de la verdad.
En Potosí y desde hace tiempo se espera que se consolide el proyecto del litio y que su rendimiento se convierta en una fuente de ingresos importantes para generar desarrollo sostenible en ese departamento, hablando de un megaproyecto como la explotación e industrialización del litio, el más caro del país y el que estratégicamente, también debería impulsar el fortalecimiento de la economía nacional.
Sin que se privilegie el futuro de regalías mineras y en función de la magnitud que entraña la extracción, tratamiento e industrialización del litio y sus componentes, se espera un importante ingreso, económicamente saneado, como se perfila la idea de ingresos y desarrollo de proyectos. Para no ir muy lejos en la visión optimista, el analista del tema litio, refiere que "la compleja aplicación de las regalías mineras, en el mejor de los casos su beneficio para Potosí por cada 1.500 millones de dólares anuales, rozaría $us 24 millones al año, después del 2020".
Para unos se cubre algo de la expectativa para recuperar la visión de riqueza de la Villa Imperial, para otros, incluyendo trabajadores mineros, dirigentes cívicos e institucionales, el proyecto debe rendir mucho, pero mucho más.
viernes, 7 de julio de 2017
Comunarios de Andapata rechazan segunda fase de operación minera
Comunarios de la localidad de Andapata del municipio de Choquecota, no están de acuerdo con el proyecto de expansión de las operaciones de la empresa D-Cobre denominado "Cuprita" 2, argumentaron que ya sufren contaminación ambiental y falta de agua potable, según ellos, a causa de la explotación minera.
La consulta previa definitoria sobre este tema se cumplió ayer en horas de la mañana en la plaza principal de la comunidad de Andapata, distante a aproximadamente 118 kilómetros de la ciudad de Oruro, donde se tuvo la presencia de autoridades de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) regional Oruro, personeros de la empresa D-Cobre, miembros del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), dependiente del Tribunal Electoral Departamental de Oruro (TEDO), autoridades originarias y comunarios de la región.
Fue la tercera consulta previa realizada a los comunarios y representantes de la empresa argumentaron tener toda la documentación en orden para el proceso de adjudicación de 26 cuadrículas ubicadas en cercanías de sus instalaciones actuales, donde pretenden realizar exploración y explotación del óxido cúprico.
El jefe de contratos mineros de la empresa D-Cobre, Aly Ágreda Vedia, afirmó que en las dos anteriores reuniones se explicó y entregó la documentación correspondiente a la solicitud del contrato administrativo minero "Cuprita" 2 ante la AJAM para que se autorice este pedido.
Los comunarios mencionaron que en reuniones previas ya se había redactado una resolución de rechazo, por lo que no eran necesarios más alegatos ni explicaciones sobre el tema y solo que se diera lectura al documento mencionado.
En la parte principal de la resolución señala: "Rechazamos la implementación de actividades mineras en nuestro territorio por los daños ecológicos, sociales, culturales y religiosos que pueda causar".
También se exigía a las autoridades de las instituciones que participaron en esta consulta previa, respeto a los derechos colectivos de las naciones y pueblos IOC (Indígena Originario Campesinos) y que la AJAM debería hacer cumplir esta resolución y evitar daño ambiental a la región.
Luego de la lectura de esta resolución, la responsable de la AJAM regional Oruro, Rossmery Moller, determinó que la tercera reunión previa de consulta quedó sin acuerdo y se emitirán los informes correspondientes para seguir con los próximos pasos dentro este proceso.
Este proceso de consulta previa también se desarrolló ayer por la tarde en la comunidad de Hilanaca del municipio de Turco con similares características de consulta para la aceptación o no de la expansión de la explotación minera en la región.
ANTECEDENTES
Desde el 2013 la empresa minera D-Cobre opera en la frontera entre los municipios de Turco y Choquecota, con la extracción a cielo abierto de óxido cúprico, el cual es sometido a un proceso en la planta de tratamiento para obtener láminas de cobre.
La consulta previa definitoria sobre este tema se cumplió ayer en horas de la mañana en la plaza principal de la comunidad de Andapata, distante a aproximadamente 118 kilómetros de la ciudad de Oruro, donde se tuvo la presencia de autoridades de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) regional Oruro, personeros de la empresa D-Cobre, miembros del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), dependiente del Tribunal Electoral Departamental de Oruro (TEDO), autoridades originarias y comunarios de la región.
Fue la tercera consulta previa realizada a los comunarios y representantes de la empresa argumentaron tener toda la documentación en orden para el proceso de adjudicación de 26 cuadrículas ubicadas en cercanías de sus instalaciones actuales, donde pretenden realizar exploración y explotación del óxido cúprico.
El jefe de contratos mineros de la empresa D-Cobre, Aly Ágreda Vedia, afirmó que en las dos anteriores reuniones se explicó y entregó la documentación correspondiente a la solicitud del contrato administrativo minero "Cuprita" 2 ante la AJAM para que se autorice este pedido.
Los comunarios mencionaron que en reuniones previas ya se había redactado una resolución de rechazo, por lo que no eran necesarios más alegatos ni explicaciones sobre el tema y solo que se diera lectura al documento mencionado.
En la parte principal de la resolución señala: "Rechazamos la implementación de actividades mineras en nuestro territorio por los daños ecológicos, sociales, culturales y religiosos que pueda causar".
También se exigía a las autoridades de las instituciones que participaron en esta consulta previa, respeto a los derechos colectivos de las naciones y pueblos IOC (Indígena Originario Campesinos) y que la AJAM debería hacer cumplir esta resolución y evitar daño ambiental a la región.
Luego de la lectura de esta resolución, la responsable de la AJAM regional Oruro, Rossmery Moller, determinó que la tercera reunión previa de consulta quedó sin acuerdo y se emitirán los informes correspondientes para seguir con los próximos pasos dentro este proceso.
Este proceso de consulta previa también se desarrolló ayer por la tarde en la comunidad de Hilanaca del municipio de Turco con similares características de consulta para la aceptación o no de la expansión de la explotación minera en la región.
ANTECEDENTES
Desde el 2013 la empresa minera D-Cobre opera en la frontera entre los municipios de Turco y Choquecota, con la extracción a cielo abierto de óxido cúprico, el cual es sometido a un proceso en la planta de tratamiento para obtener láminas de cobre.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)