jueves, 2 de julio de 2015

Gobierno y cooperativistas trabajan en un reglamento

El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, sostuvo ayer que, tras reunirse con dirigentes de la Federación de Cooperativistas Mineras y el Gobierno, decidieron trabajar en un reglamento que ayude a solucionar el conflicto emtre cooperativistas y mineros de la Comibol.

Los cooperativistas amenazaron con movilizaciones los días de la llegada del papa Francisco, del 8 al 10 de julio, si no atienden sus demandas, exigiendo explorar en la mina Colquiri.

Dijo que este viernes volverán con los dirigentes mineros para más detalles. El martes, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) determinó, en un ampliado nacional en Oruro, dar un plazo de siete días para que el Gobierno solucione el conflicto con mineros de la Comibol.

En 15 días retoman fundición de plomo en Karachipampa

Tras completar el proceso de calentamiento del horno Kipset, el personal de la Empresa Metalúrgica Karachipampa retoma la fundición de bullones de plomo, según el reporte del gerente de la misma Hugo Arando.
El responsable de la empresa indicó que el 19 de junio inició el encendido del horno y tras conseguir la temperatura adecuada se pasó al proceso de calentamiento vía electrólisis para poder fundir los bullones de plomo.
Arando dijo que tras acumular alrededor de 200 toneladas de plomo se podrá pasar a la refinación, proceso que tardará como una semana por lo que a fines del presente mes ya se contará con lingotes de plomo con un contenido cercano al 100 por ciento.
Se retoma la fundición tras reparar los daños causados por la salida de escoria.

Gobernación ajusta a ley el control de los minerales

La Secretaría Departamental de Minería de la Gobernación comenzó ayer una serie de inspecciones a los diferentes puestos de control de salida de minerales y comenzó a aplicar una norma que no se ejecutaba en la anterior administración.
El titular de esa repartición, Elías Choque, dijo que se tomó la decisión de realizar un mayor control en la salida de minerales de nuestra ciudad ya que se detectó que habría sido en ese procedimiento donde surgieron las presuntas irregularidades que actualmente investiga el Ministerio Público.
Ayer se realizó una inspección al puesto de control en Porco y ahí se evidenció que no se cumplía la norma de que la salida de minerales debía verificarse conjuntamente entre la Gobernación y el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom). Según informaron funcionarios que no estaban involucrados en los supuestos manejos irregulares, esa norma, establecida en el Decreto Supremo 29577, no se cumplía con los anteriores secretarios de minería.
Hasta ayer, el control se hacía separadamente y eso daba lugar a desajustes. Así, a veces el monto declarado para regalía no coincidía con las muestras que tomaba el Senarecom y eso daba lugar a reajustes posteriores.
La falta de control conjunto habría dado lugar a un manejo caótico en el control y pago de regalías que pudo haber permitido posibles “arreglos” entre la entidad que sacaba el mineral y los funcionarios encargados de la revisión y el cobro pero ese es un detalle que tendría que ser confirmado en la investigación que realiza la Fiscalía.

El gobierno y los cooperativistas buscan acuerdos

Luego que los cooperativistas mineros amenazaran iniciar distintas medidas de presión a partir del 7 de julio, el Gobierno los convocó a dialogar para atender sus principales demandas y evitar las movilizaciones durante la llegada del Papa. El encuentro que se desarrolló ayer en instalaciones del Ministerio de Minería permitió avanzar en varios acuerdos, aunque los principales se definirán el próximo martes y las medidas de presión todavía no fueron suspendidas.

Al término del gabinete de ministros, el ministro de Minería, César Navarro, dijo que los cuentapropistas mineros “rehúyen” pagar impuestos y los emplazó a cumplir sus obligaciones tributarias. Señaló que la amenaza de los cooperativistas es "irresponsable" e "inmaduro", debido a que es uno de los sectores que más apoyo recibió del Gobierno, "nos parece irresponsable que exista este tipo de delineaciones, amenazas y lo que hace es fundamentalmente afectar la imagen de las cooperativas mineras, porque el pueblo boliviano, así como rechazó la última movilización de las cooperativas, va a rechazar porque estamos en otro tipo de actividades". Navarro informó que convocó a los dirigentes de la Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomin) a sostener una reunión en horas de la tarde.



UN CONFLICTO QUE ESTÁ LATENTE. El principal dirigente de los cooperativistas mineros, Alejandro Santos, dijo que ayer "ha salido humo blanco" del encuentro que sostuvieron con Navarro. Informó que se elaboran dos reglamentos; el primero se refiere a la venta de minerales a plazos y el segundo sobre arrendamientos, transferencias de equipos y maquinaria.

Este tema se tratará este viernes y el lunes deben salir los reglamentos consensuados.

Santos señaló que "hay la buena intención para dar solución a todas" las demandas que presentaron, aunque reconoció que hasta que no se atiendan todos sus reclamos, la amenaza de movilizaciones está en pie a partir del próximo 8 de julio.

Para el martes se dejaron los temas más conflictivos, como el tema impositivo, la inyección económica que demandan por la caída del precio de los minerales y principalmente el futuro del distrito minero de Colquiri.

La propuesta de los cuentapropistas es que se respeten las áreas preconstituidas, que implicaría ingresar a los sectores que actualmente son explotados por los mineros asalariados, mientras el Gobierno considera que todos los socios de la Cooperativa 26 de Febrero, que opera en el lugar, deberían ser asimilados por el Estado.El gobierno y los cooperativistas buscan acuerdos

Obreros paceños piden estatizar toda la minería

Denunciaron que algunos dirigentes de las cooperativas mineras chantajean al Gobierno para privatizar las minas estatales.

El quinto Congreso de la Central Obrera Departamental (COD) de La Paz emitió una resolución que demanda la nacionalización de toda la minera, tanto privada como cooperativa. Los dirigentes que asistieron al encuentro, entre ellos los representantes mineros del distrito de Colquiri, denunciaron que algunos de los dirigentes de los cooperativistas mineros iniciaron "un proceso de desestabilización en contra del proceso de cambio", por lo que consideran pertinente solicitar a las demás organizaciones laborales del país "poner en pie de lucha a los trabajadores del país, para imponer la nacionalización total de las minas del país".

El encuentro de los representantes de las organizaciones laborales del departamento de La Paz se realizó en el distrito minero de Colquiri, para respaldar de esta forma a los trabajadores mineros, quienes sostienen una disputa por el control de la mina, que fue revertida al Estado en 2012 y sus trabajadores pasaron a depender de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). El encuentro definió declararse en estado de emergencia y solicitaron a la Central Obrera Boliviana (COB) convocar a una movilización para estatizar toda la minería.



CONFLICTO DEJÓ UN MINERO MUERTO. El Gobierno decidió revertir algunas concesiones mineras que se encontraban en manos privadas y también con el sector cooperativo, como ocurrió con Huanuni, cuya disputa generó un enfrentamiento con los trabajadores mineros y terminó con la muerte de más de diez personas. Algo similar ocurrió con el distrito de Colquiri, que se encontraba en posesión de la subsidiaria Glencore hasta 2012, cuando el Gobierno de Evo Morales decidió su reversión.

El ministro de Minería, César Navarro, informó que esta decisión fue asumida precisamente por la actitud que asumieron los cooperativistas, quienes invadieron la labor que desarrollaba el sector privado en la mina que tiene reservas de estaño y de zinc.

Los cooperativistas reclamaron su derecho a explotar las áreas que les corresponden, demanda que generó un conflicto entre los mineros asalariados y los socios de la Cooperativa 26 de Febrero. Durante una marcha de protesta de miles de cuentapropistas en la ciudad de La Paz, éstos hicieron explotar un cachorro de dinamita en las instalaciones de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) que ocasionó la muerte de un minero asalariado de Colquiri. El Ejecutivo convocó a las partes a negociar una salida concertada que culminó con la firma de un convenio, pero no frenó las discrepancias sobre la propiedad de algunas áreas de trabajo, especialmente de la veta Rosario.




7 demandas plantearon los representantes laborales que asistieron al encuentro de la COD paceña.



EL ENCUENTRO DE LOS TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ APROBÓ SIETE DETERMINACIONES, entre ellas la condena a la conducta de "algunos dirigentes de las cooperativas mineras, el chantaje y los afanes de desestabilización al Estado Plurinacional de Bolivia"; también demandaron la "nacionalización del oro y la nacionalización total de las minas del país que ira a beneficiar a los intereses del pueblo boliviano"; piden también la nacionalización de la empresa cementera Soboce, que anteriormente estaba en propiedad del líder opositor Samuel Doria Medina y "que se encuentra en manos de capitales extranjeros transnacionales, de manera inmediata". También rechazan "la elevación del precio de la unidad del pan, carne, pasajes del autotransporte público y los artículos de la canasta familiar" y la sanción para los infractores.

Minería y gases son mayores contaminantes en urbe paceña

La actividad minera y de la industria, sobre todo de la química, son los factores que más han contaminado, en los últimos años, el agua, la tierra y el aire, en la ciudad de La Paz, según explicó el especialista en legislación ambiental, Carlos Peláez.

El experto indicó que los desechos de los minerales continúa provocando la contaminación de las aguas que ingresa por los diferentes ríos y que son consumidas por la ciudadanía, lo cual puede provocar consecuencias en el organismo humano.

“Las fábricas que generan aguas servidas y desechos, que finalmente llegan a los ríos contaminan e intoxican seriamente sus aguas, realidad que es percibida a unos pasos de la ciudad. El curso que se encuentra en su naciente limpio y transparente, en su trayecto encuentra residuos que dañan el cauce. A esta situación se debe sumar la explotan los áridos para la construcción que terminan por deteriorar este recurso natural”, explicó Peláez.

Por su parte el investigador Danilo Paz Ballivián, en su estudio sobre los desechos industriales, presentado hace dos años, demostró que la basura que genera la industria alimentaria representa un alto grado de contaminación para el agua.

Para Peláez la explotación minera es la que más contaminan las aguas. “Las empresas o los grupos de cooperativas son los que más contaminan, porque no saben de prevención, lo cual afecta a la salud pública, debería dárseles capacitaciones”, argumentó.

En cuanto a la contaminación de la tierra, el especialista indicó que en los últimos años, se vio bastantes residuos de plásticos y basura, que es desechada en cualquier lugar de la ciudad, lo que afecta a los cultivos agrícolas.

El parque automotor es uno de los principales aparatos que contamina el aire, especificó Peláez y “en ese tema las personas deberían tomar conciencia, porque los vehículos trabajan las 24 horas”, dijo.

“Hay una gran cantidad de contaminación principalmente de los vehículos, el transporte es ineficiente, existen miles de minibuses, pero con resultados bajísimos. Es necesario analizar un nuevo sistema de transporte con mejores resultados”, anotó.

Gobierno boliviano otorga seguridad jurídica a empresas mineras de China

Tras reunirse con representantes de empresas mineras chinas, el ministro de Minería y Metalurgia de Bolivia, César Navarro, aseguró que de acuerdo a las normas jurídicas su país otorga todas las condiciones para garantizar sus inversiones en la cadena productiva minera.

La autoridad de gobierno destacó las garantías que ofrecen a los inversionistas chinos, a pedido de los integrantes de la recién creada Cámara Minera Boliviana-China, que solicitaron formalmente una amplia explicación sobre la norma que rige a la minería cooperativizada, estatal y privada en Bolivia.

"La seguridad jurídica es una concepción de Estado porque hay la decisión de tener una relación mucho más estrecha con la inversión privada nacional y extranjera", puntualizó Navarro, según consigna Agencia Boliviana de Información.

El titular de Minería explicó esas normas en la Embajada de China en Bolivia, en la oportunidad detalló la Ley 535 de Minería y Metalurgia.

"Con la nueva Ley de Minería y Metalurgia el Estado retoma constitucionalmente la dirección, administración y control sobre los recursos minerales en resguardo de los intereses del pueblo boliviano como único propietario", afirmó.