Si bien la medida adoptada en YPFB responde a una necesidad imperiosa de frenar la corrupción y enderezar algunos planes de orden extractivo y otros de comercialización de hidrocarburos y de gas principalmente, lo que viene luego será encaminar soluciones responsables para no detener los sistemas en funcionamiento para la provisión de gas a los países con los que tenemos contratos, los que deberán incrementarse para mejorar los ingresos que favorezcan la situación de la petrolera y de la economía nacional.
Entre los ejemplos rescatables de la operación que se emprende en YPFB, está la nueva política hidrocarburífera que optimizará los recursos para lograr con eficiencia mayores y mejores objetivos. Una tarea impostergable en la política de reestructuración es priorizar la exploración de más hidrocarburos, para cumplir compromisos y para mejorar nuestra oferta exportable, lo que sucederá con el cambio de líneas operativas, bajo responsabilidad de profesionales expertos en la materia y que garanticen la aplicación de nuevos proyectos, debidamente financiados y fiscalizados.
No está exenta una nueva Ley de Incentivos que impulsa el Ministerio de Hidrocarburos para lograr nuevos contratos petroleros que permitirán ampliar las tareas de exploración y explotación de la riqueza hidrocarburífera. Algo similar podría estructurarse en el Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM), para promover el interés de inversionistas en la búsqueda de nuevos yacimientos y en la concreción de importantes emprendimientos mineros, que coloquen a la minería en el lugar relevante que tuvo en los mejores años de la República y en el tiempo posterior que mantiene la extracción de riquezas en los yacimientos tradicionales.
Hay urgencia de reestructurar la estatal minera, y siguiendo el interés de motivar cambios en los niveles de la exploración y explotación de nuestros recursos naturales no renovables, tiene que tomarse en cuenta a la minera, cuya entidad administrativa, merece ser tratada con la óptica de una reingeniería, porque su solución no corresponde a una "refundación", sino a su reestructuración que implica cambios estructurales, empezando por acortar el tiempo ya prolongado que puede convertirse en un factor de corrupción, si no se asumen las medidas conducentes a su rehabilitación técnica y operativa.
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