Hay que recordar que en septiembre del 2011, el XXXI Congreso de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) aprobó un documento político exigiendo al gobierno la nacionalización de las grandes empresas privadas que operan en el país, el caso de San Cristóbal, San Vicente, Manquiri y Sinchi Wayra.
El anuncio presidencial, posiblemente lanzado como un reto a los trabajadores de la minería estatal para que mejoren su rendimiento, según opinión de algunos expertos no deja de preocupar en círculos del empresariado privado, especialmente afines a la actividad minera mediana, a la que pertenecen las minas que operan en Potosí.
Se menciona que hay incongruencias en la posición oficial, puesto que con mucho énfasis se maneja el argumento de "garantizar inversiones" que favorezcan al desarrollo productivo, pero cuando menos se espera surgen las amenazas de nacionalizar los emprendimientos privados. En el caso de la minería, aún con cierta rentabilidad del sector estatal, la mejor opción de crecimiento del sector tendría que ser con inversiones nacionales o extranjeras como sucede abiertamente en países vecinos, en los que el sector minero avanza presurosamente con pasos gigantes y seguros. Apoyo agencias. P.M.
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