En realidad la novedad hubiera sido que al cumplir 66 años de su fundación la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), creada el 02 de octubre de 1952, estuviera celebrando ahora su reestructuración, un proceso reclamado por los trabajadores mineros sindicalizados y distorsionado al interior de la empresa por algunos ejecutivos que plantearon su "refundación", cuando lo único que necesita es reacomodar su estructura operativa, técnica y administrativa.
Comibol fue creada mediante el Decreto Supremo 3196 del 02 de octubre de 1952 a sólo ocho meses de la vigencia de la revolución nacional del MNR y aplicó varias medidas populares, para mejorar la producción de las riquezas naturales del país. Con la histórica medida se nacionalizó las minas que hasta entonces se encontraban en manos de los barones del estaño, Patiño. Hoschild y Aramayo, que resignaron sus posiciones frente a la medida revolucionaria.
Para ejercer control de las propiedades mineras nacionalizadas se creó la Comibol mediante un decreto que el 29 de octubre de 1956 fue elevado al rango de ley lo que permitió a la primera estatal minera, comenzar sus actividades controlando el funcionamiento de los principales centros mineros estañíferos del país y disponer medidas por las que inicialmente se favorecía a centenares de trabajadores mineros y sus familias, manteniendo aunque con ciertas limitaciones, la otorgación de la "pulpería", una dotación de alimentos para los mineros.
Después de una serie de alternativas con marcada injerencia política o bajo el mando de gobiernos autoritarios, la Comibol sostuvo la economía nacional y aportó con alto porcentaje al crecimiento de otras regiones, el caso del oriente y el valle, pero también financió las actividades de varios gobiernos que solventaban el presupuesto nacional con los recursos generados por la minería estatal.
La Comibol atravesó por momentos difíciles, uno muy serio con la caída del precio del estaño y el obligado cierre de minas que determinó la "relocalización" en 1985 de miles de trabajadores mineros, pocos de estos dieron paso a la formación de las cooperativas mineras que posteriormente crecieron descomunalmente.
De esas situaciones y tras el proceso de cambio que se implantó en el país, el Gobierno dicta una nueva ley, la 3720 del 31 de julio de 2007 disponiendo que la empresa participe en la "cadena productiva nacional", respaldando tal situación en el art. 369, inciso 4 de la CPE estableciendo que el Estado ejercerá el control y fiscalización de los recursos naturales en toda la cadena productiva minera. Además mediante el Decreto Supremo 29474 se califica a la Comibol como empresa pública nacional estratégica. Medidas que aparentemente se cumplen al "pie de la letra", pues la Comibol, controla y fiscaliza de manera directa, con una planta altamente burocrática y sin lograr resultados que favorezcan el movimiento de la cadena productiva minera.
Con 66 años de vigencia, la Comibol merece otra suerte a partir de su total reestructuración, para encarar el rol que le corresponde de convertirse en una empresa que genere políticas y desarrolle proyectos minero metalúrgicos, sería la mejor determinación, para encarar a su vez la reactivación de la minería y la metalurgia del país. En sus 66 años, buena suerte Comibol.
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