El asesor jurídico de la AJAM, José Antonio Guamán, explicó que la Constitución Política del Estado (CPE) reconoce los derechos mineros como preexistentes, pero los operadores tienen que adecuarlos a lo que establece la Ley 535 y el reglamento específico que recientemente emitió el Ministerio de Minería y Metalurgia.
Algunos productores mineros sostienen que existen muchos requisitos para avanzar en la consolidación de los derechos sobre yacimientos mineros que están en a ley y el reglamento.
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